Interdicción de la arbitrariedad

InterdiccionArbitrariedad2Una vez dada por finiquitada la crisis, esto es, asegurada la recuperación de capital, control de salarios y destino de los trabajadores por parte de los perennes altos del curso de la Historia, se nubla una pantalla que emitía créditos convenientemente confusos y el servilismo político ha acelerado su inclinación, presto a desplegar nuevos cachivaches a un lado para despistar a la hora del saqueo. Ahora toca el turno a mansalva para que la inimputabilidad cotice en mercados de aforamiento primario, la justicia no mire para ningún lado allende las fronteras, o las brechas socioeconómicas y de oportunidades, ya de por sí insorteables, se eleven como vallas de expulsión ciudadana.

¿Y qué nos queda? Pues por ahora el pataleo recurrente, cotidiano, con más o menos éxito de afluencia en función del grado térmico de indignación que se produzca por cada una de las situaciones que nos arrojan al plato, una vez hecho bola incomestible. Y en esos encuentros, habitualmente dominicales, salimos adornados de cartelería variada desde la que dejar constancia al semejante que, al otro lado de la fotografía o la actualidad televisada, opta por amodorrar su derrota, a ver si con algún teorema impactante conseguimos que deje el chandal de interior y se sume al jogging de protesta colectiva. En esas calles que nunca fueron nuestras, goza de gran éxito frente al micrófono en directo reclamar que se cumplan los derechos más vistosos que los padrastros constitucionales dieron por buenos redactar, darles cuerpo, pero con sus sistemas nerviosos y reproductivos totalmente desabilitados. El acceso a la sanidad pública y universal, a una vivienda digna, etc., son calificados, en época de privatización masiva y de segregación social sin parangón, como “principios programáticos”, meras buenas intenciones que el legislador dejó plantadas por si el tiempo y los azares tenían a bien suministrarles algo de abono normativo, aunque en realidad no han sido más que “frustraciones constitucionales”; aspirar a que lo que la mayoría considera pilares de nuestro Estado actualmente asocial no se quede en unos pocos ladrillos presos de aluminosis, parece dormir el sueño de los injustos.

InterdiccionArbitrariedad2La Constitución española está a buen recaudo. Lejos de las garras ciudadanas, se entiende.  No hay más que recordar como se enarbola una supuesta inmutabilidad permanente en la cúspide del ordenamiento jurídico mientras por sus puertas traseras se maltrata el mismo, con modificaciones en la madrugada de los tiempos en los Estados contemporáneos (artículo 135 y su entreguismo deudor al capital con prisas). Por ese motivo, no parece el camino más recto para protagonizar los cambios necesarios y deseables aquél que pretende transitar a tumba abierta, con escasa visibilidad y lleno de obstáculos. En cambio, existe un apartado constitucional que no es receptor habitual de visitas ni menciones, y desde el cual se sostiene, con repugnante elasticidad, el trayecto contrario al que su composición jurídica pretende guiar: la interdicción de la arbitrariedad (artículo 9.3).

Este principio supone la prohibición expresa para los poderes públicos, entendidos éstos en el sentido más amplio de la terminología legal y su correspondiente traducción vía pronunciamientos del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, de actuar de manera caprichosa, dañando el principio de igualdad de trato frente a los administrados. Dicho así resulta obvio, pero no por ello es menos asombroso que no se tarde apenas unos segundos para recorrer decenas de acciones políticas que patean sin pudor este mandato principal recogido en nuestra Carta Magna.

InterdiccionArbitrariedad3Sí, por ejemplo y de manera destacada, éste es uno de ellos: los indultos. El derecho de gracia sin justificación social ni piadosa que conculca penas a quienes no sólo tienen, como el resto de ciudadanos, la obligación de conocer la ley sin ser eximidos de ello por desconocimiento, sino que por notoriedad pública deben desarrollar un impecable ejercicio profesional, reforzado en esa posición preeminente en la escala capitalista en la que dicen jugar sin cartas marcadas. ¿Y qué decir del proceso de desentronización, entronización, aforamiento y blindaje del linaje Borbón en estos últimos días? Algo de arbitrio sí que parece rezumar la manera en que desde el bipartidismo se otorga un aurea especial al abdicado y su regia plebe, con tal de que los juzgados queden a enorme distancia de su trayectoria.

Estos detalles sólo son algunos artificios que pueden destapar en su mente las interminables explosiones de lucidez que le llevarán a recordar que frente a tanta y tanta desigualdad legislativa se encuentra la mencionada prohibición, sorteada a diario, ignorada por muchos.

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Avalistas de ida y vuelta

Ángela Merkel ha confirmado en la mañana de ayer lo que Bankia ya nos había gritado al oído unos días antes:  que la gravedad de la situación española nace y sufre metástasis por la crisis de su sistema financiero y la correspondiente burbuja inmobiliaria engordada en la última década. Por lo que parece, su marco temporal a la hora de analizar esta quiebra se queda corto; la depredadora Ley del Suelo durante el primer gobierno de José María Aznar, la desincentivación del mercado del alquiler con la supresión de medidas compensatorias en el IRPF desde el ejercicio 1996, así como la multiplicación de normativas autonómicas para regular el perfil de las Cajas de Ahorros, consentidas por el Tribunal Constitucional, y que abrió la veda a la utilización voraz de estas entidades como inyectores de fondos para faraónicos despropósitos políticos, resultaron el germen más virulento que se puede depositar en un receptor inestable como el Estado Español, de cara a comprender la desgracia que hoy padecemos.

Pero quedémonos con la sabrosa corteza del rudo filete que vamos a tener que ingerir, a marchas forzadas, en el período más inmediato. Lo que viene a reconocer el IV Reich, que ha descubierto como el capital es más eficaz que las bombas a la hora de colonizar sus alrededores, es que la depresión española se circunscribe a la mala praxis continuada de un sector específico de su modelo productivo, de tal modo que la animalada monetaria que se le pretende inyectar se hará de manera indirecta, vía FROB, para que haya un garante multitudinario frente a posibles impagos: nosotros. Reavalistas de la miseria, avalistas de ida y vuelta, como prefieran colgarse la soga al cuello antes de sentir el tirón definitivo.

Hasta hace únicamente dos años, se continuaba poniendo al sector financiero nacional como ejemplo de robustez, solvencia y credibilidad a nivel mundial, apartándolo de la ecuación crítica que venía emponzoñando nuestras perspectivas. Nadie se atrevía, como sucios cómplices de una bomba de efectos retardados, a valorar el sobreendeudamiento crediticio conscientemente alentado, así como el calculado engorde de la política de tasaciones que iban amplificando una maraña especulativa desde el promotor más bravucón al ciudadano dispuesto a participar del beneficio veloz de compraventa fugaz de pisos y locales. Toda esa burbuja, detectable por cualquier estudiante de primero de Ciencias Económicas, pasó como un silbido ventoso de sonido agorero que a nadie interesaba escuchar y, pinchado el globo, el gas liberado se coló en las fosas nasales de los últimos de la clase. Pero el hedor impregnó, como de costumbre, a los estratos obedientes por obligación y así apareció una crisis que era de todo menos del capital: recortes en el sistema de previsión social, en la política educativa pública, en los servicios esenciales, fomento y activación del empleo, etc. Avalistas, por lo tanto, de una miseria no provocada, sin firma y sin notario. Sin poder leer la letra pequeña.

Subordinados como estamos a la opacidad y la política exculpatoria de todo lo que rodee a esta gran estafa, hemos venido pagando la factura a golpe de recortes y miseria en la deconstrucción de nuestro Estado Social. A día de hoy parece que en el ligero y virtual banquillo de los acusados se sientan los verdaderos culpables de esta telenovela de pandereta, pero aún así no cesan los desajustes de nuestra contabilidad pública, señalando a los espectadores como pagadores últimos de lo que viene y vendrá. Es curioso, pero cuando acudimos a adquirir o contratar cualquier producto o servicio a un establecimiento damos por supuesto, y así debe ser, que el profesional que nos atiende al otro lado de la mesa nos planteará la solución más adecuada a nuestro perfil y necesidades. Nadie espera entrar a un concesionario de vehículos con una nómina mileurista y encontrarse con un comercial capaz de agenciarle un deportivo último modelo de alta gama, asegurándole que se lo merece y que con su salario puede permitirse éso y, de paso, una motocicleta para los días soleados. Del mismo modo, responsabilizar a los ciudadanos que han tenido la expectativa razonable de adquirir una vivienda para su uso, realizando un esfuerzo en su capacidad de ahorro para alcanzar ese propósito, no puede escudarse desde asesoramientos movidos por la codicia del capital. Una vez han llegado los desahucios y la deshumanización de las condiciones de vida, primando sobre el constitucional derecho a una vivienda digna la agresión que expulsa y destierra centenares de hogares convirtiendo el cemento hogareño en esqueleto inerte, los lanzadores piden clemencia pecuniaria para proseguir su carrera hacia la maximización del beneficio. El que sea, el que las sobras permitan.

Estos cien mil millones de línea de crédito pasarán por la caja común, si es que aún existe, y volveremos a avalarla entre todos. En caso de ampliación o impago, correrán a buscarnos para exigir el cumplimiento de un contrato sobre el que no nos han pedido ni firma ni consentimiento. Y es que si Luis de Guindos nos invita a cenar y, al pedir la cuenta, se levanta raudo para ir al baño, es preferible decir al camarero que hemos encontrado un bicho en la sopa.

Bildu o la metafora inconclusa de nuestro frágil Estado de Derecho

Las resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional e,n lo que respecta a la petición de ilegalización de la coalición electoral Bildu, han sido desgranadas, estudiadas, comentadas y analizadas más en términos deportivos que jurídicos. Esta simplificación de un procedimiento de tamaña relevancia para nuestra categoría democrática debe estar relacionada con el escaso nivel de conocimientos acerca del cuerpo legislativo y jurisprudencial del gremio periodístico, a no ser que dicho colectivo intente ponerse a la altura que nos supone a sus potenciales lectores y, en ese caso, intentar hablarnos en el idioma que cree mejor reconocemos.

En función de las posiciones ideológicas y editorialistas de rotativos y cadenas de radio y televisión, el encuentro de ida se saldó con una mayoría holgada de magistrados disconformes con la presencia de la coalición abertzale o, por el contrario, se puso el énfasis en el exquisito tratamiento de análisis normativo que fundamentó el voto favorable de los otros seis miembros de la Sala 61 del Tribunal Supremo. Con millones de espectadores expectantes ante el desarrollo del encuentro de vuelta, las posiciones mayoritarias se difuminaron, intercambiándose bufandas y banderitas; mientras los primeros hablan de (textualmente) victoria raquítica, sus rivales respetan y acatan el desenlace de la eliminatoria. ¿Quedó alguien plenamente satisfecho con el resultado final? Sí, los demócratas, los que no se asustan y aterrorizan con los cuentos de fantasmas y cocos con bomba y pistola bajo las sábanas. Las resoluciones de un órgano colegiado pueden mantener, y de hecho es lo habitual, posiciones divergentes entre sus miembros, que quedan perfectamente reflejadas en los votos particulares y en la carga jurídica que los fundamenta. Pero ahí finaliza el procedimiento judicial que entiende de una causa y resuelve sobre la misma. Las lecturas en clave política, utilizando símiles de cualquier género o caricaturizando la labor de un poder independiente del Estado, sobran radicalmente en un Estado de Derecho sólido, coherente y con ánimo de progreso. De igual manera, tal y como fundamenta la extensa resolución del Tribunal Constitucional en este aspecto, la sospecha no basta para para restringir el libre ejercicio de los derechos de participación política ni, por tanto, el pluralismo político sobre el que se fundamenta el ordenamiento constitucional del Estado democrático.

Zanja el órgano judicial responsable de la garantía efectiva de los derechos constitucionales que las exigencias del proceso debido impiden utilizar indicios para convertirlos en supuestas pruebas que persigan la limitación efectiva de los derechos fundamentales protegidos, así como recuerda el rechazo explícito del terrorismo por parte de las formaciones Eusko Alkartasuna y Alternatiba, lo que impide suponer que dichas agrupaciones políticas tengan interés en aceptar a candidatos independientes en sus listas que no mantengan una línea política y pública de similar orientación en este aspecto.

Dicho esto, abandonando ya los poblados graderíos del fanatismo popular en todo lo que respecta al terrorismo interno, nos topamos de bruces con el post partido: esas ruedas de prensa incendiarias frente a la derrota y, en ocasiones, manejadas incorrectamente ante la victoria, aunque ésta sea ajena. Íñigo Urkullu, Presidente del PNV, se congratuló de la sentencia del Constitucional, afirmando que su formación política había hecho lo posible y lo imposible también por conseguir el resultado obtenido, y que para ello habían hecho cosas que podían contar y otras que no podían ser relatadas. Terrible. ¿Cómo el líder de una agrupación centenaria y de intensa raigambre democrática puede confundir a su electorado con declaraciones de este calado? Da a entender sin asomo de vergüenza que la división de poderes en el Estado español es un choteo, que el poder legislativo mangonea e interveniene en el foro de toma de decisiones del judicial y que, además, para conseguir el resultado deseado, se negocian cuestiones de dudosa catadura democrática, ajenas al conocimiento de la ciudadanía pero, por otra parte, imprescindibles para lograr los objetivos pretendidos.

Desde las filas socialistas, no obstante, se ha optado por la vía del respeto y acatamiento de la decisión judicial, sin alegrías pero también sin aspavientos, tomando las cosas como vienen dentro del cauce por el que deben venir. De este modo, el Partido Popular ha conseguido dos ejes ajenos al lógico discurrir de una campaña electoral verdaderamente democrática, centrando sus discursos en el alejamiento de los temas cruciales que deben enfocar los representantes públicos elegidos el 22 de mayo; el entrometimiento en las decisiones del Poder Judicial y alentar la sospecha de pactos escabrosos y nocturnos con terroristas y enemigos de pelaje siniestro funciona como auténticas escuelas superiores de hooligans con derecho a voto, mientras que recopila toneladas de papeletas sin contenido crítico, ahondando en la fanatización de los electores y el recrudecimiento de las posiciones viscerales, absolutamente alejadas de lo que debe ser una ciudadanía consciente de sus derechos, sus libertades y la responsabilidad de las instituciones en las que se encuentran representadas.

Somos unos panolis supremos. La infame senda recorrida desde la aprobación de la Ley 6/2002, de Partidos Políticos, ha ido gestando una pertinaz aureola de mártires políticos entre todas aquellas formaciones y representantes políticos ilegalizados al albur de su presunta connivencia con las pistolas y las bombas. Desde los resultados cosechados por Euskal Herritarrok en 1999, la intención de voto a corrientes de izquierda abertzale estaba en caída libre, frente a un electorado decepcionado por la acción de una ETA debilitada pero sanguinaria, sin visos de justificación política, plan de futuro ni cercanía con el territorio y pobladores a los que dice representar. No obstante, la aparición de la subsodicha Ley Orgánica, recrudeciendo la guerra contra el terrorismo hasta arrasar con un sector de la ciudadanía inmaculado penalmente, ha germinado en una consecuencia erróneamente analizada; una década después, esa masa electoral descontenta con el rumbo de su oferta política se encuentra presta a la venganza de las urnas, a aplaudir a esos mártires del Estado español, asustado y cobarde, que han resistido las embestidas judiciales en base a una norma opresora e inconstitucional. Esa es la lectura que se hará, olvidándonos una vez más de que los resultados que necesita lograr un auténtico Estado de Derecho han de ser obtenidos en la cancha, a la vista objetiva de los espectadores, no posteriormente en ruedas de prensa incendiarias y moviolas televisivas, presas de gritos superpuestos y fanatismo bárbaro.

¿Democracia y Libertad?

José Antonio Bermúdez de Castro, vicepresidente segundo de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, respondió ayer, durante su participación en el programa de RNE En días como hoy, siete preguntas con la misma respuesta: Es un triunfo de la democracia y la libertad…. bla, bla, bla. Las cuestiones planteadas por Juan Ramón Lucas al congresista popular estaban centradas en los dos asuntos de máxima actualidad nacional: el asesinato de Osama Bin Laden y la prohibición por parte del Tribunal Supremo de participar en el proceso electoral a las candidaturas de Bildu.

No obstante, Bermúdez de Castro, a quien pueden contemplar en toda su alegría contenida de profundo demócrata en la instantánea de su izquierda, no hace sino expresar, con cierta carencia dialéctica, lo que, de una u otra manera, han venido repitiendo durante las últimas veinticuatro horas, con más o menos asomo de sonrojo, representantes de su partido político y del PSOE. Qué sea patrono de la FAES no lo ha convertido ayer en un integrista de los dogmas ultraliberales, ya que con sus afirmaciones miméticas, lo único que le caracterizó fue una incapacidad flagrante para desarrollar un planteamiento que acepta pero del que, en su tibia intimidad, desconfía electoralmente.

Repetir los planteamientos mitineros y vacuos de todos los responsables políticos que “analizaron” durante el día de ayer ambos titulares es una absoluta pérdida de tiempo y de neuronas. Sería intentar comprender como los dos partidos que engloban mayor número de electores y, por ende, de cargos públicos representantivos en nuestro país, aceptan a pies juntillas discursos antidemocráticos como si tal cosa. Ese pensamiento devasta nuestro mapa cerebral como si de un coma etílico se tratara. Comprender, por lo tanto, qué nos ha llevado a aceptar miserablemente ilegalidades y atrocidades como principios rectores de nuestra organización política y social, es tarea alejada de la manada de corbatas y trajes de corte ejecutivo con pretensión monocorde. Observemos lo ocurrido con lejanía kilométrica:

Finalmente, la sala del Tribunal Supremo encargada de estudiar el recurso de la fiscalía acerca de las listas electorales de la coalición Bildu decidió, en aplicación de la mutiladora Ley Orgánica 6/2002, prohibir su concurrencia a los comicios del próximo 22 de mayo. Nueve votos contra seis, y tan anchos. Los votos en contra se caracterizan por una meticulosidad jurídica digna de encomio, entrando al estudio de la prueba y fundamentando el fallo con rigurosidad. La mayoría optó, en cambio, por un discurso político en sus conclusiones, con la falaz utilización de jurisprudencia amputada con el fin de ser utilizada a conveniencia literaria del proceso en juego, y a otra cosa mariposa. Detrás quedan decenas de miles de ciudadanos que, si el Tribunal Constitucional no lo remedia, se tendrán que quedar sin poder ejercitar, de facto, su derecho de sufragio activo y, en la cúspide del deterioro democrático y jurídico al que nos ha llevado el Alto Tribunal, cientos de inmaculados candidatos, así como siglas políticas de intachable tradición democrática, apartados del proceso electivo por connivencia de las dos principales marcas importadoras del modelo imperial agresivo-liberal. En las alocuciones de éstos, ya que a los renegados del sistema no se les deja ni espacio para el debate público en los medios de comunicación masivos, siempre la democracia y la libertad como adalides victoriosos frente a la amenaza del terrorismo y de los enemigos de nuestro plácido sistema. El 5 de mayo el TC tiene reservada la responsabilidad histórica de no toparnos de bruces con una resolución del Tribunal de Estrasburgo que ponga colorada la cara de nuestra inmadura y repelente democracia porque, no lo duden, allende Los Pirineos no se van a tomar a guasa esta indivisión de poderes patrio.

Para rematar este fin de semana largo, en el que los ramos y los bombones aplastaron a las necesarias pancartas y reivindicaciones como trágico preludio del futuro a corto plazo que estamos gestando, ayer despertamos con el asesinato del rostro que encarna el mal en la Tierra. Fue liquidado, fulminado, en una operación militar norteamericana precisa en la orden de no atrapar prisioneros. Estamos hablando de un líder terrorista acusado formalmente de infinidad de delitos de lesa humanidad, en busca y captura por decenas de Estados, entre ellos el nuestro tras los funestos atentados acaecidos en Madrid el 11 de marzo de 2004. No obstante y nuevamente, los representantes políticos que se han llenado la boca con los términos “aplicación estricta de la ley”, “triunfo del Estado de derecho y cumplimiento de las reglas de juego”, etc., para congratularse por la ilegalización de personas e ideas, aplauden rabiosamente, en cambio, saltarse a la torera los elementales y básicos instrumentos de garantía procesal y practicar la ley del Talión sin asomo de duda. Debe ser que cuando dicen digo quiere decir diego, y que donde creíamos que nos encontrábamos ante un sistema de justicia reinsertativa realmente buceábamos entre una miserable justicia retributiva.

Este señor era y es The Hope para la socialdemocracia internacional, la escenificación de una época de reformas y progreso. Pero, por desgracia, sólo está apareciendo como extensión del larguísimo decenio neoliberalista que amenaza con convertirse en centuria. Las fuerzas internacionales, bajo el inefable mando de la OTAN, ya hicieron prácticas de tiro al líder que no nos gusta y asesinaron vilmente a uno de los hijos de Muammar el Gadafi y tres de sus nietos, saltándose a la torera el mandato de Naciones Unidas que limita la presencia internacional en suelo libio para establecer una zona de exclusión aérea. Sin darnos cuenta, esa rendija forzada se ha convertido en puerta abierta de par en par con el objetivo de establecer las herramientas más convenientes a la hora de controlar los recursos naturales de excelente calidad que brotan de la tierra beduina; y a quien no le guste, a llorar al valle.

Atrapar a Osama Bin Laden no tendría ningún efecto positivo en el país más fanático actualmente del globo terráqueo. Las calles de las principales ciudades norteaméricanas se congestionaron de fundamentalistas de las barras y las estrellas celebrando la desaparición física de su Darth Vader particular, el Doctor Maligno que protagonizará historias para no dormir durante años en las mentes infantiles de los futuros ciudadanos del Imperio. Bravo por ellos, ya no disimulan sus aviesas intenciones de controlar la realidad planetaria a cualquier precio. Por ahora, si nada ha cambiado a nuestras espaldas, España sigue reconociendo y perteneciendo al Tribunal Penal Internacional, además de no regular la pena de muerte en ningún caso, tras su supresión del Código Penal Militar en 1995, que regulaba determinados tipos jurídicos en tiempos de guerra. ¿Cómo pueden entonces nuestros dirigentes políticos aplaudir el ojo por ojo sanguinario cometido por las tropas norteaméricanas? ¿Cómo se atreven a solicitar respeto para las decisiones judiciales y la división de poderes si, con sus manifestaciones, avalan un sistema basado en la venganza y el rencor, en la ley del más fuerte?

Lo terrible, lo que francamente debe hacernos prever que el futuro inmediato sólo puede estar protagonizado por la desesperanza y la sinrazón, es que a todo ésto que hemos tratado, lo califican de Triunfo de la democracia y la libertad.