Interdicción de la arbitrariedad

InterdiccionArbitrariedad2Una vez dada por finiquitada la crisis, esto es, asegurada la recuperación de capital, control de salarios y destino de los trabajadores por parte de los perennes altos del curso de la Historia, se nubla una pantalla que emitía créditos convenientemente confusos y el servilismo político ha acelerado su inclinación, presto a desplegar nuevos cachivaches a un lado para despistar a la hora del saqueo. Ahora toca el turno a mansalva para que la inimputabilidad cotice en mercados de aforamiento primario, la justicia no mire para ningún lado allende las fronteras, o las brechas socioeconómicas y de oportunidades, ya de por sí insorteables, se eleven como vallas de expulsión ciudadana.

¿Y qué nos queda? Pues por ahora el pataleo recurrente, cotidiano, con más o menos éxito de afluencia en función del grado térmico de indignación que se produzca por cada una de las situaciones que nos arrojan al plato, una vez hecho bola incomestible. Y en esos encuentros, habitualmente dominicales, salimos adornados de cartelería variada desde la que dejar constancia al semejante que, al otro lado de la fotografía o la actualidad televisada, opta por amodorrar su derrota, a ver si con algún teorema impactante conseguimos que deje el chandal de interior y se sume al jogging de protesta colectiva. En esas calles que nunca fueron nuestras, goza de gran éxito frente al micrófono en directo reclamar que se cumplan los derechos más vistosos que los padrastros constitucionales dieron por buenos redactar, darles cuerpo, pero con sus sistemas nerviosos y reproductivos totalmente desabilitados. El acceso a la sanidad pública y universal, a una vivienda digna, etc., son calificados, en época de privatización masiva y de segregación social sin parangón, como “principios programáticos”, meras buenas intenciones que el legislador dejó plantadas por si el tiempo y los azares tenían a bien suministrarles algo de abono normativo, aunque en realidad no han sido más que “frustraciones constitucionales”; aspirar a que lo que la mayoría considera pilares de nuestro Estado actualmente asocial no se quede en unos pocos ladrillos presos de aluminosis, parece dormir el sueño de los injustos.

InterdiccionArbitrariedad2La Constitución española está a buen recaudo. Lejos de las garras ciudadanas, se entiende.  No hay más que recordar como se enarbola una supuesta inmutabilidad permanente en la cúspide del ordenamiento jurídico mientras por sus puertas traseras se maltrata el mismo, con modificaciones en la madrugada de los tiempos en los Estados contemporáneos (artículo 135 y su entreguismo deudor al capital con prisas). Por ese motivo, no parece el camino más recto para protagonizar los cambios necesarios y deseables aquél que pretende transitar a tumba abierta, con escasa visibilidad y lleno de obstáculos. En cambio, existe un apartado constitucional que no es receptor habitual de visitas ni menciones, y desde el cual se sostiene, con repugnante elasticidad, el trayecto contrario al que su composición jurídica pretende guiar: la interdicción de la arbitrariedad (artículo 9.3).

Este principio supone la prohibición expresa para los poderes públicos, entendidos éstos en el sentido más amplio de la terminología legal y su correspondiente traducción vía pronunciamientos del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, de actuar de manera caprichosa, dañando el principio de igualdad de trato frente a los administrados. Dicho así resulta obvio, pero no por ello es menos asombroso que no se tarde apenas unos segundos para recorrer decenas de acciones políticas que patean sin pudor este mandato principal recogido en nuestra Carta Magna.

InterdiccionArbitrariedad3Sí, por ejemplo y de manera destacada, éste es uno de ellos: los indultos. El derecho de gracia sin justificación social ni piadosa que conculca penas a quienes no sólo tienen, como el resto de ciudadanos, la obligación de conocer la ley sin ser eximidos de ello por desconocimiento, sino que por notoriedad pública deben desarrollar un impecable ejercicio profesional, reforzado en esa posición preeminente en la escala capitalista en la que dicen jugar sin cartas marcadas. ¿Y qué decir del proceso de desentronización, entronización, aforamiento y blindaje del linaje Borbón en estos últimos días? Algo de arbitrio sí que parece rezumar la manera en que desde el bipartidismo se otorga un aurea especial al abdicado y su regia plebe, con tal de que los juzgados queden a enorme distancia de su trayectoria.

Estos detalles sólo son algunos artificios que pueden destapar en su mente las interminables explosiones de lucidez que le llevarán a recordar que frente a tanta y tanta desigualdad legislativa se encuentra la mencionada prohibición, sorteada a diario, ignorada por muchos.

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El jurisionista

Dadme una ley y removeré el sistema. Eso, mucho antes de afrontar una sala decorada de antemano para acoger una nueva sesión de prevaricación acelerada, debió programar el desterrado juez Elpidio Silva. Glosado y hecho. Hay que resultar un hábil prestidigitador del contorno procedimental más sugerente, haber recorrido todas sus eróticas curvas normativas, para presentarse como ese Merlín legislativo frente al desprecio de un juez que ni el mismo Brassens hubiera sido capaz de parodiar angustiosamente, con sus mandobles despreciativos a todo aquello lejos de su áltiva concupiscencia magistrada, y salir desde la primera sesión investido de una vitola dominadora, un ave no fénix jurisionista.

Elpidio1Es de una evidencia primaria que un juez que tiene sobre su estima y su esfuerzo haber obtenido plaza en primera posición de entrada maneja con versatilidad de brújula hasta la más recóndita servidumbre de paso  en los estrechos pasajes del derecho procesal. No obstante, el binomio Elpidio Silva-Conde Pumpido, supera cualquier mina antipersona que el sistema, encarnado en esta fase represiva en parcialidad togada, pudiera prever. La renuncia a su defensa, el ruego por parte de ésta de ser liberada de una carga inasumible por diferencias irreconciliables en la estrategia judicial, y la pronosticada suspensión, destartalada la calvicie desmelenada de Arturo Beltrán, ha situado el futuro inmediato de esta renovada farsa de dependencia de poderes en algo que sólo puede desembocar en granuloso espasmo social e institucional. Que a la vera, a la verita suya, María Tardón, ex consejera de Caja Madrid, se haya sentado sin propósito de recusar su mullido asiento ha aumentado los grados de la estufa que calienta un desenlace que, a buen seguro, va a marcar un hito jurisprudencial digno de ser recordado en las futuras facultades de Derecho, en aquéllos tiempos aún por llegar en los que uno, dos y tres no sean seis sino la suma sin resta.

Elpidio2Con el doble estigma que fue posado sobre los hombros de Baltazar Garzón debiéramos haber aprendido que de nada vale enaltecer los principios básicos de un supuesto Estado de Derecho cuando éstos, caso de la separación infranqueable de los poderes que lo conforman, se quedan en dogmas sin fe, sin ley y sin justicia. Segundo juez que le pone el cascabel al felino, segundo que sale de su selva para ser arrastrado tras los barrotes del zoológico de la democracia con adiós. En el primero de los casos, los medios de comunicación de amplio espectro, paradigmas de aspiración a convertirse en ese cuarto poder que no marca distancias sino que las estrecha, insistieron en que rompiéramos la yema sin probar la clara: rumorología de deficiencias en su labor instructora en casos de especial relevancia, con el resultado de impedir el enjuiciamiento de criminales peligrosísimos; ínfulas de star system agobiado por las estrecheces de su sala; sueños de grandeza política desde que se dejó abrazar por el electoralista oso socialdemócrata…. pero, ¿Quién puede recordar cuales fueron las consideraciones jurídicas que justificaron su punto y apartado de la carrera con rugoso ídem? Pues ahora estamos en las mismas, en la versión 2.0, mejorada por ambas partes en su refinamiento antes de descender la ladera del campo de batalla. El juez Silva, con 30 cañones de condena por banda, micro en pompa y a toda mecha, viene desplegando la máxima de que en el amor y en la guerra vale todo. Y más. Sus habilidades dilatorias trascienden el legítimo interés de coronarse eurodiputado en los comicios más previsiblemente fragmentados del largometraje, toda vez que resultan un hito argumental más para alcanzar su salvación y la de la justicia. Acercarse a la lejanía de sus inquisidores también aleja la guillotina de nuestros gaznates. Quedan unas cuantas palomas, a buen seguro, por salir de su chistera.

Sobre-Cogedor

A man holds a picture of former People's Party (PP) treasurer Luis Barcenas investigated for bribery during a demonstration against austerity measures and political corruption in ValenciaSemana a semana el nivel de corrupción que vamos conociendo es proporcional al volumen de nuestras exigencias ciudadanas. Las respuestas, las consecuencias, resultan tan sobrecogedoras como la ausencia creciente de repercusiones en aquellos delitos a plena luz del día, políticos y penales, que nos han llevado a pisar la calle sin abrigo, expuestos al desprecio de irresponsables políticos y la amenaza violenta de quien ya parece no hacer el paripé de estar para servir y protegernos. Ya no es que se atrincheren en la casa común, que nos adviertan de consecuencias desagradables por tomarnos en serio el cuerpo legal de derechos y libertades, su osadía no se reduce a eso; directamente, desde escopetas de caza menor, se dedican a compararnos por casualidades onomásticas con animadores del quebranto constitucional, como si las pistolas rupturistas fueran equiparables a su contrario, a la llamada al cumplimiento riguroso de, al menos, ese articulado sacrosanto que nos dicen inmutable salvo para imponernos ladrillos de déficit o entregarnos a los brazos raquíticos de una Bruselas en llamas.

Cuanto más se reniega de esa entelequia que son las dos Españas a imagen y semejanza de todo lo que suene a complaciente bipartidismo, a la placidez de lo dual, más se gesta un contigo o contra mí. Aunque las mareas inunden las avenidas, a pesar que las encuestas certifiquen un descrédito galopante de todo aquello que tenga ínfulas institucionales, contestar a algunas cuestiones telefónicamente, al calor del piso con las facturas en orden, no corresponden con una voluntad proporcional de enfrentar cambios que exijan sacrificios equivalentes. Si hoy no salimos al encuentro de la honradez, mañana tampoco lo haremos por algo tan peregrino como introducir un sobre en una urna, menos aún si se empeñan en convocarnos cuando las hojas han comenzado a batir en retirada. Y así, con la tranquilidad que otorga haber invertido en la desidia y el conformismo ajeno, se sentarán a esperar la colecta canjeable por sillón, dietas y coches.

Seguramente, a este lado de la calle, no se nos puede ni pasar por el inconsciente el escenario en que todo permanezca inmutable durante tres años, a la espera de tiempos catastróficos. Estamos convencidos que todo esto sirve de algo, que la Historia no puede ser cruel de manera constante, violenta con los golpes recibidos en las mismas mejillas, si bien la memoria no invita al optimismo; una gota no hace océano pero hay millones de ellas que no sólo vienen buscando su reagrupamiento sino que, por sí solas, van inundando la esperanza colectiva con aventuras heróicas, plenas de firmeza en el convencimiento de que los siguientes pasos valdrán la pena ser transitados, sin huellas debajo que marquen la ruta.

Manifestacion23F2Claro que estamos antes un golpe de Estado, pero no ante una coincidencia de violentas fechas. El actual levantamiento no ha dispuesto de armas y uniformes, ni falta que hace. Les ha bastado unos millones de papeletas electorales en el contexto idóneo. ¿Quién nos defiende ante la toma de nuestra patria? Nosotros, como de costumbre. ¿Quién si no? Esa paciencia infinita que mostramos se va reposando en el ánimo de los sobrecogedores, que continúan disponiendo de lo ajeno a sabiendas que somos gente de orden, bien educada, y que tenemos un límite. ¿O no?

 

Protestando sin pisar la calle

Para el que aún no lo sepa, este sujeto con ese aire entre bonachón y triste, al estilo Moratinos, es el actual Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Un hombre de partido. Tanto, que milita por la derecha desde los tiempos de AP, pisando poco lo que comunmente llamamos un oficio, y enlazando gobiernos civiles, secretarías de Estado y actas de diputado ramplón desde aquellos majestuosos tiempos en que dicen que el pueblo español refrendó una Constitución que garantizara un marco democrático de relaciones en esta patria peleona. El hermano viejuno del lozano Alberto Fernández, líder hasta hace bien poco de los populares catalanes, pudo haber sido un buen estudiante de Ingenieria Industrial, que es de la cosa universitaria en la que recibió licenciatura, pero de la rama del Derecho no parece colgarse ni para hacer piruetas con cierta armonía. Hoy ha anunciado la finalización de un sesudo informe de su ministerio, en colaboración con su homónimo de Justicia, de cara a recrudecer determinados tipos penales con el ordenado intento de evitar actos vandálicos que, parece ser, se cuelan con habitualidad en todo tipo de protestas y manifestaciones públicas. De este modo, y para intentar asegurar fríos barrotes al que desordene el asfalto y su mobiliario, confirma que el Código Penal incorporará nuevas conductas punibles, se ampliarán otras y se actuará con suma diligencia para aplacar esa incomprensible conducta como de irritabilidad permanente que le ha dado, como una viruela intempestiva, a ciertos elementos humanos que pululan por sus dominios. Entre la amalgama de sandeces jurídicas que plantean parchear en el ya apaleado cuerpo penal del año 1995 (al que no reconoce ni la madre que lo parió) sobresale la inclusión como delito de atentado contra la autoridad la resistencia activa o pasiva grande ante las fuerzas de seguridad, llegando en alguno de los supuestos a implantar el poder padecer responsabilidades penales de hasta cuatro años de prisión.

Estas actitudes tan Gandhi no parecen resultar convenientes para mitigar la violencia, sobre todo la de esos mercados que ya tienen a nuestra cotidiana prima de riesgo acariciando el 7% a diez años. Pero, insistimos, a pesar de las bienintencionadas acciones de nuestro afable Ministro, que con todo ésto seguro que pretende evitarnos más cachiporrazos de los habituales, pasándonos a pernoctar por un buen tiempo en esos holgados presidios patrios donde apenas encuentras congéneres antes que desviarnos a la sanidad a curar heridas evitables en estos tiempos recortados que corren y vuelan, nos tememos que su conocimiento del cuerpo jurídico español no anda muy fresco. Y es que si el Código Penal ha sufrido en quince años tantas ocurrencias que apenas ya se puede reconocer su estructura ni su espíritu inicial, qué decir de otro texto aún más anciano, al que poco penetran pero que, de rato en rato, soban y abandonan en la cuneta sin dinero para que regrese a casa. El artículo 21 de la Carta Magna reza lo siguiente:

1. Se reconoce el derecho de reunión pacifica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Vaya, vaya. ¿Y cómo desarrollará este principio tan confuso el marco legal descendente? Pues la Ley Orgánica 9/1983 (los derechos fundamentales tienen una regulación cristalina hace mucho tiempo, y su perdurabilidad viene acompañada por los principios de seguridad jurídica y protección garantista), reguladora del Derecho de Reunión recuerda que los participantes en reuniones o manifestaciones, que causen un daño a terceros, responderán directamente de él, y lo harán en base a la rama jurídica que corresponda. Es decir, hace 30 años que está bien definido el marco de responsabilidades para aquellos que busquen promover altercados bajo el manto de una manifestación pública, con lo que no mantiene la más mínima lógica la alteración del CP, ni mucho menos los parches mohosos que pretenden agregarle por puro espíritu amedrentador.

Pero, más allá de cualquier otra consideración, a lo mejor algún estudiante de primero de Derecho podría acercarse por el despacho ministerial y recordarle a este tal Fernández Díaz que existe un Título de nada en la Constitución Española, para más señas el primero, en el que habita una Sección I del Capítulo II. Ésta, bajo la contundente denominación “De los derechos y deberes fundamentales“, se encuentra compuesta por los artículos que van del 14 al 29. Todos ellos, junto al 30 (objeción de conciencia), son de amparo judicial y constitucional directo, tal y como afirma tajantemente el artículo 53.2 de la Carta Magna:

Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo II ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferendcia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.

Cómo además de con las leyes no parece muy ducho con los números, recordémosle que el número 21 se encuentra entre el 14 y el 29. Y, de paso, que esa cosa llamada Constitución está en la cúspide del ordenamiento. A ver si aprende, y se le pasa la furia castigadora.

 

El tratamiento de las muertes siempre malas

El tiempo en el que andamos, necesitados de valores y soportes, parece que no ha variado el holocausto cochino en el tatami de las derrotas aplastantes. De casi nada sirve otorgarnos cartas refinadas con variados menús de derechos y garantías a este lado del Río bravísimo cuando, al cruzarlo con cierta nocturnidad petrolera, despilfarramos el esfuerzo de las generaciones anteriores revertiendo esos propósitos de enmienda con voluntad universal. El asesinato por acción u omisión sobre aquél al que ayer recibías con armas, más tarde con flores y, finalmente, prohibiste el acceso a tus dependencias, trastoca sanguinariamente todo aquello que fue construyendo un escenario un poco más cálido; el planeta se rige por la barbarie y sus incontables adaptaciones a cada momento, crueldad y lugar, pero desde el lado de las míseras victorias éticas no podemos aceptar que se sacralice una forma de hacer riqueza o evitar la ajena de tamaña sordidez.

El término democracia, esto es, traducido mal y pronto, el gobierno de todos, se ha convertido en un sofisticado producto de justificación interna y externa para, precisamente, paralizar cualquier desarrollo consensuado en el espectro civil a la hora de tomar decisiones de profunda delicadeza en el ámbito no sólo de responsabilidad ética colectiva, sino también desde la óptica de esa demanda de permanente vigor histórico denominado progreso social. Y en éstas, el desenlace que define todo el mutismo violento de la exportación democrático-financiera (lo segundo con un lazo fabricado a base de retales de lo primero) pone la guinda al mohoso pastel de la liquidación a manos ajenas de los enemigos propios. Ginebra, Roma o La Haya son localidades por las que suena el vientecillo de despoblación de efectivos morales, papeles carbonizados y sentenciados tribunales.

La década de los sesenta en el siglo anterior, especialmente, se convirtió en el laboratorio perfecto dentro de esas instalaciones de la química mortal que palpó con agrado la soportable indiferencia de la ciudadanía global a los atentados públicos, al perro muerto con el que se escapa el vaho de la rabia, disolviéndose en multitudes que, más allá de reivindicatorias soflamas acotadas por el terror a la exclusión burguesa, no necesitan mayor atención que unos chorros de agua a presión con aperitivo de gas pimienta a discreción. La crucifixión del héroe o del rufián, según la voluntad de pensamiento unidireccional, es la misma muerte; nuestro escarnio civilizatorio, nuestra desazón en el curso de esta Historia detenida. Como reivindica el mensaje diario de los párvulos e infantes cubanos, a sensu contrario, No todos somos el Ché. Así, su ejecución demostró a la fábrica de control de plagas que no sale tan caro echar la vista atrás para recoger los frutos del implacable cruzado y, mandoble a mandoble, desterrar definitivamente a los infieles del camposanto capitalista.

Los buenos siempre pierden. Siempre. No hay héroes con trono, menos aún cuando la exigencia de ese empeño civilizatorio en el que algunos seguimos embarcados reclama expresiones humanas que condensen no una voluntad, sino una idea irrenunciable, integral. Un hombre o una mujer formado como expresión de nuestro tejido de ansías y propósitos. O tal vez fuera al revés, y ese rostro alienta nuestras timoratas expectativas, reforzando inocentes y poco construídos proyectos de disciplinado hormiguero. ¿Quién sabe a estas alturas del holocausto quien tiró la primera tonelada de miseria hasta formar la montaña de desconcierto en el que oteamos el cielo siempre encapotado, negro de miseria?

Héroe o villano, los líderes humanos siempre se han forjado en una indesterrable bicefalia de actitudes y acciones. El líquido de sus intenciones últimas fluctúa como aceite circulando entre los ríos acuosos que impiden su espesa victoria. Cuando su voz sólo es escuchada a través de yunques y martillos unilaterales, en sentido inverso, la consecuencia inevitable es ese castillo deshabitado en el que se enroca la corona solitaria; cuestión de tiempo armar el jaque mate que abra el proceso hacia un nueva y fatídica apuesta de fracaso. La lógica de los pocos seres buenos nos ha tatuado en el subconsciente ciudadano que ese final exige justicia, normas humanitarias tal vez ignoradas por el reo en sus pasos mal andados; en definitiva, Derecho del bueno. Pero, de nuevo y una vez más, toca arma y paredón, sangre extrajudicial para enseñar una presa con la dignidad arrebatada. Cuidado de aquellos que hoy son tratados con la dirigida terminología periodística presidente, dignatario, amado líder, representante legítimo, etc. Mañana son carne de adjetivos calificativos que de tiranuelo no bajan. Cosas de la política exterior, que es algo muy complicado para que los niños la entiendan.

El Contrato Social desangrado

Troy Davis ha definido su indefensa oscuridad vital desde los sotanos de Georgia en esta semana. Un puñado de testigos judicialmente imberbes dieron rienda suelta a sus pelujos cerebrales; un rato maduros represores, otro poco, cerca de la madurez jurídica, infantes de pantalón orinado y balón incrustado en la cristalera del vecino violentado.

La desaparición madura de la vida a manos de la fría estructura estatal no es, en ningún caso, aceptable. Y no lo es precisamente por esas canas jurídicas que no pueden teñirse bajo chorros de subterfugios legalistas. Ningún individuo consciente pierde el norte en la cesión de uso de sus derechos congénitos.

Efectivamente, la protección, el blindaje, el abrazo osezno de las garantías esenciales ciudadanas nunca puede recoger en su mochila cuidadosa, independientemente de la ruptura contractural abrupta y salvaje, vales inmunes sobre los pulmones tiesos, la bilis reservada y el corazón latente. El Contrato Social establece unos límites consustanciales a nuestras ganas perversas de sobrevivir: ninún individuo entrega la existencia superfinita a pesar de hurtar la de otros, aunque esa distancia en el equilibrio trascienda la humanidad global. En definitiva, el Estado no tiene capacidad evolutiva como colectivo consciente para arrogarse la legitimidad ejecutiva de cara a administrar el detenimiento de los sueños, desastres emocionales y esperanzas de un individuo de su manada.

Nuestro particular temor a ser agredidos en múltiples circunstancias a manos de nuestros semejantes potenció la entrega consensuada del naturalismo básico, siempre a raíz del encuentro honrado, en unos casos, e impuesto, en otros, de aquellas garantías que sabíamos ciertas desde la antropomorfia discurrente. Nada garantizó el medievalismo social, hasta que la iluminación de unos pocos irradió certeza humana a la podredumbre de hachazo bajo y de cuerda férreamente anudada. Ayer, hoy, tenemos claro que el Estado somos nosotros abrazados y paseando a solas. En todo caso, veinticuatro horas después de que nos arranquen las legañas comenzamos a recibir garantías propias, germinadas en arrugas intercraneales pasadas y futuras; en sus entresijos siempre hemos mantenido, colectivamente, el ejemplar derecho a la presunción eterna de revocación inocente, esto es, a la vida más allá de la vendetta barriobajera y cobarde. Todos nosotros, fotografiados en esa camiseta indispensable llamada Estado Moderno, cobijamos la garantía vital a no ser sacrificados fuera de la sinrazón beligerante. La institución máxima que fundamos hace unos pocos soles no puede recibir los elementos de tortura que pretendan sesgar la aportación de alguno de sus benéficos accionistas. Mucho menos cuando su esperanza cuelgue de dudas impostadas, de energías voluntariosas en la complejidad.

La vida está desterrada de la venganza penal.

Bildu o la metafora inconclusa de nuestro frágil Estado de Derecho

Las resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional e,n lo que respecta a la petición de ilegalización de la coalición electoral Bildu, han sido desgranadas, estudiadas, comentadas y analizadas más en términos deportivos que jurídicos. Esta simplificación de un procedimiento de tamaña relevancia para nuestra categoría democrática debe estar relacionada con el escaso nivel de conocimientos acerca del cuerpo legislativo y jurisprudencial del gremio periodístico, a no ser que dicho colectivo intente ponerse a la altura que nos supone a sus potenciales lectores y, en ese caso, intentar hablarnos en el idioma que cree mejor reconocemos.

En función de las posiciones ideológicas y editorialistas de rotativos y cadenas de radio y televisión, el encuentro de ida se saldó con una mayoría holgada de magistrados disconformes con la presencia de la coalición abertzale o, por el contrario, se puso el énfasis en el exquisito tratamiento de análisis normativo que fundamentó el voto favorable de los otros seis miembros de la Sala 61 del Tribunal Supremo. Con millones de espectadores expectantes ante el desarrollo del encuentro de vuelta, las posiciones mayoritarias se difuminaron, intercambiándose bufandas y banderitas; mientras los primeros hablan de (textualmente) victoria raquítica, sus rivales respetan y acatan el desenlace de la eliminatoria. ¿Quedó alguien plenamente satisfecho con el resultado final? Sí, los demócratas, los que no se asustan y aterrorizan con los cuentos de fantasmas y cocos con bomba y pistola bajo las sábanas. Las resoluciones de un órgano colegiado pueden mantener, y de hecho es lo habitual, posiciones divergentes entre sus miembros, que quedan perfectamente reflejadas en los votos particulares y en la carga jurídica que los fundamenta. Pero ahí finaliza el procedimiento judicial que entiende de una causa y resuelve sobre la misma. Las lecturas en clave política, utilizando símiles de cualquier género o caricaturizando la labor de un poder independiente del Estado, sobran radicalmente en un Estado de Derecho sólido, coherente y con ánimo de progreso. De igual manera, tal y como fundamenta la extensa resolución del Tribunal Constitucional en este aspecto, la sospecha no basta para para restringir el libre ejercicio de los derechos de participación política ni, por tanto, el pluralismo político sobre el que se fundamenta el ordenamiento constitucional del Estado democrático.

Zanja el órgano judicial responsable de la garantía efectiva de los derechos constitucionales que las exigencias del proceso debido impiden utilizar indicios para convertirlos en supuestas pruebas que persigan la limitación efectiva de los derechos fundamentales protegidos, así como recuerda el rechazo explícito del terrorismo por parte de las formaciones Eusko Alkartasuna y Alternatiba, lo que impide suponer que dichas agrupaciones políticas tengan interés en aceptar a candidatos independientes en sus listas que no mantengan una línea política y pública de similar orientación en este aspecto.

Dicho esto, abandonando ya los poblados graderíos del fanatismo popular en todo lo que respecta al terrorismo interno, nos topamos de bruces con el post partido: esas ruedas de prensa incendiarias frente a la derrota y, en ocasiones, manejadas incorrectamente ante la victoria, aunque ésta sea ajena. Íñigo Urkullu, Presidente del PNV, se congratuló de la sentencia del Constitucional, afirmando que su formación política había hecho lo posible y lo imposible también por conseguir el resultado obtenido, y que para ello habían hecho cosas que podían contar y otras que no podían ser relatadas. Terrible. ¿Cómo el líder de una agrupación centenaria y de intensa raigambre democrática puede confundir a su electorado con declaraciones de este calado? Da a entender sin asomo de vergüenza que la división de poderes en el Estado español es un choteo, que el poder legislativo mangonea e interveniene en el foro de toma de decisiones del judicial y que, además, para conseguir el resultado deseado, se negocian cuestiones de dudosa catadura democrática, ajenas al conocimiento de la ciudadanía pero, por otra parte, imprescindibles para lograr los objetivos pretendidos.

Desde las filas socialistas, no obstante, se ha optado por la vía del respeto y acatamiento de la decisión judicial, sin alegrías pero también sin aspavientos, tomando las cosas como vienen dentro del cauce por el que deben venir. De este modo, el Partido Popular ha conseguido dos ejes ajenos al lógico discurrir de una campaña electoral verdaderamente democrática, centrando sus discursos en el alejamiento de los temas cruciales que deben enfocar los representantes públicos elegidos el 22 de mayo; el entrometimiento en las decisiones del Poder Judicial y alentar la sospecha de pactos escabrosos y nocturnos con terroristas y enemigos de pelaje siniestro funciona como auténticas escuelas superiores de hooligans con derecho a voto, mientras que recopila toneladas de papeletas sin contenido crítico, ahondando en la fanatización de los electores y el recrudecimiento de las posiciones viscerales, absolutamente alejadas de lo que debe ser una ciudadanía consciente de sus derechos, sus libertades y la responsabilidad de las instituciones en las que se encuentran representadas.

Somos unos panolis supremos. La infame senda recorrida desde la aprobación de la Ley 6/2002, de Partidos Políticos, ha ido gestando una pertinaz aureola de mártires políticos entre todas aquellas formaciones y representantes políticos ilegalizados al albur de su presunta connivencia con las pistolas y las bombas. Desde los resultados cosechados por Euskal Herritarrok en 1999, la intención de voto a corrientes de izquierda abertzale estaba en caída libre, frente a un electorado decepcionado por la acción de una ETA debilitada pero sanguinaria, sin visos de justificación política, plan de futuro ni cercanía con el territorio y pobladores a los que dice representar. No obstante, la aparición de la subsodicha Ley Orgánica, recrudeciendo la guerra contra el terrorismo hasta arrasar con un sector de la ciudadanía inmaculado penalmente, ha germinado en una consecuencia erróneamente analizada; una década después, esa masa electoral descontenta con el rumbo de su oferta política se encuentra presta a la venganza de las urnas, a aplaudir a esos mártires del Estado español, asustado y cobarde, que han resistido las embestidas judiciales en base a una norma opresora e inconstitucional. Esa es la lectura que se hará, olvidándonos una vez más de que los resultados que necesita lograr un auténtico Estado de Derecho han de ser obtenidos en la cancha, a la vista objetiva de los espectadores, no posteriormente en ruedas de prensa incendiarias y moviolas televisivas, presas de gritos superpuestos y fanatismo bárbaro.