Racimos de inmundicia

En estos escasos cinco meses de gobierno popular, como le gusta recalcar al Presidente Rajoy para despejar supuestas responsabilidades ejecutivas, hemos descubierto, por su mero actuar, características sonrojantes de una amplia representación de los responsables de las carteras gubernamentales. De este modo, el tertuliano Wert ya nos ha dejado más que claro que es precisamente éso, un tertuliano de los que se relamen con sus titulares de pacotilla, dispuesto a gozar con el escándalo que provocan frases que son griterío de mesa redonda, sin más conocimiento del medio que sus propios complejos como elemento del lado derecho del saloncito de debate; Fatima Báñez ha demostrado que sabe emplear su aptitudes en rogar a la virgen del Rocío que la deje como está y en perfeccionar sus habilidades en juegos para móviles. Todavía está a tiempo de tomar unas lecciones sobre legislación laboral, si tantas obligaciones no se lo impiden; Fernández-Díaz ha interiorizado la maldad que se esconde tras la ciudadanía que exige derechos y respuestas, respondiéndole con el látigo y la cachiporra de sus fuerzas represivas; y, finalmente, Luis de Guindos continúa su exitosa senda de directivo de empresas potencialmente quebradas, y quien se hunde en un Goldman Sachs, bien puede hacerlo con un Estado que sí se parece a Uganda, pero en mutilaciones varias e irreversibles.

De lo que sólo poseíamos fundados rumores, a modo de silbido bombardero, era del gusto laboral del actual titular de la cartera de Defensa, Pedro Morenés, por el negocio armamentístico. Su pasado como consejero de la empresa de fabricación militar Instalaza (véase web al respecto) suponía, desde el punto de partida, una macabra concatenación de responsabilidades, a primera vista, incompatibles. Pero el ministro ha aprovechado el maremagnum de desastres económicos y polémicas decisiones de sus correligionarios de Consejo para pasar fabulosamente desapercibido en este plazo de gobernación. Hasta ahora.

Morenés, como decíamos, representó a la citada empresa de la cosa militar desde 2005 a 2007, año en el que se aprueba la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso. A partir de ahí ocupó el puesto de representante hasta el pasado 4 de octubre de 2011, tal y como recoge el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Instalaza, entre su variado surtido de productos destinados a la excelsa decoración de un entrañable escenario bélico, mantenía como producto estrella en su catálogo las tristemente famosas bombas de racimo.

Pues bien, el artículo 8 de la citada ley limitaba la adquisición de determinados elementos armamentísticos, recogiendo lo dispuesto en el Tratado de Dublín. Una de esas limitaciones, en el marco del Derecho Internacional, hace mención al uso, almacenamiento y fabricación de las bombas de racimo, trampas diseñadas para causar la amputación y destrozo de máxima salvajada en los cuerpos vivos que tuvieran la desgracia de tropezarse con su mortífera presencia. No obstante, Instalanza decidió reclamar al Estado español, por supuestos incumplimientos contractuales, una indemnización de 40 millones de euros en concepto de desagravio por la prohibición aprobada, reclamación anunciada desde mayo de 2011 por lucro cesante de la corporación. Efectivamente, Pedro Morenés era su representante por aquellas fechas.

Cabría entender que desde su nueva responsabilidad de salvaguardar los intereses públicos en el área de defensa, Morenés habría optado por recusarse motu proprio del contencioso mencionado que, por supuesto, ha seguido su curso impasible. Pues los caminos excrutables del señor de la guerra parece que marchan por derroteros más silenciosos pero igualmente inmundos: supuestamente, Instalanza procederá a revender esa deuda adquirida con el Estado para que sea una tercera entidad la que se encargue de cobrar directamente de las arcas públicas, salvaguardando miserablemente la conexión del ministro en el entuerto belicista de esos podridos intereses del dinero sobre la vida, de la responsabilidad colectiva por debajo de la codicia que arrebata futuros.

En breve, cuarenta millones de nuestra saqueada tesorería, que ha visto como se ha llenado de nueva deuda para sanear un sector que decían inmaculado y ejemplo de gestión como el financiero, saldrán rumbo a indemnizar la decisión de no permitir la compra de artefactos que buscan aumentar el dolor y el martirio de víctimas siempre inocentes, más aún cuando éstas son niños que, años después de lanzadas las bombas, tropiezan con ese 30% de rango de fallo reconocido que queda enterrado en territorios devastados, confundiéndolas con una lata-juguete, una pelota-juguete, una muerte-juguete.