Una metrópoli trasnochada

En el día de ayer, primero de mayo, fecha de encuentro del espectro trabajador internacional, el estado boliviano anunció la aprobación del correspondiente decreto por el que procede a nacionalizar la empresa privada de suministro y mantenimiento eléctrico nacional, propiedad de Red Eléctrica Internacional, filial ésta de Red Eléctrica Española. Continúa así un proceso que se viene gestando en Latinoamérica radicalmente inverso al que venimos sufriendo por esta Europa de los capitales en movimiento y la ciudadanía detenida en intermitentes fronteras. Tras la expropiación de la otrora pública YPF (filial de Repsol) por parte del ejecutivo argentino, es ahora el país andino el que profundiza en la recuperación de sectores estratégicos de la economía nacional, malvendido por sus neoliberales predecesores, y en donde han encontrado refugio tantos y tantos subastadores de las correspondientes riquezas nacionales del cono sur. La noticia, por supuesto, ha vuelto a desparramar ríos de tinta y voz patriótica por los medios españoles, no tanto así desde Moncloa y sus descoordinados ministerios. La razón es obvia: para Red Eléctrica Española este revés empresarial únicamente representa el 1,5% de su negocio global, así que se ha recomendado no generar demasiado ruido de mercantilista indignación, no sea que el gobierno boliviano se anime a nacionalizar otros sectores productivos donde el grueso de las multinacionales con sede fiscal relativa en estas tierras sí tiene mucho que perder.
Lo que ocurre es que la propia denominación de la empresa nacionalizada en cuestión atrae una suerte de patriotismo trasnochado que comienza a enarbolar ese racismo que ayer se desahogaba rogando la expulsión de tanto habitante quechua o aymara que se buscaba el futuro en nuestras rojigualdas calles y que, una vez conseguido dicho propósito a cuenta de la depresión no medicada de nuestra economía, les debe parecer que han retornado con ánimo rencoroso (con lo bien que se ha portado la metrópoli con ellos, qué cosas), dispuestos a hundir a la mamacita patria hurtando nuestra amada red eléctrica…. Española.
En la propia web de la compañía enérgetica en cuestión, se informa que fue fundada en el año 1985, siendo la primera empresa en el mundo dedicada en exclusividad al transporte de energía eléctrica y a la operación de sistemas eléctricas. Su base legal de creación se encuentra dispuesta en la Ley 49/1984, de 26 de diciembre, que establece en el artículo 3.1 la creación de una Sociedad Anónima para la gestión del servicio y la ejecución de las funciones y actividades que dicha gestión comporta. El punto siguiente regula la imperativa participación del sector público en un porcentaje nunca inferior al 50% del capital social de dicha S.A. Dicho ésto, se puede comprender en la presente situación el enarbolamiento del patrioterismo económico, toda vez que el sistema público nacional recibiría más de la mitad del beneficio obtenido por esta empresa. Pero, fijense por donde y no pregunten demasiado porqué, actualmente el Estado español continúa, efectivamente, siendo el principal accionista de REE, pero ignorando por completo el mandato legal, ya que cuenta únicamente con el 20% del accionariado, mientras el resto está repartido en bolsa entre distintos paquetes de control.
¿Debemos mantener esa nada deliciosa candidez nacionalista con vistas a salvaguardar un 80% de intereses externos, mercantilizados, mientras decenas de ciudadanos son expulsados de sus viviendas con el apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Suena terriblemente demagógico pero es necesario refrescar cómo se ha quebrantado, si alguna vez existió, la delgada línea entre los intereses colectivos e individuales. Ignacio López Hierro, marido de Dolores Cospedal (los respectivos de entre apellidos suenan muy telenovelescos, como de pretensión elitista inmerecida, incomprensible), tuvo que renunciar, en marzo pasado, al puesto de consejero en esta multinacional del vatio y el voltio por el revuelo formado, de igual manera que lo hizo previamente Alberto Nadal, hermano del jefe de la oficina económica de Moncloa. Toda esta telaraña de nombramientos prevaricadores en aquello que fue colectivo y que se malvendió por orden de las conductas neoliberales de los noventa confronta con la estrategia inversa en tierra latinoamericana, donde se está emprendiendo una recuperación de lo que, como contundentemente recordó ayer Evo Morales, previamente era público, pagando el justiprecio acordado, y aquí paz y después luz. En ese primero de mayo nacionalizador boliviano se aprovechó para refrendar otro decreto del que no se hacen eco los medios de comunicación que suelen contar con páginas publicitarias coloreadas e iluminadas por REE: el aumento en un 20% del salario mínimo en el país andino. ¿Qué más da? aquí lo que toca es abaratar el despido y batir el record mundial de desempleo, aderezado con la eliminación de políticas activas de empleo, cobertura sanitaria y mediocridad educativa. Razonable.
De los macizos bolivianos vienen emergiendo, durante cinco siglos, toda suerte de materiales prioritarios para el desarrollo del mercantilismo occidental. Primero llegaban los navíos atestados de oro y plata, pagando a cambio con esclavitud, miseria y tortura a sus legítimos detentadores. Esas riquezas ya se utilizaban como fiel elemento patriótico, financiando aventuras bélicas donde los incultos españoles perdían la vida para la grandeza de una élite que también repartía sus prebendas en pocas manos. De la tierra andina hoy se siguen extrayendo elementos como el litio, crucial para el desarrollo tecnológico, y el capital no lleva nada bien que dentro de esas fronteras que ellos catalogan en función de lo esquilmado se levante un gobierno que entiende la soberanía en clave ciudadana. Por eso nuestros cancilleres locales, los validos de este reino con la cadera torcida, claman contra esas aviezas colonias que osan enarbolar una bandera de justicia y progreso. Por la metrópoli corren vientos de pobreza, y ya es bastante aplacar la furia interna de aquello que fue ciudadanía y van convirtiendo en súbditos a arrodillar, como para enfrentar una segunda descolonización: la de pérdida de aquellas empresas que son el refugio del mañana para tanto político enemigo.