Interdicción de la arbitrariedad

InterdiccionArbitrariedad2Una vez dada por finiquitada la crisis, esto es, asegurada la recuperación de capital, control de salarios y destino de los trabajadores por parte de los perennes altos del curso de la Historia, se nubla una pantalla que emitía créditos convenientemente confusos y el servilismo político ha acelerado su inclinación, presto a desplegar nuevos cachivaches a un lado para despistar a la hora del saqueo. Ahora toca el turno a mansalva para que la inimputabilidad cotice en mercados de aforamiento primario, la justicia no mire para ningún lado allende las fronteras, o las brechas socioeconómicas y de oportunidades, ya de por sí insorteables, se eleven como vallas de expulsión ciudadana.

¿Y qué nos queda? Pues por ahora el pataleo recurrente, cotidiano, con más o menos éxito de afluencia en función del grado térmico de indignación que se produzca por cada una de las situaciones que nos arrojan al plato, una vez hecho bola incomestible. Y en esos encuentros, habitualmente dominicales, salimos adornados de cartelería variada desde la que dejar constancia al semejante que, al otro lado de la fotografía o la actualidad televisada, opta por amodorrar su derrota, a ver si con algún teorema impactante conseguimos que deje el chandal de interior y se sume al jogging de protesta colectiva. En esas calles que nunca fueron nuestras, goza de gran éxito frente al micrófono en directo reclamar que se cumplan los derechos más vistosos que los padrastros constitucionales dieron por buenos redactar, darles cuerpo, pero con sus sistemas nerviosos y reproductivos totalmente desabilitados. El acceso a la sanidad pública y universal, a una vivienda digna, etc., son calificados, en época de privatización masiva y de segregación social sin parangón, como “principios programáticos”, meras buenas intenciones que el legislador dejó plantadas por si el tiempo y los azares tenían a bien suministrarles algo de abono normativo, aunque en realidad no han sido más que “frustraciones constitucionales”; aspirar a que lo que la mayoría considera pilares de nuestro Estado actualmente asocial no se quede en unos pocos ladrillos presos de aluminosis, parece dormir el sueño de los injustos.

InterdiccionArbitrariedad2La Constitución española está a buen recaudo. Lejos de las garras ciudadanas, se entiende.  No hay más que recordar como se enarbola una supuesta inmutabilidad permanente en la cúspide del ordenamiento jurídico mientras por sus puertas traseras se maltrata el mismo, con modificaciones en la madrugada de los tiempos en los Estados contemporáneos (artículo 135 y su entreguismo deudor al capital con prisas). Por ese motivo, no parece el camino más recto para protagonizar los cambios necesarios y deseables aquél que pretende transitar a tumba abierta, con escasa visibilidad y lleno de obstáculos. En cambio, existe un apartado constitucional que no es receptor habitual de visitas ni menciones, y desde el cual se sostiene, con repugnante elasticidad, el trayecto contrario al que su composición jurídica pretende guiar: la interdicción de la arbitrariedad (artículo 9.3).

Este principio supone la prohibición expresa para los poderes públicos, entendidos éstos en el sentido más amplio de la terminología legal y su correspondiente traducción vía pronunciamientos del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, de actuar de manera caprichosa, dañando el principio de igualdad de trato frente a los administrados. Dicho así resulta obvio, pero no por ello es menos asombroso que no se tarde apenas unos segundos para recorrer decenas de acciones políticas que patean sin pudor este mandato principal recogido en nuestra Carta Magna.

InterdiccionArbitrariedad3Sí, por ejemplo y de manera destacada, éste es uno de ellos: los indultos. El derecho de gracia sin justificación social ni piadosa que conculca penas a quienes no sólo tienen, como el resto de ciudadanos, la obligación de conocer la ley sin ser eximidos de ello por desconocimiento, sino que por notoriedad pública deben desarrollar un impecable ejercicio profesional, reforzado en esa posición preeminente en la escala capitalista en la que dicen jugar sin cartas marcadas. ¿Y qué decir del proceso de desentronización, entronización, aforamiento y blindaje del linaje Borbón en estos últimos días? Algo de arbitrio sí que parece rezumar la manera en que desde el bipartidismo se otorga un aurea especial al abdicado y su regia plebe, con tal de que los juzgados queden a enorme distancia de su trayectoria.

Estos detalles sólo son algunos artificios que pueden destapar en su mente las interminables explosiones de lucidez que le llevarán a recordar que frente a tanta y tanta desigualdad legislativa se encuentra la mencionada prohibición, sorteada a diario, ignorada por muchos.

Anuncios

La guerra del petróleo canario (IV)

Petroleo8Los años pasan pero las desgracias permanecen. Hace más de dos cursos que, a través de una trilogía que analizaba el plan, los personajes y su fondo normativo, nos hacíamos eco de aquellos primeros pasos en los que la privatizada y multinacionalizada compañía Repsol recuperaba un interés silenciado por realizar sondeos en posiciones cercanas al archipiélago canario. Para tal fin, nada mejor que un ministro ambicioso, del terruño objeto de la discordia, y bunkerizado en un gobierno con una habilidad para potenciar su sordera ciudadana desde cualquier ángulo de altavoz social. Y es que José Manuel Soria no sólo se caracteriza por haber dado sus primeros pasos políticos en las islas (¡Y que pasos, oiga!), sino más bien por los últimos, titubeantes, que protagonizó antes de marcharse a la capital del reino para poner tierra y, sobre todo, mucha agua de por medio con su otrora socio de gobierno, el nacionalista de baja intensidad Paulino Rivero.

Como Coalición Canaria tiene a bien haber entendido su supervivencia como encaje de interesadillos a base de mantener la normativa electoral más asfixiante que pulula por el espectro jurídico nacional, a través de la cual se enraiza una perversa estructura de pactos a tres bandas donde siempre juega a caballo ganador, quien hoy es su socio en el archipiélago tiende a contradecir la conformación de mayorías a nivel estatal; así, sus amigos en las islas se convierten, legislatura tras legislatura, en inefables contendientes cuando las encuestas marcan nuevas líneas de simpatía electoral en el conjunto del Estado. Esta estructura de hechos consagrados, dispuesta exclusivamente en el sostenimiento de unas siglas mal avenidas en términos de capital humano cuando las instituciones abren sus puertas a regañadientes a los miembros coalicioneros, se expresa en toda su negrura en el hecho que nos ocupa: lo que hoy es bandera innegociable para el ejecutivo autonómico fue casi realidad con su complacencia hace prácticamente nada; debe ser que los alisios, como el siroco más tremebundo, desorienta al isleño, le arrebata en sueños su bastón de mando, le deja desasistido de memoria y de principios.

petroleo2Las puertas giratorias que empuja Repsol, presa de políticos en activo que aceptan marearse al ritmo de una ruleta rusa con pocos proyectiles listos para ser lanzados al mullido panorama de sus estructuras corporativas, son piruetas que abarcan todos los caminos de retorno, de primera vuelta, de llegada al verdadero objetivo. De este modo, el enemigo al que este fin de semana se ha crucificado en las principales localidades de las Islas Canarias, con decenas de miles de ciudadanos reclamando un modelo energético acorde a la potencialidad archipielágica (eólica, solar, etc.) y compatible con la indiscutible primera industria, el turismo, es José Manuel Soria como podía haberlo sido el ministro del ramo de diferentes siglas que hubiera estado en este instante al frente de la cartera de Industria (maletín del que cuelga, tan contradictoriamente doloroso en este caso, la hebilla del turismo, enfrentadas ambas realidades en un mismo bigote rasurado), quien sabe si con la connivencia de Coalición Canaria como en sus inicios se barruntó.

petroleo1Mañana el Tribunal Supremo resolverá las demandas planteadas por los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, así como aquellas presentadas por diferentes organizaciones y plataformas medioambientalistas y de carácter político, acerca de los informes técnicos para realizar las catas prospectivas que puedan resolver el entuerto de fondo: ¿Hay o no crudo de calidad en las profundidades oceánicas cercanas a las Islas Canarias? De ser así ¿Quién y cuando se encargará de su aprovechamiento? El negocio es la clave, ya que la dependencia energética española continuará existiendo en los mismos parámetros, toda vez que Repsol no es de titularidad pública tras su descuido a manos privadas a finales del siglo anterior. Y si el Alto Tribunal no detiene mañana esta carrera sin ganadores, las calles canarias seguirán rugiendo, con la complicidad en esta ocasión, como excepción perversa, de un gobierno autonómico desacreditado por muchos bandos. Por eso el pacifismo y la concordia se adueñan del recuento de participantes, y la manga ancha se presenta en el control de los recorridos y la protesta. También por eso diferentes miembros del Partido Popular de Canarias andan más desorientados de lo habitual, sin saber como salir de ésta en la que se han convertido, cuestión de tiempos y mayorías, en los malísimos de una película que, en los intereses que pululan sobre la indignación ciudadana, carece de héroes aunque algunos se sumen, corbata al bolsillo, a una población que nos lo quiere en primera línea.

La República Mediterranera de Rajoy

El Presidente del Gobierno maneja con inútil habilidad el don de la ubicuidad inversa; el máximo responsable del poder ejecutivo debe, inexorablemente, multiplicarse para cumplir su mandato y obligaciones pero Mariano Rajoy no es capaz de estar ni donde se le espera ni donde se le reclama. Es un fantasma asustadizo, que arrastra sus cadenas al crepitar de pasos de las demandas ciudadanas. Su pavor por enfrentar las responsabilidades que le son ajenas en las duras y en las maduras dio un giro de tuerca cuando, asolado por el mayor escándalo de corrupción del siglo en este país, optó por hacer mutis por el foro a lo largo de tres días y concluir su irresponsable exilio con la lectura de un manifiesto (redactado por los centenares de asesores que le cubren las sábanas fantasmagóricas) frente a los suyos y retransmitida a los medios de comunicación a través de una lejana pantalla de televisión. Tics nerviosos en el ojo izquierdo que se repiten cuando asevera lo que no cree; énfasis a mitad de frase, en la coma inadecuada; lectura desacompasada de afirmaciones que debería tener grabadas como actos de fe, fueron las especies con las que regó lo que para él suponía el fin de un problemilla, volviendo a la obscuridad de ese anonimato que adora potenciar.

RajoyMerkelLo que vino a relatar, como un alumno tembloroso frente a un dictado con tachones, se puede resumir en la negación absoluta de todas las sospechas e indicios que se ciernen sobre su persona y el Partido Popular; el compromiso único de presentar, como ejemplo divino de transparencia política, algunas de sus declaraciones de la renta y de patrimonio; y la amenaza velada a todos aquellos que osen poner en duda la bondad inmutable de la formación conservadora, demasiado ocupada en salvar a España de las garras de la miseria como para estar ahora perdiendo tiempo en el corner de la corrupción. En todo caso, aseveran desde la sede de Génova, dejémonos de leer prensa y ver televisión, que si algo hubiera o hubiese, ya se encargarán los juzgados y tribunales de poner a cada uno en su sitio. Que cada palo aguante su vela, pero sin quemarse.

Rajoy1Resulta nada cómico escuchar de manera cotidiana ese compromiso del Partido Popular en remarcar el énfasis por los principios básicos de un sistema democrático: presunción de inocencia, división de poderes, respeto excrupuloso a las sentencias judiciales, etc. Cuando los actos que vienen de magistratura no han sido sensibles a sus intereses de táctica política (vease la doctrina Parot, sin ir más lejos), no han cesado de repetir que respetan pero no comparten; que asumen pero no respetan; que ni respetan ni asumen ni saben lo que es un tribunal de justicia. De igual manera ocurre con el abuso de esa máxima de la carga de la prueba a la hora de acusar y ser acusado. A ninguno de los dirigentes de la cúpula del partido le consta, pero que cada palo aguante el cirio, porque el que la hace la paga, pero hay papeles que nunca han visto y que contienen falsedades, menos algunas que no legitiman el total de ninguna manera, de ninguna ma-ne-ra. Todo junto marea pero es, a fin de cuentas, la forma de proceder de quien entiende el poder político como un estadio de vanidad superior ante el que ningún superpoder puede hacer mella.

La realidad de esta República Mediterranera que alienta Mariano Rajoy y los suyos es que la Fiscalía confirma que recibe presiones de manera continuada; que el Tribunal de Cuentas tarda una media de cinco años en dar validez a los presupuestos de los partidos y está formado por miembros elegidos por ellos mismos (con un Presidente que aparece como uno de los donantes desinteresados del cuaderno de Bárcenas); que el Consejo General del Poder Judicial está formado tras batallas sanguinarias entre los favoritos de los principales escuadrones políticos; que, por ende, el Tribunal Supremo se preside por la misma mano que ha sido dada a comer; que misteriosamente los malos olores ascienden cuando la prescripción hace acto de presencia; que la cúpula fiscal y policial se quita y pone en función de quien gobierne como fichas de dominó, apartando a quien te investiga y blindando tus plazos a base de siervos. Y así.

BipartidismoEl Partido Popular, desde su primera aparición en el Gobierno liderado por José María Aznar, ha tratado con desprecio colonialista a los Estados latinoamerianos, más aún en función de los avances profundos que se intentaran en la mejora de derechos, reparto de la riqueza y potenciación de la justicia. Su éxtasis absolutista se puso de manifiesto en el fallido golpe de Estado que sufrió Venezuela en 2002, reconociendo al gobierno ilegítimo en cuestión de segundos. Por las iberias no florece el banano, pero el olor de la sal mediterránea que empezó a darnos alergia en primavera, tras las naranjas de Levante, ha secado todo el territorio nacional, siendo ahora el hazmerreir del mundo civilizado. Lo que queda irá dosificando nuestra impaciencia pero necesitamos verlo, con grilletes y dimisiones, aunque sea a través de una pantalla de televisión.

La democracia exportada siguiendo el patrón Carromero

Las andanzas reaccionariamente quijotescas de personajes como Ángel Carromero padecen el tris de que pueden desembocar, a poco que se les deslice el pie de su acelerador libertario, en el ángulo contrario de su destino, encallados en una vía más que muerta. Si resulta de alguna manera posible abstraerse ideológicamente de cualquier circunstancia que tenga a la República de Cuba por protagonista, aunque sea, como en esta ocasión, de manera casi circunstancial, como de territorio que pasaba por allí, con sus curvas y sus irregularidades, debemos convenir que la situación del vicesecretario de las Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid no genera más elementos de discusión en el ámbito penal que los que quieran ser lanzados con la punta impregnada de tinta ideológica de color patriotero chillón.

En efecto, si ni los medios de mayor raigambre reaccionaria discuten la imprudencia al volante de Carromero (con la inevitable salvedad que recojemos más adelante), conduciendo a una velocidad notablemente excesiva en un tramo mal asfaltado y en obras, lo evidente es que dicha acción conlleve una exhaustiva investigación policial y, a la vista de los hechos probatorios, una más que previsible querella por parte del ministerio fiscal en base a un presunto delito de doble homicidio imprudente. Esto es así por parte de cualquier sistema legal estricto y debe ser, no sólo respetado, sino apoyado por el Estado del que resulte nacional el infractor. Cosa bien distinta será si el acusado es finalmente imputado por los hechos objeto de la causa que se abra y, en aras de garantizar la cercanía del reo a su entorno familiar, así como hasta por una cierta dosis de humanidad carcelaria sentimental (como la comida de casa no hay ninguna, aunque sea de catering enrejado), solicitar la extradición para que cumpla la pena por estas tierras. Pero el Gobierno español y los responsables de su formación política (tanto montan que se montan tanto lío) se empeñan en enfangarse, de la mano de sus editorialistas de cabecera, poniendo la chirriante solfa en cuestiones que, de ocurrir por los asfaltos patrios, nadie osaría esparcir por los arcenes de la justicia universal.

Cómo olvidar el positivo por conducción bajo los efectos del alcohol del ex secretario general de los cachorros populares, Nacho Uriarte. El diputado popular tuvo que presentar con razonable celeridad su renuncia como representante de la formación conservadora en la Comisión de Tráfico del Congreso y fue, finalmente, sentenciado por el Tribunal Supremo a una retirada del carnet de conducir durante ocho meses y al pago de la correspondiente multa. Indiscutible, de sentido común. En cambio, los gruesos tentáculos que se deslizan desde Miami y dan sus vueltas de molusco cefalópodo vía Madrid se empeñaron primero, antes de que la verdad hiciera acto de presencia, en presentar una perversa situación conspiranóica, aderezada por supuestos vehículos que atosigaron al de Oswaldo Payá y cia hasta provocarles una salida de calzada y el fatal desenlace, que concluyó con el fallecimiento del opositor al gobierno cubano, así como el de su compañero de filas, Harold Cepero. La viuda de Payá se aprestó a sugerir una conspiración y la apertura de una investigación para aclarar lo que consideraba un asesinato orquestado por el Estado para con su esposo. Hilando esa teoría, tanto Ángel Carromero como el dirigente liberal sueco, Jens Aron Modig, que le acompañaba de adinerado escudero, serían héroes de una supuesta liberación del pueblo cubano, víctimas inocentes de la perversa maquinaria del país caribeño para deshacerse de enemigos del sistema. La cabecera de referencia del conservadurismo español ya dejaba claro, hace dos días, que Carromero se enfrentaba a un juicio-farsa, un proceso político con el objeto de utilizarlo como chivo expiatorio de una nueva andanada de tensión diplomática hispano-cubana.

Más allá de los putrefactos intereses para recuperar el control de una nación que consideran finca dolorosamente expropiada, el insistente y rabioso desprecio por la justicia marca el termómetro de esta forma de hacer política, hábil en la falacia permanente y a conciencia, capaz de repetir el término democracia con la misma insistencia que se juguetea de manera pervertida con su contenido. De la misma manera, el sensacionalismo acerca de la presunta habilidad de Ángel Carromero para violar la normativa vial, que le ha llevado a acumular más de cuarenta infracciones en los últimos tres años hasta tenerlo en vías de retirada del permiso de conducción, aporta un nulo contenido al elemento matriz de la causa principal. Desde luego, el joven dirigente popular demuestra con su actitud frente al volante un desprecio más que evidente al sistema de normas que debe proteger y respetar por su cargo político, pero eso es harina de otro depósito, marcha de otro vehículo. Que se sepa, ha recibido una notable cantidad de apercibimientos policiales por aparcar indebidamente o conducir a mayor velocidad de la permitida, pero nunca se ha visto inmerso en un proceso penal por homicidio imprudente… porque nadie ha fallecido debido a una decisión incorrecta al volante por su parte, hasta hoy. De igual manera que utilizar indebidamente su visa de turista para realizar actividades de índole política resulta reprobable y, posiblemente, perseguible desde otro cauce legal, pero carece de interés para el esclarecimiento del accidente circulatorio. Pero el fallecido era, casualmente, el popular Payá, su contacto, el receptor de la generosidad pecuniaria que le permitía a él y a otros, como Yoani Sánchez, mantener un nivel de vida insolidario con el entorno, ajenos al esfuerzo colectivo por la construcción de una sociedad que intenta avanzar en comandita, sacrificada en el conjunto. Si la víctima hubiera sido un anónimo colaborador de la contra extranjera tal vez no oliéramos a tanta tinta calavérica. Pero parece ser que en esos círculos cerrados que afirman trabajar por la democracia y la libertad de un pueblo que no parece tener excesiva intención de lanzarse a sus brazos sólo se reunen personalidades notables del trapicheo político, desde el pide prebendas Jorge Moragas hasta personajes tan siniestramente exóticos como Annita Ardin, denunciante de Julian Assange por un supuesto delito de violación. Casualidades de la vida moderna, de las autopistas mal iluminadas de la derecha internacional.

Bildu o la metafora inconclusa de nuestro frágil Estado de Derecho

Las resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional e,n lo que respecta a la petición de ilegalización de la coalición electoral Bildu, han sido desgranadas, estudiadas, comentadas y analizadas más en términos deportivos que jurídicos. Esta simplificación de un procedimiento de tamaña relevancia para nuestra categoría democrática debe estar relacionada con el escaso nivel de conocimientos acerca del cuerpo legislativo y jurisprudencial del gremio periodístico, a no ser que dicho colectivo intente ponerse a la altura que nos supone a sus potenciales lectores y, en ese caso, intentar hablarnos en el idioma que cree mejor reconocemos.

En función de las posiciones ideológicas y editorialistas de rotativos y cadenas de radio y televisión, el encuentro de ida se saldó con una mayoría holgada de magistrados disconformes con la presencia de la coalición abertzale o, por el contrario, se puso el énfasis en el exquisito tratamiento de análisis normativo que fundamentó el voto favorable de los otros seis miembros de la Sala 61 del Tribunal Supremo. Con millones de espectadores expectantes ante el desarrollo del encuentro de vuelta, las posiciones mayoritarias se difuminaron, intercambiándose bufandas y banderitas; mientras los primeros hablan de (textualmente) victoria raquítica, sus rivales respetan y acatan el desenlace de la eliminatoria. ¿Quedó alguien plenamente satisfecho con el resultado final? Sí, los demócratas, los que no se asustan y aterrorizan con los cuentos de fantasmas y cocos con bomba y pistola bajo las sábanas. Las resoluciones de un órgano colegiado pueden mantener, y de hecho es lo habitual, posiciones divergentes entre sus miembros, que quedan perfectamente reflejadas en los votos particulares y en la carga jurídica que los fundamenta. Pero ahí finaliza el procedimiento judicial que entiende de una causa y resuelve sobre la misma. Las lecturas en clave política, utilizando símiles de cualquier género o caricaturizando la labor de un poder independiente del Estado, sobran radicalmente en un Estado de Derecho sólido, coherente y con ánimo de progreso. De igual manera, tal y como fundamenta la extensa resolución del Tribunal Constitucional en este aspecto, la sospecha no basta para para restringir el libre ejercicio de los derechos de participación política ni, por tanto, el pluralismo político sobre el que se fundamenta el ordenamiento constitucional del Estado democrático.

Zanja el órgano judicial responsable de la garantía efectiva de los derechos constitucionales que las exigencias del proceso debido impiden utilizar indicios para convertirlos en supuestas pruebas que persigan la limitación efectiva de los derechos fundamentales protegidos, así como recuerda el rechazo explícito del terrorismo por parte de las formaciones Eusko Alkartasuna y Alternatiba, lo que impide suponer que dichas agrupaciones políticas tengan interés en aceptar a candidatos independientes en sus listas que no mantengan una línea política y pública de similar orientación en este aspecto.

Dicho esto, abandonando ya los poblados graderíos del fanatismo popular en todo lo que respecta al terrorismo interno, nos topamos de bruces con el post partido: esas ruedas de prensa incendiarias frente a la derrota y, en ocasiones, manejadas incorrectamente ante la victoria, aunque ésta sea ajena. Íñigo Urkullu, Presidente del PNV, se congratuló de la sentencia del Constitucional, afirmando que su formación política había hecho lo posible y lo imposible también por conseguir el resultado obtenido, y que para ello habían hecho cosas que podían contar y otras que no podían ser relatadas. Terrible. ¿Cómo el líder de una agrupación centenaria y de intensa raigambre democrática puede confundir a su electorado con declaraciones de este calado? Da a entender sin asomo de vergüenza que la división de poderes en el Estado español es un choteo, que el poder legislativo mangonea e interveniene en el foro de toma de decisiones del judicial y que, además, para conseguir el resultado deseado, se negocian cuestiones de dudosa catadura democrática, ajenas al conocimiento de la ciudadanía pero, por otra parte, imprescindibles para lograr los objetivos pretendidos.

Desde las filas socialistas, no obstante, se ha optado por la vía del respeto y acatamiento de la decisión judicial, sin alegrías pero también sin aspavientos, tomando las cosas como vienen dentro del cauce por el que deben venir. De este modo, el Partido Popular ha conseguido dos ejes ajenos al lógico discurrir de una campaña electoral verdaderamente democrática, centrando sus discursos en el alejamiento de los temas cruciales que deben enfocar los representantes públicos elegidos el 22 de mayo; el entrometimiento en las decisiones del Poder Judicial y alentar la sospecha de pactos escabrosos y nocturnos con terroristas y enemigos de pelaje siniestro funciona como auténticas escuelas superiores de hooligans con derecho a voto, mientras que recopila toneladas de papeletas sin contenido crítico, ahondando en la fanatización de los electores y el recrudecimiento de las posiciones viscerales, absolutamente alejadas de lo que debe ser una ciudadanía consciente de sus derechos, sus libertades y la responsabilidad de las instituciones en las que se encuentran representadas.

Somos unos panolis supremos. La infame senda recorrida desde la aprobación de la Ley 6/2002, de Partidos Políticos, ha ido gestando una pertinaz aureola de mártires políticos entre todas aquellas formaciones y representantes políticos ilegalizados al albur de su presunta connivencia con las pistolas y las bombas. Desde los resultados cosechados por Euskal Herritarrok en 1999, la intención de voto a corrientes de izquierda abertzale estaba en caída libre, frente a un electorado decepcionado por la acción de una ETA debilitada pero sanguinaria, sin visos de justificación política, plan de futuro ni cercanía con el territorio y pobladores a los que dice representar. No obstante, la aparición de la subsodicha Ley Orgánica, recrudeciendo la guerra contra el terrorismo hasta arrasar con un sector de la ciudadanía inmaculado penalmente, ha germinado en una consecuencia erróneamente analizada; una década después, esa masa electoral descontenta con el rumbo de su oferta política se encuentra presta a la venganza de las urnas, a aplaudir a esos mártires del Estado español, asustado y cobarde, que han resistido las embestidas judiciales en base a una norma opresora e inconstitucional. Esa es la lectura que se hará, olvidándonos una vez más de que los resultados que necesita lograr un auténtico Estado de Derecho han de ser obtenidos en la cancha, a la vista objetiva de los espectadores, no posteriormente en ruedas de prensa incendiarias y moviolas televisivas, presas de gritos superpuestos y fanatismo bárbaro.

Silencios y Evasivas de nuestros Mantenidos

Para empezar, todo con gruesas y orondas mayúsculas, porque es fundamental resaltar lo que hay detrás de las tres palabras protagonistas de nuestro títular. Comencemos: Carmé Chacón, Ministra de Defensa del Estado español, responsable oficial y principal de nuestra participación en la masacre diaria de ciudadanos afganos alejados, por lo ya reconocido, del epicentro físico de la maldad terrorista pero desgraciados poseedores de la mayor reserva de litio mundial (principal componente en la fabricación de baterías de nuestros equipos telefónicos e informáticos), a cuestiones planteadas por los corresponsales informativos a la salida del Congreso de Los Diputados durante la sesión de control al Gobierno de hoy, en lo que respecta al asesinato de Osama Bin Laden, responde con evasivas cobardes y su correspondiente justificación sobre la base de que el Presidente del ejecutivo ya ha había hecho referencia a esa cuestión en el hemiciclo. Francisco Caamaño, titular de la cartera de Justicia, responsable de hacer cumplir efectivamente el cuerpo normativo nacional, así como de instruir a la Fiscalía estatal en sus actuaciones, mutis por el foro. No sólo estamos hablando de la cuestión anterior, que ha centrado la primera parte del diario de sesiones de la Camara Baja durante la jornada de hoy, sino que, a su vez, está obligado a responder en cuanto a la enérgica acción de la abogacía del Estado en lo que supone la amputación efectiva del derecho de sufragio activo y pasivo en lo que respecta a las listas electorales ilegalizadas por el Tribunal Supremo; su respuesta fue, simple y llanamente, una carrera corta hacia un despacho anexo para eludir con agilidad oronda el acoso mediático. Para rematar la faena de los Mantenidos, nos encontramos en el carrusell de escapistas a Jorge Moragas, diputado nacional y miembro de la ejecutiva nacional del Partido Popular, famoso por su encarnizada batalla como activista pancartero contra gobiernos como el de Venezuela, limitándose a sonreir bravuconamente y a realizar el manido gesto de encontrarse con problemas de faringe para evitar enfrentarse a una consecuencia propia de su cargo, esto es, responder a las cuestiones de los medios de comunicación como representante del segundo partido con mayor presencia numérica en el Congreso de Los Diputados.

Antes de continuar, y sin tener que introducir comentarios al respecto, rogamos que escuchen y visualicen la primera parte del siguiente video:

Las cuestiones que plantea Gaspar Llamazares, portavoz del grupo de IU-ICV en el Congreso de Los Diputados, son las mismas que están debatiendo una gran parte de la ciudadanía consciente, esa que no se toma la política cual si de derby futbolístico se tratara, sino que exije responsabilidad y argumentos a nuestros representantes públicos. Porque, no lo olvidemos, lo que se estaba tratando en el Hemiciclo atañe a la posición de un sistema de valores y herramientas jurídicas que hemos construído entre todos los españoles en los últimos treinta y cinco años, y que ha desembocado en un cuerpo penal y procesal pionero en sus derechos y garantías. Un sistema de justicia con filosofía de reinserción y reeducación, no de retribución. Un sistema que persigue la escrupulosidad procedimental y de actuaciones, desde la detención de un ciudadano hasta su puesta a disposición judicial y, si se estima la carga de la prueba objeto del procedimiento y se fundamenta de hecho y de derecho, finalizado el garantista proceso de recursos estipulados, concluye con su encarcelamiento, en base al objetivo último de conseguir que el reo se incorpore a la sociedad sin ánimo de delinquir nuevamente.

Frente a este musculado ejercicio de elaboración legal, que nos situó desde 1995 en la cúspide y primera fila del orden penal mundial, y que rematamos con nuestra adhesión al Tribunal Penal Internacional, nos encontramos hoy ante y frente a dos formaciones políticas, las abrumadoramente mayoritarias en cuanto a su representación parlamentaria, que justifican y se congratulan del asesinato planeado, a sangre fría, del presuntamente principal responsable del terrorismo mundial. Poco importa el devaneo diplomático de EEUU en las últimas horas, esquivo y desorientado en la manera de enfocar el post partido sangriento que realizaron hace dos días. En estos momentos no les cuesta reconocer que el reo estaba desarmado, pero que hubo que liquidarlo porque presentó resistencia. ¿Nos imaginamos tamaña justificación de un miembro de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado si abatiera a tiros a un perseguido por las calles de cualquiera de nuestras ciudades? Escandalo mayúsculo, lamentaciones colectivas y paredón popular. En este caso se intercambia por exclamaciones de masivo júbilo en ciudades de norte y sur del orbe. Pero, sobre todo, lo que nos sonroja es que, según el Presidente del Gobierno, con la connivencia opositora popular, El destino de Bin Laden fue buscado por él. Atento, amigo ciudadano, no se oponga a lo que ordene un miembro de nuestras fuerzas armadas patrias, que probablemente reciba unos merecidos balazos sin conmiseración. Lo tendrá bien merecido, no lo olvide.

Algún despistado histórico ha comparado esta manera de actuar con la utilizada por las fuerzas especiales yankees, con el sólido apoyo del esclavo ejército boliviano, en el oscuro e inefable asesinato de Ernesto Guevara. Nada que ver en el sujeto ejecutado, incomparables sus destinos y el objeto de sus respectivas luchas. Pero cuantas similitudes en la manera de actuar, de evitar procesos públicos de líderes molestos. La falta de respetabilidad en lo que respecta a la soberanía popular de los Estados en los que se acometieron sendas acciones se responde por sí mismo en cuanto al sometimiento de ambos a las directrices y dólares norteamericanos. No obstante, y eso nunca lo olvidemos, estos procesamientos a golpe de paredón solitario y anónimo distan una barbaridad garantista de los juicios de Nuremberg, donde se optó, en período de guerra declarada, por detener y poner a disposición de la Justicia Internacional a los principales protagonistas del mayor genocidio que ha conocido la raza humana. Ahí estaban comandando los amigos americanos aunque, afortunadamente, contaron con el contrapeso de los otros vencedores de la contienda internacional. Hoy, unos sesenta y cinco años después, contamos con un Tribunal Penal Internacional no reconocido por un Estado que lidera el anterior Premio Nobel de La Paz. Poco más podemos contar, poco más podemos exigir. Ah, sí, que tras la supuesta prueba de que el enemigo público número uno del mundo libre, ergo de torturas sistemáticas a apresados sin las más mínimas garantías procedimentales en un tétrico presidio fuera de las fronteras norteamericanas, se encontraba en una residencia pakistaní bien delimitada, se optó por responder con la democracia de las balas y la propaganda instrumentalizada de la euforia visceral, sangrienta, de los ciudadanos-fanáticos. Todo esto, en lugar de elegir la vía de nuestro mayor tesoro: la democracia; el sistema de garantías y derechos, la legalidad de las ideas cocinadas duramente a lo largo de centurias. Todo eso, desterrado por nuestros amigos americanos, fue definitivamente golpeado, en lo que respecta a nuestro frágil Estado de Derecho, por los Mantenidos que hoy guardaban cómplice silencio frente al imperio de la ley, dentro del inmueble en el que reside la Soberanía Popular.

¿Democracia y Libertad?

José Antonio Bermúdez de Castro, vicepresidente segundo de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, respondió ayer, durante su participación en el programa de RNE En días como hoy, siete preguntas con la misma respuesta: Es un triunfo de la democracia y la libertad…. bla, bla, bla. Las cuestiones planteadas por Juan Ramón Lucas al congresista popular estaban centradas en los dos asuntos de máxima actualidad nacional: el asesinato de Osama Bin Laden y la prohibición por parte del Tribunal Supremo de participar en el proceso electoral a las candidaturas de Bildu.

No obstante, Bermúdez de Castro, a quien pueden contemplar en toda su alegría contenida de profundo demócrata en la instantánea de su izquierda, no hace sino expresar, con cierta carencia dialéctica, lo que, de una u otra manera, han venido repitiendo durante las últimas veinticuatro horas, con más o menos asomo de sonrojo, representantes de su partido político y del PSOE. Qué sea patrono de la FAES no lo ha convertido ayer en un integrista de los dogmas ultraliberales, ya que con sus afirmaciones miméticas, lo único que le caracterizó fue una incapacidad flagrante para desarrollar un planteamiento que acepta pero del que, en su tibia intimidad, desconfía electoralmente.

Repetir los planteamientos mitineros y vacuos de todos los responsables políticos que “analizaron” durante el día de ayer ambos titulares es una absoluta pérdida de tiempo y de neuronas. Sería intentar comprender como los dos partidos que engloban mayor número de electores y, por ende, de cargos públicos representantivos en nuestro país, aceptan a pies juntillas discursos antidemocráticos como si tal cosa. Ese pensamiento devasta nuestro mapa cerebral como si de un coma etílico se tratara. Comprender, por lo tanto, qué nos ha llevado a aceptar miserablemente ilegalidades y atrocidades como principios rectores de nuestra organización política y social, es tarea alejada de la manada de corbatas y trajes de corte ejecutivo con pretensión monocorde. Observemos lo ocurrido con lejanía kilométrica:

Finalmente, la sala del Tribunal Supremo encargada de estudiar el recurso de la fiscalía acerca de las listas electorales de la coalición Bildu decidió, en aplicación de la mutiladora Ley Orgánica 6/2002, prohibir su concurrencia a los comicios del próximo 22 de mayo. Nueve votos contra seis, y tan anchos. Los votos en contra se caracterizan por una meticulosidad jurídica digna de encomio, entrando al estudio de la prueba y fundamentando el fallo con rigurosidad. La mayoría optó, en cambio, por un discurso político en sus conclusiones, con la falaz utilización de jurisprudencia amputada con el fin de ser utilizada a conveniencia literaria del proceso en juego, y a otra cosa mariposa. Detrás quedan decenas de miles de ciudadanos que, si el Tribunal Constitucional no lo remedia, se tendrán que quedar sin poder ejercitar, de facto, su derecho de sufragio activo y, en la cúspide del deterioro democrático y jurídico al que nos ha llevado el Alto Tribunal, cientos de inmaculados candidatos, así como siglas políticas de intachable tradición democrática, apartados del proceso electivo por connivencia de las dos principales marcas importadoras del modelo imperial agresivo-liberal. En las alocuciones de éstos, ya que a los renegados del sistema no se les deja ni espacio para el debate público en los medios de comunicación masivos, siempre la democracia y la libertad como adalides victoriosos frente a la amenaza del terrorismo y de los enemigos de nuestro plácido sistema. El 5 de mayo el TC tiene reservada la responsabilidad histórica de no toparnos de bruces con una resolución del Tribunal de Estrasburgo que ponga colorada la cara de nuestra inmadura y repelente democracia porque, no lo duden, allende Los Pirineos no se van a tomar a guasa esta indivisión de poderes patrio.

Para rematar este fin de semana largo, en el que los ramos y los bombones aplastaron a las necesarias pancartas y reivindicaciones como trágico preludio del futuro a corto plazo que estamos gestando, ayer despertamos con el asesinato del rostro que encarna el mal en la Tierra. Fue liquidado, fulminado, en una operación militar norteamericana precisa en la orden de no atrapar prisioneros. Estamos hablando de un líder terrorista acusado formalmente de infinidad de delitos de lesa humanidad, en busca y captura por decenas de Estados, entre ellos el nuestro tras los funestos atentados acaecidos en Madrid el 11 de marzo de 2004. No obstante y nuevamente, los representantes políticos que se han llenado la boca con los términos “aplicación estricta de la ley”, “triunfo del Estado de derecho y cumplimiento de las reglas de juego”, etc., para congratularse por la ilegalización de personas e ideas, aplauden rabiosamente, en cambio, saltarse a la torera los elementales y básicos instrumentos de garantía procesal y practicar la ley del Talión sin asomo de duda. Debe ser que cuando dicen digo quiere decir diego, y que donde creíamos que nos encontrábamos ante un sistema de justicia reinsertativa realmente buceábamos entre una miserable justicia retributiva.

Este señor era y es The Hope para la socialdemocracia internacional, la escenificación de una época de reformas y progreso. Pero, por desgracia, sólo está apareciendo como extensión del larguísimo decenio neoliberalista que amenaza con convertirse en centuria. Las fuerzas internacionales, bajo el inefable mando de la OTAN, ya hicieron prácticas de tiro al líder que no nos gusta y asesinaron vilmente a uno de los hijos de Muammar el Gadafi y tres de sus nietos, saltándose a la torera el mandato de Naciones Unidas que limita la presencia internacional en suelo libio para establecer una zona de exclusión aérea. Sin darnos cuenta, esa rendija forzada se ha convertido en puerta abierta de par en par con el objetivo de establecer las herramientas más convenientes a la hora de controlar los recursos naturales de excelente calidad que brotan de la tierra beduina; y a quien no le guste, a llorar al valle.

Atrapar a Osama Bin Laden no tendría ningún efecto positivo en el país más fanático actualmente del globo terráqueo. Las calles de las principales ciudades norteaméricanas se congestionaron de fundamentalistas de las barras y las estrellas celebrando la desaparición física de su Darth Vader particular, el Doctor Maligno que protagonizará historias para no dormir durante años en las mentes infantiles de los futuros ciudadanos del Imperio. Bravo por ellos, ya no disimulan sus aviesas intenciones de controlar la realidad planetaria a cualquier precio. Por ahora, si nada ha cambiado a nuestras espaldas, España sigue reconociendo y perteneciendo al Tribunal Penal Internacional, además de no regular la pena de muerte en ningún caso, tras su supresión del Código Penal Militar en 1995, que regulaba determinados tipos jurídicos en tiempos de guerra. ¿Cómo pueden entonces nuestros dirigentes políticos aplaudir el ojo por ojo sanguinario cometido por las tropas norteaméricanas? ¿Cómo se atreven a solicitar respeto para las decisiones judiciales y la división de poderes si, con sus manifestaciones, avalan un sistema basado en la venganza y el rencor, en la ley del más fuerte?

Lo terrible, lo que francamente debe hacernos prever que el futuro inmediato sólo puede estar protagonizado por la desesperanza y la sinrazón, es que a todo ésto que hemos tratado, lo califican de Triunfo de la democracia y la libertad.