Condenados al indulto

Josefa Hernández ha salido de prisión. Tras tres días ingresada en el penal de Tahíche (Lanzarote), su defensa ha conseguido la suspensión de la pena privativa de libertad que se le había impuesto por no proceder a la demolición de su vivienda, situada en el Parque Rural de Betancuria (Fuerteventura). En realidad, su letrado no tuvo que realizar una especial labor para obtener esta medida de gracia con tanta celeridad, toda vez que el caso ha saltado a la gran pantalla con la energía que proyecta esa sensación de injusticia per se, hasta alcanzar la gloria de convertirse en el primer indulto de la historia de España anunciado antes incluso de ser aprobado. Tres días. La cosa juzgada no admite dudas, el proceso es correcto en base al ordenamiento jurídico estatal, y tanto el juez como la fiscalía no han puesto fácil al ejecutivo la concesión de la medida de gracia, si bien su opinión no resulta preceptiva. Tres días.

Josefa1¿Por qué el caso de Josefa Hernández ha alcanzado un grado de simpatía colectiva tan desarrollado con respecto a otras tantas situaciones difíciles de comprender desde el punto de vista de la empatía social? El decorado, sin duda, ha aderezado generosamente el campo de cultivo. Por otro lado, alguno de tantos ejemplos de injusticia para con ciudadanos desvalidos tenía que ser el que colmara el vaso de la incomprensión que hace más de un lustro ha llegado para quedarse en cuanto a la aplicación del sistema penal según quien sea el receptor del castigo. Vivienda de autoconstrucción humilde, de supervivencia; hijas y nietos sin ingresos, a su cargo; abuela coraje que, no obstante, asume su infracción y cumple con la justicia, en la medida de sus posibilidades, de por si sumamente precarias: multa sí, derribo nunca. Y mientras, el litoral atestado de chalet lujosos bordeando la pleamar. Complejos hoteleros de poderosas multinacionales haciendo negocio en terreno protegido, amnistiada su riqueza.

Finalmente, a la división de poderes le encanta estos conflictos de baja intensidad, sobre todo desde la trinchera ejecutiva. A fin de cuentas, electoralismo populista es el principio rector favorito de quien se afana en utilizar el término como descrédito permanente del contrincante. Cree el ladrón… Todo un Presidente del Gobierno anunciando con antelación primorosa la concesión de un indulto así. Inspirador.

Josefa2Centremos el asunto: el proceso judicial se ha realizado conforme a derecho, siguiendo todas las garantías procesales, y ha desembocado en una sentencia firme. El hecho de cosa juzgada, a partir de ahí, se ha enfrentado a la insensibilidad de la ley en casos como el que nos ocupa, algo que ocurre muy a menudo en nuestro panorama normativo. Pero fundamentalmente ha desembocado en la gran pantalla que alimenta el estado de opinión, la barbarie de la toma de decisiones irracional. Desde Mariano Rajoy al concejal más cercano al término geográfico donde se encuentra la morada de la familia Hernández, presta a derruirse, ahora solicitan la apertura de un debate político donde lo que tendría que haber es una administración eficiente, ayudas de carácter social y familiar adecuadas, así como un panorama de acción vertical que permita a las diferentes entidades de derecho público coordinar las labores de atención ciudadana. De lo contrario, ese demagogo debate que no se va a llevar (de antemano lo sabemos) a término continuará condenando al indulto a aquellos pocos que escalen hasta el prime time y, de este modo, sólo permaneceremos iguales ante la injusticia.

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La guerra del petróleo canario (IV)

Petroleo8Los años pasan pero las desgracias permanecen. Hace más de dos cursos que, a través de una trilogía que analizaba el plan, los personajes y su fondo normativo, nos hacíamos eco de aquellos primeros pasos en los que la privatizada y multinacionalizada compañía Repsol recuperaba un interés silenciado por realizar sondeos en posiciones cercanas al archipiélago canario. Para tal fin, nada mejor que un ministro ambicioso, del terruño objeto de la discordia, y bunkerizado en un gobierno con una habilidad para potenciar su sordera ciudadana desde cualquier ángulo de altavoz social. Y es que José Manuel Soria no sólo se caracteriza por haber dado sus primeros pasos políticos en las islas (¡Y que pasos, oiga!), sino más bien por los últimos, titubeantes, que protagonizó antes de marcharse a la capital del reino para poner tierra y, sobre todo, mucha agua de por medio con su otrora socio de gobierno, el nacionalista de baja intensidad Paulino Rivero.

Como Coalición Canaria tiene a bien haber entendido su supervivencia como encaje de interesadillos a base de mantener la normativa electoral más asfixiante que pulula por el espectro jurídico nacional, a través de la cual se enraiza una perversa estructura de pactos a tres bandas donde siempre juega a caballo ganador, quien hoy es su socio en el archipiélago tiende a contradecir la conformación de mayorías a nivel estatal; así, sus amigos en las islas se convierten, legislatura tras legislatura, en inefables contendientes cuando las encuestas marcan nuevas líneas de simpatía electoral en el conjunto del Estado. Esta estructura de hechos consagrados, dispuesta exclusivamente en el sostenimiento de unas siglas mal avenidas en términos de capital humano cuando las instituciones abren sus puertas a regañadientes a los miembros coalicioneros, se expresa en toda su negrura en el hecho que nos ocupa: lo que hoy es bandera innegociable para el ejecutivo autonómico fue casi realidad con su complacencia hace prácticamente nada; debe ser que los alisios, como el siroco más tremebundo, desorienta al isleño, le arrebata en sueños su bastón de mando, le deja desasistido de memoria y de principios.

petroleo2Las puertas giratorias que empuja Repsol, presa de políticos en activo que aceptan marearse al ritmo de una ruleta rusa con pocos proyectiles listos para ser lanzados al mullido panorama de sus estructuras corporativas, son piruetas que abarcan todos los caminos de retorno, de primera vuelta, de llegada al verdadero objetivo. De este modo, el enemigo al que este fin de semana se ha crucificado en las principales localidades de las Islas Canarias, con decenas de miles de ciudadanos reclamando un modelo energético acorde a la potencialidad archipielágica (eólica, solar, etc.) y compatible con la indiscutible primera industria, el turismo, es José Manuel Soria como podía haberlo sido el ministro del ramo de diferentes siglas que hubiera estado en este instante al frente de la cartera de Industria (maletín del que cuelga, tan contradictoriamente doloroso en este caso, la hebilla del turismo, enfrentadas ambas realidades en un mismo bigote rasurado), quien sabe si con la connivencia de Coalición Canaria como en sus inicios se barruntó.

petroleo1Mañana el Tribunal Supremo resolverá las demandas planteadas por los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, así como aquellas presentadas por diferentes organizaciones y plataformas medioambientalistas y de carácter político, acerca de los informes técnicos para realizar las catas prospectivas que puedan resolver el entuerto de fondo: ¿Hay o no crudo de calidad en las profundidades oceánicas cercanas a las Islas Canarias? De ser así ¿Quién y cuando se encargará de su aprovechamiento? El negocio es la clave, ya que la dependencia energética española continuará existiendo en los mismos parámetros, toda vez que Repsol no es de titularidad pública tras su descuido a manos privadas a finales del siglo anterior. Y si el Alto Tribunal no detiene mañana esta carrera sin ganadores, las calles canarias seguirán rugiendo, con la complicidad en esta ocasión, como excepción perversa, de un gobierno autonómico desacreditado por muchos bandos. Por eso el pacifismo y la concordia se adueñan del recuento de participantes, y la manga ancha se presenta en el control de los recorridos y la protesta. También por eso diferentes miembros del Partido Popular de Canarias andan más desorientados de lo habitual, sin saber como salir de ésta en la que se han convertido, cuestión de tiempos y mayorías, en los malísimos de una película que, en los intereses que pululan sobre la indignación ciudadana, carece de héroes aunque algunos se sumen, corbata al bolsillo, a una población que nos lo quiere en primera línea.

Dicen que aquí sí PODEMOS hacerlo

A pocas horas de haberse finalizado el recuento electoral de los correspondientes sufragios para conformar el Parlamento Europeo, los macro análisis ya se han desgranado en forma, como de costumbre, bien de grandes titulares (no hay más que comprobar la caída de un 77% al 49% de porcentaje de votos de los dos grandes partidos desde las generales de 2011 a hoy) o de excusas redactadas a toda prisa por las maquinarias de comunicación de unos mastodontes que se saben artríticos pero posponen su ineludible cita con la rehabilitación interna (Cospedal destacando que España es, junto a Alemania, el único Estado de la UE donde gana el partido que gobierna es de mercadotecnia de grasas trans). Como consecuencia destacadísima no admite discusión que la irrupción de Podemos en estos comicios comprende el gran titular, tanto por haber alcanzado de la nada cinco eurodiputados como por su manera de enfocar, en poco más de tres meses, una campaña electoral ahondando en estrategias realmente transparentes y sobrias de financiación (crowdfunding parciales) y de comunicación (utilización real de los canales de social media, bidireccionalidad permanente, asambleas participativas, ausencias de liderazgo, etc.). A partir de ahí, y con los resultados más que a la vista, ponemos la lupa en batallas parciales que pueden haber arrojado las primeras balas este domingo europeista que, a pesar del interés de Partido Popular y Partido Socialista, no vio la desactivación de la maquinaria ciudadana con su arma más eficaz: la opinión democrática.

PabloIglesiasPodemos Madrid: Si tras el fracaso en las posibilidades de converger a estos comicios con IU hacía presagiar una débil capacidad de esta joven formación para alcanzar, a lo sumo, un escaño, los resultados finales han hecho sonrojar a cualquiera que en este país se dedique al negocio de las encuestas y las predicciones políticas. En ningún rincón del Estado han pasado desapercibidos, pero ha sido en Madrid donde su irrupción ha resultado demoledora. En el conjunto de la Comunidad han resultado la tercera fuerza política, superando en más de quince mil votos a Izquierda Unida y manteniendo esa posición en la mayoría de los municipios más poblados, incluyendo la propia capital, donde UPyD también ha hincado la rodilla. Pero no sólo en el centro peninsular se han erigido como principal fuerza hostigadora de “la casta”: Aragón, Asturias, Baleares y Cantabria también han apostado fuerte por esta renovadora opción. Queda por ver su capacidad para alcanzar estrategias conjuntas con otras fuerzas progresistas de cara a una hipotética participación en las elecciones municipales del próximo año, a donde se verán abocados a participar tras esta expectativa hecha carne politica, y si Pablo Iglesias no se verá superado por ese liderazgo que ha generado su propia imagen. Una cuestión es el deseo de participación colectiva y otra el insuperable torrente de vanidad política que provoca este torbellino. Su eficaz tandem con Juan Carlos Monedero, la otra cara de este intelectualismo académico, debe servir a Podemos de equilibrio para alcanzar la madurez como organización sin demasiados tropiezos a lo largo de esta ilusionante adolescencia.

WillyMeyerOtra oportunidad perdida: IU triplica presencia en la Eurocámara, cierto. Y roza el 10% de los sufragios, no hay duda. Pero da la sensación que su expectativa siempre choca con errores que, por su propia configuración analítica, por su materialismo histórico en vena, no debería cometer. En Asturias, por ejemplo, sus votos unidos a los de Podemos hubiera permitido a la izquierda real superar al PSOE, de igual manera que en, por ejemplo Canarias, territorios donde la formación socialdemócrata mantiene un respaldo histórico y ejerce actualmente tareas ejecutivas. En Andalucía, donde gobierna en coalición, se estanca por no decir que se deja avasallar electoralmente (duplicar sus sufragios en el actual contexto no puede significarse como heróico) por el efecto “Susana Díaz”, así como en Extremadura no han sido capaces de explicar al electorado su posición neutral frente al bipartidismo y sus menesteres. Una conclusión a primera vista puede encontrarse en un cierto rechazo de ciertas capas de potenciales electores en cuanto a sus formas, su aparato, su discurso: no dicen lo mismo que las dos grandes formaciones en decadencia, pero lo hacen desde los mismos púlpitos, utilizando similares estrategias de mercadotecnia, de publicidad de producto embotellado, y eso les entierra para muchos en el mismo pozo de desconfianza manifiesta.

BilduEuropaBildu viaja a Bruselas: En los mentideros de Euskadi se ha venido afirmando que, a pesar de encontrarse en frágil minoria, el PNV y el PSE estaban encantados dejando gobernar a Bildu tanto en la alcaldía de Donostia como en la Diputación Foral de Gipuzkoa, afirmando que su incapacidad para hacer política desde las instituciones acabaría destrozándolos solos. Pues parece que las predicciones han errado de manera atronadora: Bildu no sólo obtiene un eurodiputado, sino que en Gipuzkoa se ha alzado como primera fuerza política, además de mantener su preponderancia en todos aquellos municipios de las tres provincias vascas donde la izquierda abertzale ha destacado, antes y después de la desaparición de ETA, con o sin ilegalización de partidos.

CoalicionCanariaLas coaliciones cómodas se desmoronan: Mientras diferentes fuerzas progresistas no sólo han encontrado eficaces vías de entendimiento, así como mensajes unitarios para explicar a la ciudadanía sus planes reales de cara a Europa, uniones temporales de partidos clásicas, como la que han mantenido CiU, PNV y CC se han visto detenidas ante cualquier expectativa de aprovechamiento del suelo bipartidista. Resulta complicado, por ejemplo, que tres fuerzas enfrascadas en realidades antagónicas en sus respectivas Comunidades Autonómas sean capaces de movilizar más allá de sus afiliados. De este modo, ERC ha impuesto su carga de pureza en el mensaje en cuanto al proyecto secesionista en Catalunya; en Euskadi ya hemos visto como Bildu ha ensombrecido cualquier confianza de los peneuvistas; y, finalmente, Coalición Canaria, se ha derrumbado notablemente, a pesar de mantener una vía de confrontación muy fructífera electoralmente con el Gobierno Central a cuenta de las posibles prospecciones petrolíferas frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Pues a pesar de solicitar voz para detener los planes del ministro, precisamente canario, José Manuel Soria, el PP ha triunfado en el archipiélago, dándose datos tan desoladores para el partido nacionalista como el cosechado en la capital, Santa Cruz de Tenerife, donde actualmente ostenta la alcaldía: quinta fuerza política, duplicando sus papeletas tanto PP como PSOE, y siendo superado por IU y Podemos.

VidalQuadrasSi la derecha se divide… se queda igual: A diferencia de la movilización que se ha registrado en la zona izquierda del arco parlamentario, la irrupción de Vox para esta campaña electoral puede significar su primer y último impacto como marca electoral. El veterano político conservador Alejo Vidal-Quadras no ha podido revalidar el acta de eurodiputado que ostentaba tras su larga trayectoria en el Partido Popular, y el pírrico 1,5% de votos no parece buen punto de partida ni para atraer a nuevos votantes, ni mucho menos, para arrebatar protagonismo institucional al PP. Más allá de las encuestas, la campaña de crowdfunding donde solicitaban 250.000 euros para sufragar los gastos electorales y que recaudó 6 miseros euros le debían haber servido como la mejor encuesta para detener máquinas antes de chocar de frente con la realidad. Un discurso idéntico, cambiando el verde por el azul, no parece la mejor herramienta en estos tiempos.

marine-le-pen¿Quo Vadis, Europa?: La extrema derecha se impone en Francia, los euroescépticos hacen lo propio en Inglaterra, mientras en Dinamarca tanto de lo mismo, es decir, de espaldas a Europa. Por su parte, Estados como la República Checa o Polonia expresan más por lo que callan que por lo que dicen: la participación ciudadana en ambos países, por debajo del 20%. Hungria y Grecia siguen sonriendo ampliamente la intolerancia racista, pero en el segundo también es cierto que la izquierda real encuentra una victoria de mérito. Ya se solicitan elecciones anticipadas en varios países a tenor de los resultados hoy conocidos. Quo Vadis, Europa? En ocasiones, si bien el horror a la frivolidad historiográfica impulsa a no hacerlo, da la sensación que nos empeñamos en repetir la peor de las realidades. El comienzo de este siglo, sin ir más lejos, parece querer calcar algunos ingredientes del anterior al mismo ritmo anual. Confiemos que las próximas dos décadas nos lleven la contraria.

Si no quieres petróleo, toma dos barriles

El dominio colonial español terminó en Sudamérica hace más de dos centurias (exceptuando Cuba y alguna otra participación en el oligopolio expoliador de esas tierras), pero los sucesivos gobiernos nacionales parecen no haberlo digerido, tratando las decisiones de la región como matizables, pendientes del visto bueno de la metrópoli en base a los intereses de esas corporaciones que dicen ser españolas. Lo afirman, pero no lo son. Las más importantes, salvando el sector bancario, lo fueron, pero el primer gobierno de José María Aznar se encargó de tratarlas como mercancía en oferta para obtener, a corto plazo, relativa liquidez para las arcas públicas. Tan relativa, que ese llamado milagro económico sirvió fundamentalmente para potenciar dos vías: una cultura del despilfarro público que duró una década escasa, a golpe de auditorios, puentes, pabellones y otras sutilezas arquitectónicas que, a lo sumo, valdrán como cascarones apocalípticos cuando este páramo se seque por completo; y una puerta de entrada vitalicia para los responsables públicos cuando hacen sus maletas, en forma de generoso complemento de jubilación.

Por ahí se va entendiendo la dureza del ministro petrolero José Manuel Soria, encantado de conocerse embadurnado de oro negro, en forma metafórica, y quien no se sabe muy bien si es responsable de tres carteras ejecutivas o ha sido nombrado camarlengo del asunto extractivo, porque únicamente le conocemos declaraciones en defensa de las estrategias de Repsol; primero ha sido la batalla con el gobierno canario a cuenta de la idoneidad de montar, frente las paradísiacas playas de Lanzarote y Fuerteventura visibles monstruos prospectivos en las profundidades marinas y, ahora, se ha despachado con rabia incontrolable contra la nación argentina, como si en el valor de cotización de la petrolera privada le fuera la vida. Afirma, ya sin bigote siguiendo la estela de su diminuto creador, que la decisión es hóstil para Repsol y, por tanto, para España (sic). En esas estamos, con una estrategia de permanente confusión entre el interés público y privado, lo que ha llevado a movilizar a las más altas instancias comunitarias para que la nacionalización de la parte accionarial de YPF controlada por la corporación que preside Antonio Brufau no llegue a buen puerto.

Cabe preguntarse si el beneficio nacional derivado del pago del correspondiente Impuesto de Sociedades por parte de Repsol merece la atención y defensa privilegiada de la que el ejecutivo presidido por Mariano Rajoy hace gala. O, de manera menos disimulada, qué enorme peso publicitario sustenta las principales cabeceras periodísticas para ir todas a una en la defensa de su patrocinador con un discurso que parece emanado de una especie de brainstorming unidireccional. Más aún, el maná de las páginas pares coloreadas que refulgen a diario en el papel periodístico llega, se supone que vía IPF, hasta el pensamiento editorial del principal medio escrito argentino, Clarín, que se queda emitiendo una aséptica descripción de los hechos para no contaminar el crudo de sus intereses.

Mientras en el entorno de la Europa comunitaria, a imagen y semejanza del modelo norteamericano de liberalización económica, se ha empujado al desprendimiento paradójico de las empresas rentables de propiedad estatal, con la excusa de la libre competencia y otras zarandajas, los Estados latinoamericanos de mayor empaque en sus índices de crecimiento y desarrollo vienen manteniendo la línea de actuación meridianamente contraria. Se recorre, por tanto, el camino inverso. Durante la década de los noventa del siglo pasado, el continente americano se abalanzó a una algarada privatizadora a instancias del influjo de las barras y estrellas y, en ese despedazamiento del esfuerzo colectivo, Carlos Menem se alzó como uno de los titiriteros más fieles. En 1992, procedió a privatizar la emblemática empresa de hidrocarburos nacional, símbolo del enriquecimiento argentino y una de las primeras petroleras fundadas en el mundo, allá por 1922. Ahora, la política sudamericana se ha percatado que el viaje fue ruinoso y que el control de su destino se había tornado miseria y esqueleto. En el mundo de las extracciones petrolíferas, Brasil o Venezuela, potencias mundiales en el sector, mantienen emporios de capital público para, de este modo, revertir los beneficios de la actividad en otros sectores estratégicos de financiación prioritaria. España, en cambio, supedita su enclenque artilugio estatal con las migajas derivadas de las cotizaciones vía impuesto de sociedades y otras regalías, lo que nos ha conducido, en tiempos de ausencia de bonanza, a imponer una dieta anoréxica en sanidad o educación a la velocidad del rayo. Porque lo cierto es que el planeta está al revés desde épocas de la conquista: Los Estados con mayor concentración y reservas de materias primas indispensables para el acontecer desarrollista de la economía suelen coincidir, no por casualidad, con geografías inestables y desigualdad permanente. Mientras, el yermo norte se abastece de la colonización productiva, primero en forma de materia objeto de valor directo (oro, plata, etc.) y ahora vía herramientas de manufactura enriquecedora.

La nacionalización de YPF, repartiendo el accionariado entre el Gobierno central y las provincias en las que se encuentran las extracciones más jugosas, obedece, en palabras del gobierno argentino, a la comprobación de una ausencia notoria de inversión real por parte de la petrolera en el país sureño, mientras que la generación de beneficios se ha disparado exponencialmente. De manera particular, acusa a la petrolera de ocultar importantes descubrimientos de nuevas reservas con el objeto de ampliar subrepticiamente ese lucro. Estando en su soberano derecho de ejecutar un proceso expropiador por su valor estratégico para el desarrollo de la nación, resulta llamativo ese tono arrogante que se sigue manteniendo a este lado del bravo río atlántico, valorando de forma unilateral el precio del porcentaje nacionalizado (10.500 millones de euros), cuando la competencia de dicha estimación, es sabido, queda en manos del arbitrio que se establezca por el ejecutivo argentino.

José Manuel García-Margallo, ministro de asuntos exteriores español, ha asegurado que, con esta decisión, Argentina se ha dado un tiro en el pie. Quizás mezcle las informaciones, producto de la edad y la rabia incontenida, y no recuerde que esos despistes con olor a pólvora son más propios de la realeza y sus vástagos por tierras ibéricas y africanas, pero que una nación desarrollada y, en varios episodios de la etapa contemporánea, refugio y sostén de nuestro país, no puede recibir amenazas de un gobierno, que se encuentra legitimado por la elección de sus conciudadanos, no de multinacionales de propiedad diversa y repartida allende los mares. En definitiva, que si Repsol quería petróleo a precio de gaseosa, toma dos barriles.

La guerra del petróleo canario (III): Análisis del RD 547/2012

En el Boletín Oficial del Estado, ayer miércoles, se publicó finalmente el Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, por el que se convalida el número 1462/2001 que trata acerca de los permisos de investigación de hidrocarburos en esas nueve inmensas parcelas oceánicas frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura.

El contenido en sí viene, a grandes rasgos, a convalidar la autorización otorgada hace más de una década a Repsol y sus empresas colaboradoras (Woodside Energy Iberia S.A. y RWE Dea AG) para realizar catas y extracciones en las áreas delimitadas, así como a subsanar el contenido del artículo 2. No obstante, del espíritu de la redacción emergen ciertas urgencias por cerrar vías de fuga para que el procedimiento no modifique las líneas maestras que llevarán, si la presión ciudadana e institucional de las islas afectadas no lo remedia, a entregar un inmenso botín a una corporación privada sin apenas réditos al Estado y asumiendo éste y sus habitantes todos los riesgos derivados de una operación extractiva de inmensa complejidad.

Lo más llamativo deriva de la consideración acerca de esa modificación en el articulado. Así, en la exposición inicial se afirma que se introducen determinadas modificaciones en el artículo 2 que flexibilizan en programa de trabajos pero no constituye en ningún caso una modificación relevante al mantenerse invariables tanto las obligaciones materiales como las inversiones. Veamos la redacción original de los apartados c) y d), así como su texto refundido en el nuevo RD:

c) Tercer año: Perforación de un pozo exploratorio hasta una profundidad aproximada de 3.500 m y realización de trabajos geológicos y geofísicos, siendo la inversión mínima para este tercer año de diez millones de euros.
d) Cuarto, quinto y sexto año: Perforación de un segundo pozo exploratorio hasta una profundidad aproximada de 3.500 m y realización de trabajos geológicos y geofísicos, con una inversión mínima durante estos tres años de diez millones de euros.

Como decimos, ambos apartados se concentran ahora en un único punto, que queda tal que así:

c) Tercer, cuarto, quinto y sexto año: Se perforarán al menos dos pozos exploratorios de 3.500 metros de profundidad aproximada y se realizarán estudios geológicos y geofísicos, todo ello con una inversión mínima de veinte millones de euros.

De la reflexiva lectura de ambos textos sí que se pueden extraer diferencias sustanciales. La primera, y más preocupante, es relativa al número de pozos exploratorios a perforar en las profundidades canarias. Si en la redacción original se hablaba de dos catas entre el tercer y sexto año de vigencia de las correspondientes autorizaciones, en la actualidad se recoge que, como mínimo, se realizará esa cantidad de pozos, abriendo la posibilidad a más operaciones extractivas a una profundidad de 3.500 metros, es decir, la distancia de un Teide invertido. No hace falta recordar los riesgos implícitos en una operación de esa complejidad, en un entorno oceánico a dos palmos de tierra de la costa norteafricana y de las islas orientales del archipiélago canario.

La modificación del texto legal resulta incomprensible, ya que el contenido del propio Real Decreto 547/2012 explicita que la sentencia de 24 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo por la que se resuelven los recursos contencioso-administrativos 39/2001 y 40/2001 contra el mencionado Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre, anuló los compromisos y programas de investigación especificados en los apartados c y d del artículo 2 de dicho real decreto, correspondientes a los años tercero a sexto, por no haberse determinado expresamente las medidas de protección medioambiental a que se refiere el artículo 18.3 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. Si éste es el motivo aducido para la modificación, queda por ver la subsanación adecuada cara a asegurar el equilibrio mediambiental de la zona. Pues bien, el ministerio incluye un bis al artículo 2 que, resumiendo, viene a incluir una serie de obligaciones al concesionario en lo que respecta a planes de contingencia medioambiental. Perfecto, muy decorativo. Pero ahí no radica el quid de la cuestión, ya que el Ejecutivo lo que hace es aferrarse al artículo 67 de ley 30/1992, de Régimen jurídico, para convalidar el acto anulado y subsanar los vicios. En la jerga política, impedir que se abra un nuevo procedimiento de concesión y Repsol pueda quedarse sin el chollo apalabrado primero con Rodrigo Rato y, en la actualidad, con el canario Soria.

En definitiva, este Real Decreto aprobado a toda mecha para no perder ni un segundo petrolero no cumple otra función más que la citada y, por supuesto, heredar el contenido del reglamento 1462/2001. Entre sus asuntos más llamativos, los aficionados a la cartografía pueden entretenerse detectando en el mapa la longitud y latitud exacta de las nueve áreas de permiso, que entre todas ocupan la misma superficie que el conjunto terrestre del archipiélago. Este dato tiene suma importancia, ya que el ministro de industria aseguró a principios de semana que las plataformas petrolíferas se establecerán a una distancia mínima de 60 kilómetros de la costa canaria, mientras que el Presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, afirmó ayer, durante el debate del estado de la nacionalidad, que esa aseveración era fraudulenta por completo, pudiendo ubicar las moles extractoras a poco más de diez kilómetros de la paradisíaca arena de Fuerteventura.

Las administraciones locales se han sentido profundamente maltratadas en todo este procedimiento, sobre todo a raíz de la mofa contenida en el Real Decreto, de la forma que sigue: por último, instruido el procedimiento, se ha cumplimentado el trámite final de audiencia, cuyas alegaciones y comentarios han sido convenientemente valorados. Los correspondientes presidentes de los Cabildos afectados afirman que no han podido plantear alegación alguna, siendo emplazados el martes pasado a una reunión al día siguiente por la mañana en Madrid como única fecha posible, sin tiempo ni capacidad para organizar el expediente de argumentaciones contrarias. El sábado 24, la ciudadanía canaria saldrá a la calle a mostrar su frontal rechazo a toda esta codicia dispuesta a destruir el futuro del archipiélago. Tal vez esas alegaciones sí tengan que ser valoradas.

 

La guerra del petróleo canario (II)

Imagen de hoy, a poco de haber sido aprobado el Real Decreto por el que se autoriza a la compañía privada Repsol a comenzar las prospecciones petrolíferas necesarias para buscar y extraer el crudo que se encuentre en el subsuelo marino existente en aguas territoriales de Canarias. Como pueden comprobar, el almuerzo-conferencia (organizado por Nueva Economía Forum) que se celebra está patrocinado, casualmente, por la empresa beneficiaria de dicha concesión y a quien se agasaja, con nombre y apellidos, es al ministro canario José Manuel Soria, de quien se pensó que su nombramiento reposaba en el supuesto conocimiento del sector turístico pero de quien se va comprobando que tira más por la primera de las carteras acumuladas.

El ex vicepresidente del gobierno autonómico ha sido indiscutible protagonista de la aceleración de este proceso que parece no tener marcha atrás. Lo que ha consistido en una rumorología intermitente durante los últimos años en el archipiélago ha encajado todas sus piezas en un abrir y cerrar de ojos, y todo por el camino de la sordera social. Dicen que tras esta velocidad rotunda a la hora de abrir la veda del negro barril se aprecia un ánimo vengativo contra el ejecutivo autonómico presidido por Paulino Rivero (Coalición Canaria); Soria no disimula su rencor por la ruptura del pacto de gobernabilidad que sustentaba con los nacionalistas en la anterior legislatura para ver como las huestes del paulinato reiteraban su manida estrategia de abrazar al gobierno central, en ese momento en manos socialdemócratas, con el propósito de arañar una relación más sensible para con la Comunidad Autónoma. Esa quiebra de empatía personal y política se agudizó tras las pasadas elecciones locales y autonómicas, en las que el Partido Popular, con el ahora ministro como cabeza de lista, obtuvo la mayoría simple pero sufrió un pacto en cascada entre socialistas y regionalistas para desbancar a la formación conservadora en todas aquellas instituciones en que no gozara de representatividad absoluta.

Esta guerra abierta no para de disparar mensajes envenenados; unos, los que provienen del Ejecutivo central, justifican con argumentos de lo más variopintos la conveniencia y oportunidad del proceso extractivo inmediato, mientras que los emitidos por el entorno del Gobierno de Canarias insisten en la irremediable destrucción del entorno con esta decisión y, por tanto, el riesgo inmediato de ver deteriorada, implacablemente, la principal industria del archipiélago, el turismo. En ese sentido, algunos turoperadores poderosos, como el alemán TUI, ya han advertido su huida inmediata de Canarias en caso de que la industria petrolera pose sus plataformas extractivas a vista de las playas del noreste de Fuerteventura y Lanzarote, algunas dentro de las más valoradas a nivel europeo. Petróleo y turismo no son buenos compañeros de viaje, advierten expertos en la materia, mientras el ministro Soria utiliza argumentos ciertamente exóticos para desterrar esta afirmación, asegurando que en paraísos de sol y playa, como Brasil, ese paisaje está más que asimilado y ambas industrias no se han resentido en sus expectativas económicas. Sea como fuere, resulta incomprensible la estrategia del gobierno canario, no caracterizada precisamente por el respeto al medio ambiente (puertos de Granadilla y Arinaga, tendidos eléctricos aéreos, inexistencia de una apuesta por economías sostenibles y energías renovables, etc.), y que se viene empeñando en los últimos días en hacer las paces con aquellas entidades no gubernamentales que han sido opositores tradicionales de la política autonómica, desentendida con el entorno y víctima de masivas movilizaciones ciudadanas por algunas decisiones controvertidas, con tufillo a interés particular en las mismas. Sin ir más lejos, Paulino Rivero se ha reunido en estos días con responsables de Greenpeace para acordar estrategías comunes a la hora de paralizar el proceso petrolero que resulta inminente, y es todo tan sospechoso. En primer lugar, porque resulta difícil creer que organizaciones con un recorrido en la defensa del ecosistema tan abundante se dejen utilizar de manera notoriamente burda y, para finalizar, porque no se disimula que en la pataleta autonómica hay intereses que nada tienen que ver con el amor a la naturaleza.

Con dos mil millones de barriles por banda, cien mil millones de dólares a toda vela, el crudo depositado en las profundidades norteafricanas no van a reposar su inevitable futuro de refino por mucho tiempo. Se estima que con esa tasación mínima de reservas (que podría aumentar cuando comience la actividad de extracción y añadir bolsas de gas a la cesta de la compra), España cubriría el 10% de sus necesidades diarias de abastecimiento. Lo que queda por sufrir supone el torpedeo de cinismo, demagogia y mascarada para dilucidar quien obtiene mayor rendimiento económico de la negra tarta. El propósito real del Gobierno de Canarias es retroceder el procedimiento reglamentario de concesión para disponer del tiempo suficiente que supone montar una especie de UTE petrolera, un consorcio que asegure rendimientos participativos a la Comunidad Autónoma, negocio de refino a la empresa CEPSA (sin capacidad tecnológica para afrontar las extracciones, pero con una refinería a pleno rendimiento ubicada en Tenerife) y pastel industrial a aquella corporación que se avenga a cumplir el papel de succionador oficial de las profundidades archipielágicas. Soria dice que no hay tiempo, que estamos ante un huevo del que pretenden paladear su cruda yema dos hambrientos comensales, y uno de ellos (Marruecos) ya ha untado el mendrugo; Rivero afirma que, mientras lidere el gobierno de las Islas, no emergerá ni un barril de las profundidades canarias. La negra historia reserva nuevas entregas.

La guerra del petróleo canario

Cuando el Partido Popular alcanzó la Moncloa a finales de noviembre de 2011, uno de los pocos barones territoriales que alcanzó cartera fue el Presidente de los conservadores canarios, José Manuel Soria (sí, ese señor que, como pueden recordar, mantiene un inquietante parecido con José María Aznar pues, salvo en la considerable desproporción de centímetros verticales, hasta en el mantenimiento y supresión radical de mostacho conserva el ansía de clonación con el ex Presidente). Nada más y nada menos que la estratégica cartera de Industria, Comercio y…. Turismo, lo que alimentó la creencia que más que una confianza gestora se trataba de una venganza para con el insurrecto gobierno autonómico canario, sostenido a pachas por la aséptica formación Coalición Canaria (CC-PNC) y el Partido Socialista de Canarias (PSC-PSOE). De este modo, el frágil pacto de gobernanza en el archipiélago se vería más bombardeada, si cabe, por un líder de la primera fuerza en escaños en el Parlamento canario que, además, se convertía en la máxima autoridad en cuanto a la gestión de la primera (y única, a nivel macroeconómico) industria regional.

Soria, curtido en las máximas responsabilidades políticas en las Islas (Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, Vicepresidente del Gobierno y responsable de Economía y Hacienda en la anterior legislatura, etc.), tiene como mayores logros públicos estar implicado en un turbio asunto de trato de favor al empresario nórdico Bjorn Lyng (Caso Salmón) a cambio de viajes y agasajos que, al más puro estilo Camps, quedó archivado casi como si el popular fuera víctima de una trama entre periodistas y gentes de mal vivir para incriminarle (música de El Equipo A) por un delito que no había cometido; y haberse empeñado en hacer ondear (véase derecha) en la Plaza de Santa Catalina (Las Palmas) una bandera insular que ríase usted de las miserias textiles rojigualdas de Plaza Colón. Bandera que, debido al viento que azota esa zona marítima de la capital grancanaria, cuesta un ojo de la cara, así como personal permanente, su patriótico mantenimiento.

Nada más tomar posesión del cargo, Soria hizo un veloz paripé visitando, en primer lugar, su tierra de origen para tratar (y restregar su poderío por la frente de su antiguo socio de gobierno y Presidente de la Comunidad Autónoma, Paulino Rivero) urgentes asuntos de índole turístico como la rehabilitación de la planta hotelera, tasas aeroportuarias, etc., pero, a la velocidad del rayo, demostró que sentía más querencia por el primero de sus concentrados títulos ministeriales que por el tercero grabado a fuego y oro en su cartera. De este modo, y sin previo aviso, se descolgó con un inusitado interés por un asunto que únicamente circulaba en forma de intrascendente rumorología por la actualidad canaria: la posible existencia de bolsas de petróleo al este del archipiélago, concretamente en los fondos marinos frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Tanto fue así que afirmó, sin anestesia informativa, que en las profundidades canarias existía crudo abundante y de gran calidad. ¿Cómo podía saber algo así el Ministro, si lo más cerca del agua que se le suponía era pescando piezas a contracorriente, en nórdicos riachuelos?. La opinión pública, tan desmemoriada, había olvidado que, en 2004, la compañía ahora muy privada Repsol obtuvo permisos para realizar estudios geológicos y geofísicos con el objeto de valorar la existencia de bolsas de petróleo en la zona indicada, durante seis años. Como fuere que los estudios a realizar en el lecho marino no fueron acompañados de preceptivas medidas medioambientales tendentes a conservar la seguridad del ecosistema, diversas instituciones públicas de Lanzarote, gobernadas por el PSOE, consiguieron paralizar el proceso, lo que no evitó que la compañía presidida por Antonio Brufau detectará la más que probable existencia de unas reservas equivalentes a mil millones de barriles, lo que traducido a capital especulativo de hoy supondría unos ingresos de más de cien mil millones de dólares, sin contar con la posible existencia de bolsas de gas.

Paralizado el proyecto durante la etapa de gobierno socialdemócrata en el Ejecutivo central, ¿Qué mejor momento para sacarlo del cajón de los jugosos recuerdos que con el regreso de los siempre leales populares y poniendo al frente a uno del terruño a devastar? No hay que olvidar dos elementos que se quedan rezagados frente a la codicia petrolera que supondría sacar a flote esa cantidad de crudo en un momento de fragilidad en su distribución, dependencia de Estados que no están por la labor de bailar al ritmo occidental, y escasez de reservas: Petróleo y turismo no son buenos compañeros de viaje, así como nadie puede asegurar que las prospecciones sean realizadas exclusivamente en aguas territoriales españolas, que no haya que pinchar en hueso Alauí. Para tal fin, Mariano Rajoy ya se encargó de enmascarar en la tradicional visita de cortesía al vecino marroquí como primera parada de su labor diplomática esta trascendental cuestión. Ahora toca encajar el puzzle de intereses que desembocarán, de una u otra manera, en plataformas permanentes frente a paradisíacas costas que quedarán, ipso facto, despobladas de turistas.

En esa guerra ganada y perdida (a partes iguales y según el pedestal desde el que se mire), las fichas se han venido moviendo, enmascaradas, desde más posiciones que la que ha mantenido el Presidente de los populares canarios con ansias de jeque atlántico: por mucho que se empeñe el Ejecutivo regional en disfrazarse de convidado mugriento y despistado, el Presidente del archipiélago ha venido luchando en incomprendida soledad (con el desprecio, ahora entendido, de su adlátere Soria por aquellos tiempos) con obtener el reconocimiento internacional a la consideración de aguas archipielágicas al conjunto de aquellas que comprenden el territorio canario como un todo, con el pretexto de poder controlar la navegación marítima entre islas y evitar, de este modo, que vertidos y acciones contaminantes más allá de las 200 millas territoriales quedaran impunes dentro del espacio interinsular. Puede ser, quien sabe, pero un Gobierno que ha venido despreciando la fauna marina hasta el extremo de modificar el catálogo de especies protegidas con tal de desterrar la protección de los sebadales y sus moradores frente al municipio de Granadilla (Tenerife), y obtener vía libre para construir un macropuerto de mercancías de dudoso interés general, no parece el más sensible a la hora de guerrear a pedrada batiente por la limpieza cristalina de sus alejadas aguas entre una isla y otra.

Como fuere que la concesión de nuevos permisos para finalizar los correspondientes estudios y proceder, si resulta rentable, a la explotación del negro maná abisal, parece inevitable, el Gobierno de Canarias se aferra a un nuevo argumento que chapotea entre la demagogia de máxima repugnancia y un contraataque de calculado suicidio. En lugar del tradicional Si no puedes con el enemigo, únete a él, el Ejecutivo regional ha optado por la mejorada versión Si no puedes con el enemigo, fabrica uno nuevo y alíate con él. La Ley 34/1998, del séctor de hidrocarburos, establece las competencias para otorgar autorizaciones en casos como el que nos ocupa en su artículo 3 y, cuando no supera el territorio de una CCAA, está por ver quien decide en última instancia. Asimismo, este análisis hay que enlazarlo con lo dispuesto en el artículo 8, y aquí es donde se aferran Rivero y los suyos para discutir la concesión ad hoc y sin rival de Repsol por parte del Gobierno central. Si bien afrontar los correspondientes estudios, así como la potencial actividad extractiva a profundidades notables no está en manos de cualquier compañía petrolera dada su compleja infraestructura, la administración regional se plantea encontrar un socio tecnológico que le permita la creación de un consorcio mixto, asegurándose un notable porcentaje de los beneficios derivados del negocio petrolero.

En esa estrategia juega un papel fundamental el apoyo de la opinión pública canaria, y para tal fin se ha ideado una estrategia basada en equiparar la posición del Ejecutivo regional con el denominado modelo noruego, por el que pingües porciones de la tarta petrolífera que emana cada día de las plataformas del Mar del Norte nutren las arcas públicas del Estado escandinavo, destinadas por la normativa estatal a sustentar el avanzado modelo social que lo ha colocado a la vanguardia de los países modernos. Lo que no están interesados en recordar es que para implantar un modelo noruego, en primer lugar, hay que ser Noruega, y no es el caso. Un territorio a la cabeza nacional en niveles de desempleo, precariedad en su sistema sanitario y educativo, fragilidad del tejido productivo, adulteración de los instrumentos de equilibrio económico para paliar su lejanía e insularidad (Régimen Económico y Fiscal, Zona Especial Canaria, subvenciones comunitarias, etc) y arraigado clientelismo político, no cambia de la noche a la mañana por la recepción de millones de petrodólares submarinos; al contrario, y con los dolorosos antecedentes que jalonan la historia de Canarias desde su invasión a finales del siglo XV, es fácilmente pronosticable un aumento de aquellas características provenientes del linaje colonizador que, desembocadas (y desbocadas) en una aristocracia política con una hoja de servicios desierta en su apartado de compromiso social, no temblarán en cambiar el gorro de paja por el turbante si la ocasión lo requiere. Sólo queda, por desgracia e inevitablemente, sentarse en la arena y confiar en que no nos impregne esa codiciada marea negra.