El valor y el uso de la vida humana

IsabelCarrasco1Hace dos días ha sido asesinada, a la salida de su domicilio, la Presidenta de la Diputación Provincial de León (y varias condecoraciones más), Isabel Carrasco. Según avanzan las investigaciones policiales 48 horas después, parece asumir bastante certeza la autoria material por parte de una ciudadana con la que mantenía una relación personal y de anuencia política, y la cooperación necesaria o complicidad de la hija de ésta, con cierto recorrido en el Partido Popular, y que perdió su puesto de trabajo en la administración local hace dos años, sintiendo una animadversión que fue creciendo de manera paraonica, con la connivencia y alianza de su progenitora. Queda a estas alturas aún difuso el grado de participación de una funcionaria de la policia local leonesa que se ha encargado de entregar el arma homicida. Dicho esto, y salvo que giros más propios de la cinematografía que de la vida cotidiana dicten sentencia sorpresiva, lo que no parece que vaya a cambiar es el movil personal como nexo entre los imputados y la víctima. La cuestión política juega un papel, en tal caso, de germen a la hora de provocar la situación fatídica. Otras lecturas únicamente pueden entrar, y de hecho han entrado, desde la óptica de la oportunidad electoral, el sensacionalismo amarillista y la irracionalidad más o menos interesada.

Vayamos por partes. Núcleo principal desde el que parte la protección penal a la vida humana es, evidentemente, la salvaguarda de ésta y, en caso de que ocurra el tipo homicida regulado en el Código Penal, analizar las pruebas, el móvil, los agravantes y atenuantes que pudieran derivarse y, finalmente, imponer la pena correspondiente en busca del resarcimiento de las víctimas, la reinserción del penado y, en menor medida, el elemento punitivo del castigo como carga didáctica para evitar acciones futuras de la misma envergadura, protegiendo así al resto de la ciudadanía y aplacando la alarma social que se produce ante acciones semejantes. Las consecuencias inmediatas son el fallecimiento de un ciudadano y el dolor que provoca a su círculo cercano. En todo caso, la protección de la vida humana es un elemento evidentemente protagonista de primer nivel de cualquier Código Penal occidental, y ésta debe ser igual para todos los ciudadanos, tanto desde el lado del finado como del ejecutor de la acción punible. Pero cuando estamos ante un cargo político, aunque haya resultado víctima desde una acción de rencilla y venganza privada y personal, las alarmas son disparadas con demasiado interés, y hablar de modificaciones legales de cartón piedra, alertar de supuestos peligros apocalípticos que germinan en las sombras de la sociedad, y disparar comentarios inconexos para llegar a conclusiones perversamente disparatadas, se convierten en juez y parte fulgurante.

IsabelCarrasco2Cuando asustar al personal de norte a sur y de este a oeste con el fantasma de ETA resultaba cosa sencilla, los dos grandes partidos obtuvieron réditos valiosísimos en sostenimiento de niveles electorales a golpe de miedo y cierto victimismo que concluyó con una violación del cuerpo penalista estatal al aumentar, per se, las penas a aquellos asesinatos cometidos por miembros de bandas armadas organizadas. A partir de aquí, la protección de la vida humana toma categorías, el dolor de los seres queridos y familiares pretende apaciguarse superponiendo la venganza sobre los principios otrora principales de reintegración del procesado y, en definitiva, se le otorga valor negativo, en concepto de pena, en función de la naturaleza ideológica e inspiradora del delito. ¿De qué manera se puede instaurar en el ordenamiento jurídico de un Estado democrático, fundamentado en el principio de igualdad como uno de sus prioritarios sostenes, que merece más castigo poner fin a la vida de un ciudadano si ésta es cercenada por alguien que lo hace pensando que está eliminando a un enemigo en un conflicto, aunque éste sea ilusorio, que aquél que lo hace, tal vez, por algo tan miserable como hurtarle diez euros? En todo caso, el papel que juega la pena como elemento preventivo puede amilanar más de cometer el delito a quien se mueve por intereses vacíos que quien lo realiza premeditadamente imbuido por un factor ideológico que le hace sentirse soldado en un entorno bélico que le fabulan, que ciegan su prudencia y su raciocinio.

Desahucio1Y finalmente ha aparecido el universo paralelo que florece en los tribunales de la información. El homicidio de Isabel Carrasco ha dado para un paréntesis en la campaña electoral europea, miles de tuits y comentarios digitales de dudosísimo equilibrio en el paladar de las ideas, y varias reflexiones valientes que desde los altavoces de turno han querido, para no variar, arrastrarlas al submundo de la demagogia, precisamente el paraiso natural de los mismos que no soportan que alguna manzana vaya madurando su próximo bocado. Pablo Iglesias, de Podemos, es sólo un ejemplo, pero más que interesante para reafirmar el equilibrio torcido de manera interesada cuando un ciudadano es apartado violentamente de su destino. ¿Por qué quienes, desesperados por el acoso de las deudas, se quitan la vida, desterrados por el sistema, casi víctimas del caos colectivo, exterminados por todos con más o menos imprudencia, no tienen su minuto de silencio? Pero lleguemos al punto de inicio, lleguemos a más: Ni un homicidio político debe conllevar consecuencias de mayor rango penal ni social, ni el homicio de un político puede seguir recordando a quien, tal vez cerca de ese instante, haya sufrido violencia similar en el anonimato de la sangre sin escaño, que también en la muerte este sistema que viene expirando con él le recuerda que vale menos, que sólo merece silencio. Un Código Penal vigoroso no lo permitiría, y una sociedad madura tampoco.

La justicia, al servicio del delito

El Código Penal español, reformado casi por completo en 1995 para adaptarse a la normativa de su entorno, establece una frágil ambivalencia entre el concepto de pena, como castigo que cumple funciones de prevención colectiva y escarmiento individual, y la reinserción del procesado, intentando que el cumplimiento de la sentencia promueva las circunstancias adecuadas para que el sujeto no vuelva a delinquir. Esa dualidad a la hora de enfrentar las incorrecciones de la paz social deben calibrarse con meticulosidad casi de equilibrista, ya que pasarse o quedarse corto en las medidas puede resultar catastrófico a la hora de emitir sentencia tanto en las consecuencias del penado como en el escándalo colectivo que supone encontrarse fuera del espacio del sentido común.

Justicia1Por que el ordenamiento jurídico debe inspirarse como principio fundamental en éso, el sentido común más integrador entre las millonarias sensibilidades humanas que transitan en el Estado donde ha de aplicarse las correspondientes leyes y reglamentos. La realidad penal es, sin duda, la más llamativa, la que alcanza el prime time de las portadas cuando las decisiones judiciales chirrían; peor aún cuando la división de poderes da muestras de cierta efectividad y, de sopetón, se reta la justicia y el interés minúsculo, proveniente precisamente del núcleo de donde deberían emanar las respuestas más sensatas, las acciones determinantes para equilibrar las deficiencias de las relaciones humanas. Ver a la Fiscalía de parte de procesados como Miguel Blesa o Cristina de Borbón no puede resultar cuanto menos sospechoso, más aún en una época en que la lucha de clases se demuestra en plena vigencia, con ese derroche de privilegios que están teniendo que gastar de sus reservas los que han podido transitar las últimas tres décadas poniendo rostro de congénere, de ser de los nuestros.

No obstante, el arte del disimulo como una suerte de onomatopeya constante frente a los desmanes allende nuestras fronteras siempre han pretendido refugiarnos en una placidez mezquina a la hora de valorar como se las gasta el pudiente patrio. Los medios de comunicación de más amplia difusión se obstinan en aleccionarnos frente a la violación permanente de la justicia y la moral a lo lejos, donde no debemos siquiera mirar, por si, de casualidad, viéramos otras cosas que echáramos en falta a menudo. Denunciar la impunidad de las altas esferas está muy bien, no cabe duda, y a los pobres de solemnidad nos reconforta estúpidamente cuando un poderoso cae frente a miles de injusticias cotidianas, cuando el que se cree intocable cae de bruces dentro de la inesperada mazmorra. Mientras nos entretenemos con esos castigos, no sólo se cometen atrocidades insoportables, impunes en un entorno sin seguridad ni organización judicial, sino que nublamos ese nada común sentido que debería orientarnos en el análisis del cosmos nacional plagado de imputados que, con sus posibles, sus contactos y unas tasas que destierran del sistema la justicia sin parné, nos han devuelto a un escenario con pantallas pero sin cimientos. En el cuerpo legal todo continúa existiendo, como un espejismo, como si tal cosa, pero no se anime más de la cuenta, cuando se sienta vilipendiado, a gritar que se les verá en el juzgado sin haber contado antes el capitalito del que dispone.

AccidenteTenerife1Mientras toda la herrumbre que se oxidó alrededor del poder político en las últimas décadas cuelga sin demasiado agotamiento el cartel de imputado, a sabiendas que las molestias de transitar frente a las cámaras es cuestión incómoda de poco tiempo, hay una segunda escala de impunidad que evita el crimen, el castigo, y la moderna reinserción del que perturba el equilibrio social. Farruquitos y Ortegas Cano vulneran a diario nuestros titulares, tomando las vías públicas como circuitos de los que deben apartarse los torpes siervos de la gleva que manchan su bólidos. Pasa en el amarillismo más notorio, y en esos señoritos de provincia que ostentan los apellidos, la raigambre política y de clase, así como los recursos para asaltar la triple muerte ajena en la noche del alcohol, las risas y la ausencia de consecuencias. Los pobres reciben el castigo del olvido mientras aquellos, sin despeinarse, comprueban como el sistema se acciona para proteger su buen nombre, su futuro impoluto.

No me fiscalices tanto, que me da la risa

NoJusticiaHay un cuerpo de juristas, abonado por todos en el saco de esa imposición directa que desangra las últimas arcas laboralmente activas, supervivientes en la entrega de los últimos restos hasta el próximo ERE raquítico, que se dedica a defender al Estado, es decir, en la maltratada teoría, a todos. No es comparable al ejército de colegiados que acuden, con menos alegría que expectativas de cobro, al reclamo solidario de la defensa de los desamparados que se imputan, que son imputados. Los fiscales son, en definición, la voz pública que reclama el amparo de la justicia cuando al otro lado de la bancada judicial se sienta aquel que nos ha golpeado a todos en un tipo delictivo que merece, en la opinión unánime desde el raciocinio de su estructura, alzar la voz para clamar resarcimiento en comandita.

Hay un pequeño detalle que puede desestabilizar la pureza de este cuerpo con los miembros, desgraciadamente, estirados: su acción y, por lo tanto, su reverso, esto es, su ignorancia de la perversidad punible, depende de las correspondientes instrucciones que emanan del poder ejecutivo al ser un cuerpo que depende, normativamente, de decisiones gubernamentales. Por lo tanto, nos encontramos en muchos casos ante la última esperanza de la justicia y toda ella se manosea entre apéndices huesudos que acarician la decisión en función de intereses obscenos, en silencio, sin independencia.

NoJusticia2Tanto es así que este colectivo nos ha abandonado de manera expresa, cuando siquiera confiábamos en su aparición milagrosa, aunque fuera con vendas sucias, con una balanza desequilibrada, desde que una infanta se aposentó en una de las vasijas, torciendo cualquier efecto de equilibrio a la hora de estar en el lugar más estable. Si Urdangarín adelgaza, La Zarzuela, de manera rítmica, ha demostrado su capacidad para sortear el desnivel de los pesos sin perder la sonrisa, con la apariencia de estar alejados de aquel Fiscal que se enfrenta a cualquier acusación para poner en valor la necesidad de pureza monárquica sobre la legislación penal. Todo esto tiene un pase de castigo frente a la candidez de una población que seguía confiando en la independencia judicial y el enfrentamiento de cualquier bípedo con DNI en caso de hacerlo a plena luz del mazo justo. Pero visitar las vallas de Soto del Real, a falta de obras taciturnas, y comprobar como Miguel Blesa echa una cabezadita en acomodada mazmorra a pesar de una traición fiscal con un plebeyo tanto o más pillo que la real infanta, es como corroborar que a ese muro con pinta de solidez le faltaba toda la cimentación que le reclamabas al jefe de obra.

Aquel que jugó a banquero en Madrid, como tantos en vías de extinción libertaria, al menos puede sentir alivio ante su segura condena: aunque las pruebas de las acusaciones particulares le envíen un buen tiempo a la sombra, el representante público de la justicia mirará para otro lado, como sus acólitos fiscalizadores en las correspondientes administraciones lo hicieron mientras se embolsaba las esperanzas ciudadanas.

El medio ambiente en el Código Penal español

Un verano especialmente caluroso, unido a una realidad de amputaciones presupuestarias que han desviado el gasto preventivo y de concienciación a la lucha activa contra las llamas, ha vuelto a poner en el disparadero de la opinión pública la facilona queja a raíz de una supuesta mano blanda para con los pirómanos conscientes, responsables activos del 90% de los conatos e incendios estivales que venimos sufriendo en la práctica totalidad de las comunidades españolas.

Esa retahila de opiniones viscerales, alimentada por debates televisivos que buscan sangre y rabia sobre las brasas de miles de héctareas calcinadas, es el éxito del amarillismo, de la misma manera que tenemos que soportar el populismo que exige cadenas perpetuas, mano dura, a cada ruptura del orden social amplificada por los sectores desinformativos de costumbre.

La cuestión no admite bandolerismo del utilitarismo ora supuestamente periodístico, ora político. La aprobación de un Código Penal, como miembro vital de un cuerpo legislativo en una nación desarrollada, reclama una estructura espiritual que proyecte un sendero cierto de los grupos de acciones punibles y sus correspondientes consecuencias procesales en función de la gravedad que la sociedad sobre la que desarrolla su orden reclame. Pero, insistimos, la seguridad jurídica resulta clave para no extraviarnos por los diferentes títulos y capítulos que componen su armazón. Así, el texto de 1995 que el poder legislativo nacional aprobó con la necesidad de consenso y puesta en valor de distintas sensibilidades legales que reclama una ley orgánica estableció como elemento supremo de protección la vida humana, asignándole las responsabilidades penales más elevadas, pero estableciendo como principio supremo el equilibrio con una política de reeducación y reinserción del reo, todo con el interés de pacificar en la medida de lo posible los conflictos que surgen entre los individuos. De igual manera que los Códigos de las naciones vecinas, el ciudadano emerge como elemento principal de protección, encabezando un esqueleto que debe siempre sostener su equilibrio normativo. Así ocurre, así suele ocurrir, hasta que la excepcionalidad vitaliza el radicalismo facilón, la exigencia de castigar en fuera de juego.

¿En qué circunstancia queda nuestro ecosistema cuando es allanado? ¿Qué responsabilidad soportan los culpables que de manera dolosa desertizan por varias décadas el espacio natural que disfrutamos? El artículo 45 de la Constitución regula, como principio rector, los siguientes apartados con el objeto de inspirar el desarrollo normativo para con la protección del medio ambiente:

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la Ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

Y, de este modo, el Código Penal del 95 desarrolla el mandato constitucional en su artículo 352 y siguientes con respecto a los incendios forestales. Otra cosa es que su contenido y escala en el sistema de responsabilidades sea discutible, pero no olvidemos que hasta cuando un pino se abrasa, la normativa penalista busca antes víctimas de carne y hueso que de hojas y resinas. Así, los que incendiaren montes o masas forestales, serán castigados con las penas de prisión de uno a cinco años y multa de doce a dieciocho meses. Si ha existido peligro para la vida o integridad física de las personas, se castigará el hecho conforme a lo dispuesto en el artículo 351 (de diez a veinte años de prisión), imponiéndose, en todo caso, la pena de multa de doce a veinticuatro meses. Por lo tanto, dada la apabullante diferencia de responsabilidad en el caso de que haya un ser vivo de por medio, nos encontramos, en realidad, ante un caso específico de homicidio o asesinato, atenuado en el caso de que sólo perezcan miles de árboles y vida animal que permiten nuestra existencia colectiva.

La desolación de nuestros bosques, con especial énfasis durante el presente mes de agosto, viene acompañado de uno de esos simplones debates acerca del mencionado endurecimiento, per se, de las responsabilidades que no respeta la dificultad que supone construir un cuerpo penal que nos sirve de referente seguro para proteger nuestros múltiples intereses. Tal y como hemos decidido regularnos, el Código Penal se alimenta de un antropocentrismo moderado, y así ha sido porque quien redacta las leyes de los hombres y mujeres son precisamente sus representantes humanos, no el resto del entorno con el que convivimos. Reclamar puntualmente la necesidad de ser implacables con los pirómanos significa alimentar el ansia humana de venganza, queriendo así amputar y modificar el genoma de nuestro Código Penal; si por cada acción de notable repercusión nacional modificáramos la escala de penas, agravando tipos de manera aleatoria, nos aseguraríamos, precisamente, un entorno de sinrazón procesal, además de un retorno al talión, a la bestia que hemos ido domesticando generación tras generación.

Otro paisaje resulta si nuestra sociedad, de manera meditada, entiende adecuado el viraje penalista hacia un Código inspirado en teorías de ecocentrismo moderado. A fin de cuentas, de lo que se trata es, fundamentalmente, de evitar el mayor número de delitos posible así como de dar respuesta a aquellos que produzcan una repercusión de dolor o rechazo mayor. El impacto social que, por ejemplo, ha provocado la destrucción del 15% de la masa forestal en la internacionalmente protegida isla de La Gomera implica consecuencias para el total de sus habitantes durante varias décadas, así como producirá pobreza y dolor a miles de ciudadanos. El asesinato de un individuo a manos de otro acciona la desconfianza, el horror, el daño, con una onda expansiva mucho más limitada tanto en el espacio como en el tiempo. En el ser humano está vislumbrar si nuestro natural egocentrismo debe superar la repetición penalista de conductas que, cuando la realidad nos golpea, sacan al excepcional vengativo que llevamos dentro.

Los chorizos inauguran una panadería

Hace unos meses, llegamos a la dolorosa pero irrefutable conclusión de que no sólo había hogazas de sobra para tanta cantidad de embutido suelto y desperdigado por nuestra corrupta geografía, sino que el hispánico chorizo había mutado en fabricante oficial de su propio caparazón de levadura, harina, sal y agua. La evolución de su destreza criminal da muestras de no detenerse; al contrario, perfecciona su heterodoxia prevaricadora a velocidad interestelar. A día de hoy, resulta evidente que, entre ruido de amputación y heridas abiertas, todo el revuelo cotidiano de esta sociedad golpeada y que se golpea con desmayo no ha percibido que el choriceo ibérico anuncia discrétamente la inauguración de su propia panadería, con productos tradicionales en el contexto histórico de estas tierras y, por supuesto, todo hecho a mano y con impune masa.

Como producto estrella, destaca en los expositores lo nunca visto por el mercado interno desde que nuestros bisabuelos gozaban de impúber razón. El Gobierno, entre sus valerosas medidas de empobrecimiento colectivo sobre las clases que no se pueden permitir más que un pan chusco cada dos días, ha establecido el día del gourmet fiscal, restregando a las honradas microeconomías familiares en quiebra amateur cómo ser un bandolero tiene recompensa; para ser exacto, un 10% de medallas tributarias, que se pueden colgar de manera inmediata para fundir el baño de oro y seguir disfrutando, a plena luz del día, del botín enmascarado ejercicio tras ejercicio, mientras la honrada ciudadanía se remangaba cruzando este charco de profundidad inmedible. Indulto, por tanto, para ejemplificar la medida de la desesperación gubernamental, que es capaz (o hasta proclive) de aceptar capital caducado con tal de no irse a la cama con el estómago vacío. Las amnistías fiscales no son más que indultos múltiples que, además, alientan la comisión de multiplicados delitos futuros. Italia puede dar fe de ello: el país transalpino ha accedido a implantar tres procesos similares en su historia reciente, el primero con razonable éxito recaudador, el segundo con discutibles resultados, mientras que el tercero, hace escasas fechas, ha resultado un sonoro fiasco en su pretensión reguladora. Y es que el tramposo puede tropezar en un despiste, pero aprende dónde está la piedra con suma rápidez, y si percibe la debilidad desesperada de una Administración que no cumple ni hace cumplir su normativa impositora, se hará fuerte en su delito. ¿Para qué sacar a la luz fortunas ennegrecidas por un módico importe, si probablemente mañana podrá hacerlo a mejor precio, quizás gratis? El tiempo juega a su favor. España, en este sentido, ha sido un ejemplo terrible en cuanto a su público fracaso en la lucha contra el fraude fiscal. En el contexto actual, donde la Hacienda Pública sólo integrará un nueva plaza de Inspector tributario por cada cuatro compañeros jubilados, el panorama a corto plazo se presenta como jauja para continuar con la insolidaridad pecuniaria. Póngame un par de barras artesanas, vaya, que ya se las pago mañana.

Pero si en la sección fiscal se nos hace la boca cianuro viendo las promociones del día, en el escaparate financiero encontramos hogazas de fértil mohosidad que no paran de fecundar su crecimiento bacteriológico. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, parece empeñado en apurar su genocidio de las entidades de ahorro antes de dar por finalizado, en el próximo verano, su desquiciado régimen del terror. La denominada reestructuración financiera del ordenamiento crediticio español ha resultado una sangría indeterminable en términos de despilfarro y destrucción. No obstante, el tenebroso Gobernador parece que llegará a tiempo de cumplir su máximo propósito: bancarizar por completo el sistema, asentando un oligopolio en el ámbito crediticio a precio de saldo. Comenzó introduciendo a todas las Cajas de Ahorros en el mismo horno, a igual temperatura. Cuando se percató de que algunas comenzaban a tostarse con excesiva prontitud, hizo un estudio más a fondo de los ingredientes y detectó que la miga de éstas era viscosa, incomible; en lugar de sustituir su estructura, prefirió ponerlas a la venta como oferta del día a precios de risa, pero sin exigir responsabilidades al panadero de turno. Al contrario, pareció agrandar su incorregible creencia de ser el vendedor del mes y se sacó de la manga otra absurda promoción; el cuatro o cinco por uno fusionó distintas piezas y las sacó al expositor para deleite de los clientes habituales. A día de hoy, parece inquietado al comprobar que no ha podido desprenderse de todo el stock cajero, así que no disimula su obstinación en colgar el cartel de no hay baguettes al precio que sea. Ya no se expresa en términos de solvencia, expectativa de crecimiento, fondos propios o volumen de negocio: sencillamente, las Cajas de Ahorros no deben existir, han de abandonar cuanto antes, las pocas que lo tengan, su negocio financiero y, a las claras, entregar las armas y rendirse ante el triunvirato financiero nacional. De este modo, esa mal llamada reestructuración se ha convertido en una carrera de fondo para apropiarse de los restos, ocultos tras marcas de corto recorrido, sin integración real de sus estructuras (BMN, LiberBank, Unnim, Caja 3, Banca Cívica, etc.), que no han tenido árbol tras los que ocultarse de esta cacería con ametralladoras. Este proceso de destrucción consciente de la totalidad de las entidades de ahorro, solventes o derrochadoras, politizadas o independientes, reinversoras o especulativas, ya ha transmitido sus terribles consecuencias sobre los respectivos territorios donde se encontraban radicadas, los cuales han perdido las poderosas herramientas de dinamización económica desde las políticas benéfico-sociales, así como la cercanía y arraigo de éstas a la realidad familiar y empresarial del lugar.

En este almacén revuelto, más de un empleado viene aprovechando el descontrol de la panadería para llevarse unas cuantas barras bajo el uniforme. Ejemplos no faltan, comenzando por la trayectoria de los copresidentes del grupo Banca Cívica, Enrique Goñi y Antonio Pulido. La bipolaridad produce conductas impredecibles, y si esta realidad de Doctor Jekyll y Mister Hyde sufre de delirios de grandeza y amor por el derroche permanente, nos damos de bruces con el maniquí de talla más proporcionada en cuanto al fraude del desguace financiero que estamos sufriendo. La unión de cuatro Cajas de moderado tamaño (CajaSol, CajaNavarra, Caja de Burgos y CajaCanarias) produjo ilusiones faraónicas de padre y muy señor suyo: una oficina de negocio en Washington que, dos años después de su inauguración por parte de la infanta Cristina en la Avenida Pensilvannia (a pocos metros de la Casa Blanca), aún no ha obtenido el código pertinente para ejercer actividad financiera en el país norteamericano; la ofuscación por finalizar la construcción de un rascacielos tremebundo en el centro de Sevilla (Torre Pelli), a razón de más de 400 millones invertidos a media ejecución, con amenazas ciertas por parte de Unesco en cuanto a la retirada de la consideración de Patrimonio de la Humanidad a la ciudad hispalense; una salida a bolsa a precio de saldo (60% de descuento con respecto a su valor en libros) que, aun así, no ha recuperado su valor de estreno en ningún momento y, finalmente, su absorción por menos de 1000 millones por parte de CaixaBank tras comprobar, en las profundas auditorias realizadas por la entidad catalana, agujeros contables gigantescos que pasaron desapercibidos para el Banco de España en su proceso de integración como SIP. Todo ello, toda esta ruina para más de ocho mil trabajadores con su futuro en el alero, ha sido premiado con el título de Panadero dominical a orillas del mediterráneo para estas dos cabezas llenas de levadura sin fermentar. Un reluciente ejemplo para el resto de horneadores, que esperan el final de sus respectivos turnos con las mochilas preparadas para rellenarlas de las piezas sobrantes. Hay pan de sobra, del que nunca se endurece. No se preocupen si han llegado tarde, si la verja ya está a medio bajar. Seguro que, con un silbido, el chorizo nocturno le atiende amablemente, le permite pasar. Nos lo advierte esa atracción olfativa por el pan recién hecho y los horneadores de Hamelín bien lo saben.