El medio ambiente en el Código Penal español

Un verano especialmente caluroso, unido a una realidad de amputaciones presupuestarias que han desviado el gasto preventivo y de concienciación a la lucha activa contra las llamas, ha vuelto a poner en el disparadero de la opinión pública la facilona queja a raíz de una supuesta mano blanda para con los pirómanos conscientes, responsables activos del 90% de los conatos e incendios estivales que venimos sufriendo en la práctica totalidad de las comunidades españolas.

Esa retahila de opiniones viscerales, alimentada por debates televisivos que buscan sangre y rabia sobre las brasas de miles de héctareas calcinadas, es el éxito del amarillismo, de la misma manera que tenemos que soportar el populismo que exige cadenas perpetuas, mano dura, a cada ruptura del orden social amplificada por los sectores desinformativos de costumbre.

La cuestión no admite bandolerismo del utilitarismo ora supuestamente periodístico, ora político. La aprobación de un Código Penal, como miembro vital de un cuerpo legislativo en una nación desarrollada, reclama una estructura espiritual que proyecte un sendero cierto de los grupos de acciones punibles y sus correspondientes consecuencias procesales en función de la gravedad que la sociedad sobre la que desarrolla su orden reclame. Pero, insistimos, la seguridad jurídica resulta clave para no extraviarnos por los diferentes títulos y capítulos que componen su armazón. Así, el texto de 1995 que el poder legislativo nacional aprobó con la necesidad de consenso y puesta en valor de distintas sensibilidades legales que reclama una ley orgánica estableció como elemento supremo de protección la vida humana, asignándole las responsabilidades penales más elevadas, pero estableciendo como principio supremo el equilibrio con una política de reeducación y reinserción del reo, todo con el interés de pacificar en la medida de lo posible los conflictos que surgen entre los individuos. De igual manera que los Códigos de las naciones vecinas, el ciudadano emerge como elemento principal de protección, encabezando un esqueleto que debe siempre sostener su equilibrio normativo. Así ocurre, así suele ocurrir, hasta que la excepcionalidad vitaliza el radicalismo facilón, la exigencia de castigar en fuera de juego.

¿En qué circunstancia queda nuestro ecosistema cuando es allanado? ¿Qué responsabilidad soportan los culpables que de manera dolosa desertizan por varias décadas el espacio natural que disfrutamos? El artículo 45 de la Constitución regula, como principio rector, los siguientes apartados con el objeto de inspirar el desarrollo normativo para con la protección del medio ambiente:

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la Ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

Y, de este modo, el Código Penal del 95 desarrolla el mandato constitucional en su artículo 352 y siguientes con respecto a los incendios forestales. Otra cosa es que su contenido y escala en el sistema de responsabilidades sea discutible, pero no olvidemos que hasta cuando un pino se abrasa, la normativa penalista busca antes víctimas de carne y hueso que de hojas y resinas. Así, los que incendiaren montes o masas forestales, serán castigados con las penas de prisión de uno a cinco años y multa de doce a dieciocho meses. Si ha existido peligro para la vida o integridad física de las personas, se castigará el hecho conforme a lo dispuesto en el artículo 351 (de diez a veinte años de prisión), imponiéndose, en todo caso, la pena de multa de doce a veinticuatro meses. Por lo tanto, dada la apabullante diferencia de responsabilidad en el caso de que haya un ser vivo de por medio, nos encontramos, en realidad, ante un caso específico de homicidio o asesinato, atenuado en el caso de que sólo perezcan miles de árboles y vida animal que permiten nuestra existencia colectiva.

La desolación de nuestros bosques, con especial énfasis durante el presente mes de agosto, viene acompañado de uno de esos simplones debates acerca del mencionado endurecimiento, per se, de las responsabilidades que no respeta la dificultad que supone construir un cuerpo penal que nos sirve de referente seguro para proteger nuestros múltiples intereses. Tal y como hemos decidido regularnos, el Código Penal se alimenta de un antropocentrismo moderado, y así ha sido porque quien redacta las leyes de los hombres y mujeres son precisamente sus representantes humanos, no el resto del entorno con el que convivimos. Reclamar puntualmente la necesidad de ser implacables con los pirómanos significa alimentar el ansia humana de venganza, queriendo así amputar y modificar el genoma de nuestro Código Penal; si por cada acción de notable repercusión nacional modificáramos la escala de penas, agravando tipos de manera aleatoria, nos aseguraríamos, precisamente, un entorno de sinrazón procesal, además de un retorno al talión, a la bestia que hemos ido domesticando generación tras generación.

Otro paisaje resulta si nuestra sociedad, de manera meditada, entiende adecuado el viraje penalista hacia un Código inspirado en teorías de ecocentrismo moderado. A fin de cuentas, de lo que se trata es, fundamentalmente, de evitar el mayor número de delitos posible así como de dar respuesta a aquellos que produzcan una repercusión de dolor o rechazo mayor. El impacto social que, por ejemplo, ha provocado la destrucción del 15% de la masa forestal en la internacionalmente protegida isla de La Gomera implica consecuencias para el total de sus habitantes durante varias décadas, así como producirá pobreza y dolor a miles de ciudadanos. El asesinato de un individuo a manos de otro acciona la desconfianza, el horror, el daño, con una onda expansiva mucho más limitada tanto en el espacio como en el tiempo. En el ser humano está vislumbrar si nuestro natural egocentrismo debe superar la repetición penalista de conductas que, cuando la realidad nos golpea, sacan al excepcional vengativo que llevamos dentro.

Nunca serlo y jamás parecerlo

Ésta es, sin duda, la máxima que preside la vida y ruinas del Ministro de Agricultura, Alimentación y… ¿Medio Ambiente? del ejecutivo nacional, Miguel Árias Cañete. Y esto es así porque el mórbido y, desde luego, insanamente alimentado jurista madrileño no se intenta arrogar, ni mucho menos, la discreción de la esposa del César. El es, a lo sumo, cuñado de ganadero, y como buen emparentado con la dinastía Domecq, parece que sólo considera masa árborea a proteger la que crece en dehesas y fincas varias para feliz trote de cochinos y astados que espera engullir y ver morir, no necesariamente en el mismo orden.

Para empezar, es ciertamente extravagante que este orondo señor, cuyo curriculum principal se desenvuelve en el proceloso océano jurídico, haya encabezado en el último ejecutivo de José María Aznar y en el actual las más altas cotas de responsabilidad en el mundo agrario, salvo que sea curriculum suficiente, insistimos, estar casado con Micaela Domecq y Solís-Beaumont, novena hija de Juan Pedro Domecq Díez y de Matilde de Solís-Beaumont y Atienza. Cuando uno, en su golpeada ignorancia, pone a trabajar un puñado de neuronas, se imagina a un Ministro de Agricultura solidario y sensible con las necesidades del campo, el equilibrio y defensa de las ayudas y subvenciones para evitar que desaparezcan producciones internas que nos obliguen a desviar la balanza de pagos vía importaciones, etc. Cosas así. Si al apellido ministerial se le añade, en la actualidad como un subepígrafe terminal, el título innobiliario de Medio Ambiente, dicho responsable debe conjugar una sensibilidad para con un entorno protegido donde descansan, a lo largo y ancho de la geografía estatal, un buen puñado de Parques Nacionales y Reservas de la Biosfera. Pero, en lugar de todo eso, el domingo por la tarde, con tres incendios en evidente descontrol y dos fallecidos en uno de ellos, Árias Cañete consideró que su presencia silenciosa debía ubicarse en una despoblada plaza de toros de Cádiz a la vera de su majestad, el amante de los animales muertos con dolor para gloria de su gozo regio. Según cuentan, y eso da buena cuenta de la etapa histórica subvertida que estamos padeciendo, la masacre de astados se programó con el fin de glorificar el bicentenario de la Constitución de 1812. Si dicha Carta Magna se emparentaba mínimamente con una sociedad que alza sus virtudes a golpe de banderilla y corte de orejas taurinas, se viene comprendiendo como la población que intentó regular la dejó de lado a las primeras de cambio por un antepasado del Borbón tan soberbio como el presente pero con más ganas de marcha absolutista.

Lo más trágico que puede hacer un alto responsable público es justificarse en lugar de realizar eficazmente la labor para la que ha sido encomendado. Y como toda justificación apresurada, se pisa en barro y las manchas desaparecen pero dejándonos las manos un tanto áridas al secarse la mentira. En primer lugar, Árias Cañete salió al paso de las críticas argumentando que se encontraba por orden de Presidencia del Gobierno acompañando al Rey, como es deber de los Ministros cuando el monarca anda en saraos privados con apariencia de obligación pública. Que fuera él el elegido parece que no tiene nada que ver con ser un amante confeso de la aberración que supone la tauromaquia; mucho menos que esté casado con una jerezana, además de haber trabajado en la delegación de hacienda y haber sido profesor de Derecho en la facultad de dicha localidad andaluza, lo que le ha llevado a pasar la mayor parte de su tiempo en la provincia gaditana. Como la opinión pública parece que le tiene tiña gratuita al ministro más invisible de la era Rajoy, al día siguiente ha salido a la palestra argumentando su ausencia durante una jornada dominical que ha calcinado el futuro de cientos de miles de ciudadanos en la supuesta delegación de competencias en Parques Nacionales por parte de las respectivas Comunidades Autónomas. Insólito que el propio ministro desconozca que el Parque de Cabañeros (Castilla-La Mancha) no ha disfrutado de dicha transferencia competencial, hecho éste que no exime de su ausencia pública general durante lo acontecido y por acontecer (dos fallecidos en Alicante, un 11% de la Isla de La Gomera hecha cenizas), ya que aquel que ejerce la titularidad principal de un área de gestión gubernamental debe serlo y, además, parecerlo. Miguel Árias Cañete, ni lo uno ni lo otro. Únicamente parece lo que es: un bien emparentado, amigo del buen yantar y del mal ver torturar a hervíboros indefensos y asustados. A la vera del cazador principal, eso sí, que en su círculo nobiliario viste mucho.