Una banca pública para una recuperación colectiva

La confianza en un candidato socialdemócrata, tras una deriva grupal hacia posiciones cada día más alejadas de cualquier posición de izquierda real, es como poco difícil. Complicada tanto para sus más fieles seguidores en lo ideológico, por encontrarse a la deriva, como para aquellos dubitativos en la amplia órbita del progresismo español, por desconfianza y lejanía de la moda de los resultados triunfalistas. No obstante, contamos con la presencia de un cabeza de cartel que agrupa un discurso y una rebeldía que hacen mantener una tímida ilusión en aquello que discurre y presenta.

Tomás Gómez, aupado desde su abrumadora mayoría como alcalde de Parla, se ganó la confianza de la militancia socialista de la Comunidad de Madrid, que lo encumbró como sólido Presidente regional de la potente Federación de la CCAA en cuestión. A partir de ahí, comenzó a dibujar su particular geografía ideológica y pragmática acerca del futuro programa político del partido, hasta encontrarse con un muro espeso y agrio: sus propios compañeros, sus impulsores y aduladores. El aparato consideró, mucho antes de cuestionar a su líder iluminador, apagar el foco de una inspirada independencia de destino en lo regional. De este modo, el Comité Federal del PSOE estableció lo que hoy critica, un “dedazo” de mucho cuidado, con candidatos light y ajustados a los momentos de moderación como vía para aparcar los estímulos electorales, las veleidades que supusieran un riesgo en la derrota controlada. Trinidad Jiménez, en lo que respecta a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, fue la elegida para disputar el trono a Esperanza Aguirre, intentando no contar con la voluntad reciente de unas bases deseosas de revulsivo incontestable, de nuevas propuestas para detener la avalancha de privatizaciones e injusticias de los populares. Pero no. Gómez se rebeló ante la imposición, en contra de la tradición electiva del partido, y plantó cara por tierra, Manzanares y aire a lo práctico frente a lo justo. Solicitó primarias, consiguió primarias y ganó primarias ante una rival derrotada desde sus inicios políticos, con una sonrisa tan tirante que se dibuja como sombra de rictus histérico, una pelota del jefe que prefiere el cargo perpetuo a la dignidad laboral.

Consumada la justa victoria y, por lo tanto, la capacidad y disposición para plantear un programa con cierta independencia y criterio, Tomás Gómez ha venido dibujando una oposición en los términos más socialdemócratas que se recuerdan por estas fronteras desde la desaparición del PSUC y sus internadas izquierdistas en un partido que, desde que tuvo cuotas reales de poder, renegó de cualquier opción de novedad en la planificación pública de su discurso y acción. Entre todas aquellas propuestas que se han concretado en el panfleto electoral del 22 de mayo, el candidato madrileño destaca por asumir el grito que ya han profesado desde IU a otras organizaciones de izquierda real en el Estado español: la recuperación de una banca pública. Estatalizar un sistema financieros sin los abusos y desidia del pasado es una reivindicación justa y realista para atornillar la recuperación de la ética en las relaciones humanas de esta sociedad, y escuchar esta demanda desde el centro de una estructura plegada a las posiciones que comanda la Europa de los ciudadanos es ya digno de aplaudir.

El germen de esta propuesta se conformaría desde el embrión de una especie de Instituto de Crédito conformado por capitales modestos, producto de la nacionalización de algunas entidades de ahorro en situación incómoda con las nuevas condiciones impuestas por el Banco de España. En lugar de desguazarlas y venderlas al mejor postor como sugiere MAFO y su vocera ministerial, Elena Salgado, se plantea mantener esas estructuras y fortalecerlas con la colaboración de otros entes crediticios que puedan aportar solvencia para hacer fluir el crédito a las familias y PYMES, dinamizando la economía real y generando, por lo tanto, estabilidad y empleo.

Planteamiento revolucionario, insistimos, recordando de donde proviene. No es suficiente, pero es algo en función de su foco de demanda. No obstante, hay que recordar que los procesos de integración de las Cajas de Ahorros están demostrando, en su conjunto, poca capacidad de innovación e inventiva para atraer capitales y, por lo tanto, demostrar su solvencia futura. Asimismo, la supuesta incapacidad gestora de los máximos responsables de estas estructuras económicas mantienen y refuerzan sus posiciones de privilegios en las nuevas sociedades bancarias resultantes de las fusiones frías, templadas o calientes que se vienen gestando, lo que da buena cuenta de la tibieza del mensaje enviado y procesado desde el regulador central. De este modo, atisbar un esperanzador futuro de recuperación crediticia y un abandono de los abusos en la concesión de créditos y coberturas a los poderes fácticos a lo largo y ancho de la geografía nacional parece poco probable.

Con todo lo expuesto, y si los propios inspiradores de esta sucesión de integraciones que vienen formando diminutas entidades, con dificultades de solvencia y remanentes comprometidas en las respectivas entidades autonómicas y locales, es evidente asumir que la recuperación de una entidad bancaria, producto de la mescolanza de la mayor parte de Cajas de Ahorros españolas, supone el establecimiento de un resorte poderoso para recuperar todo aquello que genera dignidad social. Todo lo demás son parches liberales y, por ende, el alargamiento de una senda que conducirá inexorablemente a nuevos abusos y repartos de la élite financiera estatal. Mientras tanto, la ciudadanía sufre embargos, rechazo crediticio y encarecimiento de los servicios bancarios básicos.

Una banca pública es justa, posible y extremadamente necesaria. No para competir en este sistema capitalista tenso y macabro que relega a los ciudadanos a la categoría de objetos exprimibles, sino para dignificar los pocos años que nos toca vivir. Banca pública es garantía de un foro de encuentro igualitario entre necesidades y recursos, donde se encontrarían proyectos y realidades.

El dilapidador ambulante

En los westerns que tanto disfrutábamos en la infancia, ésos en los que, a medida que íbamos cumpliendo años,  progresivamente trasladábamos nuestra simpatía de los emprendedores cowboys hacia los heroicos indios, aparecía recurrentemente un personaje secundario pillo y timador, un emprendedor de lo cutre.

Algo así, pero cambiando el humor por el drama. El vendedor ambulante, que aparecía en las poblaciones recien constituídas intentando aprovecharse de la ignorancia y la desesperanza ajena ofreciendo productos supuestamente milagrosos, es una figura incrustada en casi cualquier espacio y tiempo de la historia. Su final, en todo caso, siempre es el mismo, sangriento y brutal a manos de algún estafado, indignado doblemente con la certidumbre inocente del engaño y la pérdida de sus escasos recursos.

Estos titiriteros comerciales, como decimos, han cultivado su brillantez sobre la estupidez ajena, y es presencia confirmada en cualquier sociedad y momento histórico, si bien sus ropajes y actitudes evolucionan en la medida que sus ancestros fracasan.

Hemos analizado en artículos anteriores el momento actual que padece el conjunto de Cajas de Ahorros en nuestro país a raíz de la agresiva campaña de modificación y transformación de su naturaleza jurídica por parte del ejecutivo nacional. Como recordamos, se han ido dando una serie de pasos, confusos en su inicio, terriblemente clarificadores en estos días, que demuestran a las claras unos propósitos espurios. Hagamos memoria:

1. El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, comienza a hablar de la reestructuración del sistema financiero español, atendiendo especialmente a la supuesta debilidad en los ratios de solvencia y morosidad por parte de las entidades de ahorro. Anima a buscar alternativas de cara a reordenar el mapa de las Cajas, dejando abiertas las posibilidades.

2. Tras varias intervenciones en la misma línea, comienzan a embrionarse uniones estratégicas de Cajas de ahorros, siendo Caja Navarra, Caja de Burgos, CajaCanarias y Sa Nostra (ésta última se descolgaría finalmente) la asociación pionera en anunciar una agrupación bajo la fórmula de un SIP (Sistema Institucional de Protección), con el objeto de buscar sinergias financieras para mejorar sus perspectivas de negocio.

3. El Ministerio de Economía y Hacienda anuncia la obligatoriedad, antes de fin del año 2010, de conformar grupos de cajas bajo esta fórmula o fusiones reales, poniendo a disposición de dichos movimientos empresariales el denominado FROB (Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada), de cara a agilizar la financiación necesaria para acometer los procesos mencionados. Las cantidades solicitadas se tienen que devolver en un plazo máximo de cinco años a un tipo fijo del 7,75%. Salvo Banca Cívica, el resto de uniones acuden al auxilio de esta fórmula de financiación.

4. Conformados los principales SIP, bajo la figura obligatoria de una entidad bancaria de nueva creación formada por las cajas participadas en cada proceso, se anuncia la obligatoriedad de que dichas entidades coticen en bolsa en un plazo que no puede superar el mes de marzo del año 2012. Las entidades de ahorro que opten por mantener su naturaleza jurídica o los SIP que no abran su participación en el mercado bursatil, deben cumplir unos mínimos extremos de exigencia solvente (10% de ratio), prácticamente inalcanzables (Unicaja ó BBK son las excepciones hasta la fecha). De este modo, las integraciones eficaces se transforman en nacimientos de nuevas entidades bancarias, en las que las cajas fundadoras se reservan un porcentaje superior al 51% del accionariado y el resto, dependiendo de la decisión de cada Consejo de Administración, saldrá a bolsa, entrando capital privado que, en caso de concentración, puede variar diametralmente la naturaleza y objeto del destino fundacional y social de las Cajas.

5. Actualmente, y bajo las premisas descritas anteriormente, en las que desde el gobierno estatal se ha venido culpando a las entidades de ahorro de excesiva morosidad en operaciones dudosas (en muchos casos auspiciadas por la clase política desembarcada en los órganos de gobierno de las Cajas), así como de su inviabilidad jurídica de cara a la atracción de inversores extranjeros se ha logrado desnaturalizar de manera sensacionalista la esencia de las Cajas, motores económicos gracias a la reinversión social, así como garantes eficaces de la atención cercana y preocupada de sectores poco atractivos a nivel de rentabilidad para los bancos (pensionistas, entidades sociales, etc.). La obligatoriedad de conformación de una entidad bancaria sobre los pilares de las cajas, lo que, a primera vista, podía sonar a contrasentido, por duplicidad de funciones, se ha destapado como la esencia misma del plan ejecutor comenzado hace año y medio. Las Cajas se quedarán convertidas en meras fundaciones enrocadas en su porcentaje de participación en el banco matriz, que decidirá en términos estratégicos como dotar las correspondientes obras sociales. A la entrada de capital privado, éste, vinculado a alguno de los socios fundadores, en escenarios de concentración accionarial, puede resultar definitivo para el enterramiento, gradualmente, de un modelo eficaz que se han encargado de demonizar impunemente.

6. El último capítulo de este defenestración de soberanía nacional ha tomado forma por obra y gracia de una nueva generación de vendedores ambulantes, representados por el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Los mercados y los inversores internacionales han dejado de presentarse como figuras abstractas para concretarse en algo tan terrenal e inquietante como jeques y petrodólares. De este modo, el titiritero se ha llevado a Oriente Próximo una maleta llena de productos con magnífico envase y un contenido milagroso: Bancos nuevos, con muchos fondos de ahorradores y pequeños empresarios, así como ingentes promociones inmobiliarias en cartera, listas para vender. Compre señor, que le sale barato. El jefe del ejecutivo, en un nuevo acto de soberbia incompetencia y ausencia de mira histórica, ha anunciado la entrada de capital quatarí y dubaití en nuestro sistema financiero-social, como un logro estratégico de agarrate y no te menees.

En todo esto, cabe preguntarse ¿la democracia qué es? Mientras nuestros antiguos socios, a los que recíbiamos en Moncloa o visitábamos en jaimas, se convierten en tiranos desterrados de nuestro selecto grupo sólo cuando el pueblo expresa lo que ya se sabía, firmamos acuerdos con sus primos hermanos, los que mañana se podrán ver en la misma tesitura de conflicto interno. La honestidad no abunda ni en la política ni en la información, pero nadie oculta que los socios del oro negro lo son en tanto en cuanto vendan barato, suministren bien y mantengan su apariencia de dirigentes generosos al más alto nivel. Hasta ahí, amigos. Si a tus hambrientos súbditos les da por rebelarse y nos obliga a aparentar condena e indignación, no te llamo más.

Quatar es dictadura, es expolio de los recursos naturales para gloria de monarcas absolutos derrochadores y pretensiosos. Aún así, somos cómplices históricos de la injusticia porque no gozamos en nuestro subsuelo del maná fundamental de la vida moderna. Y rematamos la jugada con la más trágica de las ventas ambulantes. ¡Cajas baratitas, oiga. Por ciento cincuenta millones le cedo el control de una recién limpita y lustrosa! Confiemos que al final de la película los vecinos del poblado descubran el engaño y obliguen a reparar la estafa.

El panorama financiero español a partir de 2011

Desde el pasado viernes 18 de febrero, el mapa financiero español ha vuelto a modificar sus coordenadas, en este caso con un halo de golpe definitivo de aquellos horizontes que aún quedaban en lontananza. Lo más significativo, si bien ha sido encubierto en los grandes titulares por una medida mucho más populista que eficaz (la limitación de salarios y retribuciones de los directivos que reciban ayudas públicas del FROB), es la ratificación de que todo el proceso de “reestructuración” de las Cajas de Ahorros iba encaminado a esta mano de pintura definitiva: de un modo u otro, resulta imposible que en el mapa financiero nacional sobreviva ninguna entidad de ahorro con la estructura y objetivos que hasta ahora venían rigiendo, independientemente de haber ido cumpliendo los parámetros exigidos y demostrar su solvencia probada y ratios establecidos.

La ministra de Economía, Elena Salgado, ha conseguido dar la estocada definitiva a las Cajas de Ahorros, esta vez sin tapujos. Utilizando el discurso manido de recuperar la credibilidad exigida por los mercados internacionales, ha dejado en manos privadas sí o también los fondos y recursos de entidades que, hasta ahora, carecían de dueño, y que mantenían una profunda obligación de reinversión social. Ambas características han sido aprovechadas con mejor o peor tino por los directivos de turno a lo largo y ancho del mapa nacional, pero lo que resulta innegable es que resultan, en puridad, instituciones con las herramientas más adecuadas para hacer fluir el crédito hacia las pymes y las familias, así como reinvertir en la respectiva plaza los beneficios obtenidos con su actividad financiera.

Pues bien, de manos de la orensana, los ratios de capital mínimos exigidos superan los establecidos para países de nuestro entorno, llegando al 10% para aquellas entidades que no coticen. De este modo, se levanta un camino de muros altos y una sola dirección, en las que las Cajas que no se conviertan en bancos y antes de marzo de 2011 no coticen en bolsa, como mínimo, un 20% de su capital únicamente tendrán un camino: la nacionalización. Pero como advertimos en un artículo anterior, estamos ante el perverso manejo de una nacionalización inversa, en la que el Estado no pretende, ni por asomo, rehabilitar una banca pública para conseguir la generación de crédito solidario o, por lo menos, de una

Con socialistas así, cuando la derecha llegue ni nos enteraremos

impersonal actividad financiera de eminente carácter social, destinado a atender necesidades de las familias, al estilo de lo que reservan a nivel empresarial para las lineas ICO. La intención del gobierno estatal será guiar a esas entidades “díscolas” hacia el camino correcto. El gobierno gallego ya ha puesto el grito en el cielo, porque comprueba con estupor que su obsesión por apadrinar una fusión de cajas gallegas (CaixanovaGalicia) no ha servido de nada. El porqué de ese interés y obsesión es otro cantar. Pero, ¿qué ocurrirá con entidades de ahorro que no han participado de ningún proceso de integración por dar muestras objetivas de unos ratios de morosidad y capital adecuados con su actividad?. La vizcaína BBK, la guipuzcoana Kutxa o la malagueña Unicaja han mantenido sus caminos solitarios en esta carrera de fondo que hace referencia a reestructuración, pero exclama a gritos privatización de la buena. De la que, con las medidas de este pasado viernes, dejará a las integraciones de las Cajas a los pies de los grandes bancos, nacionales e internacionales, con sus respectivas salidas iniciales a bolsa anunciadas. Los directivos de las más importantes fusiones realizadas hasta ahora (la fomentada por Caja Madrid y Bancaja, junto con otras cajas de menor tamaño, o el llamativo proceso denominado Banca Cívica) restan dramatismo al asunto, afirmando que la naturaleza de las cajas primigéneas, que inicialmente mantendrán un 60% de las acciones del banco creado, continuarán su labor benéfico-social y su orientación hacia aquellos segmentos que han formado la clientela tradicional de sus entidades. Pero con la velocidad a la que se han ido produciendo los acontecimientos, desde el verano pasado, hasta hoy, nadie puede asegurar que tan siquiera sobrevivan como Fundaciones dentro del organigrama del banco matriz. Para empezar, porque con la necesidad de mejorar esos ratios de capital y solvencia por parte del banco matriz, esto obligará a las Cajas participadas a hacer un esfuerzo titánico que redundará en sus respectivas Obras Sociales, de las que se detraerán importantes partidas ahora encaminadas a alcanzar límites exagerados y desproporcionados con respecto al sistema financiero europeo, eliminando una importante herramienta de dinamización no sólo cultural, social o deportiva, sino fundamentalmente económica. A partir de ahí, si se estabilizan las condiciones actualmente impuestas, habrá que ver qué herida, curable o mortal de necesidad, se habrá producido en la esencia y fin de una figura jurídica que ha sido motor y desarrollo de la economía nacional. Tras la privatización de Caja Postal, Argentaria, las Cajas de Ahorros, a pesar de su politización desmedida y su incursión en aventuras financieras insoportables con respecto a su tamaño y capacidad, eran los últimos reductos de una suerte de banca cercana, solidaria, capaz de entender la microeconomía. A partir de 2012, el recuerdo de que el sistema financiero debe existir, en esencia, para mutualizar beneficios y deudas, para dinamizar la economía y sostener el desarrollo social, quedará en los libros de historia y en algunos tomos desperdigados por la sede de la CECA, donde imaginamos que estarán bunkerizados, resistiendo sin confianza a un enemigo que los tiene cercados.

De las Cajas de Ahorros a los SIP (Sistemas Indisimulados de Privatización)

Sobre la nueva regulación del mercado financiero español se ha escrito hasta la extenuación en los últimos seis meses: sesudos trabajos en medios de comunicación especializados, reflexiones más o menos ligeras en primeras páginas para profanos, análisis económicos sobre cómo debe quedar el mapa financiero del Estado, argumentando supuestos desmanes como jusfificación de un futuro inmodificable y, a la vez, supuestamente necesario, en estudiado paralelismo con el pliegue a los mercados internacionales y a los mandatos de las instituciones comunitarias.

Por lo tanto, sería innecesario volver sobre pasos andados en todas direcciones; la intención es realizar una reflexión acerca de la justicia de lo que está sucediendo y, casi irremediablemente, se concretará a lo largo del presente año. Una reflexión sin datos macroeconómicos ni estadísticas presupuestarias que obliguen a desembocar en una conclusión utilitarista. Es éste un camino que comienza a finales del siglo XIX y que nos tememos va a finalizar a lo largo del presente curso. ¿De qué manera? Sencillamente de la única posible: injustamente, malvendiendo lo que no es de uno, dejando en manos de ese mercado salvador de la patria chica unas estructuras creadas por los individuos, por los asalariados, a precio de saldo.

Sede Central de Caixa Laietana

Las Cajas de ahorros españolas comenzaron su formación, como decíamos, hace más de cien años, apareciendo como instrumentos mutualistas que permitieran la estructuración de ahorro y préstamo entre asalariados, de modo que, solidariamente, pudieran hacer frente a las necesidades de crédito de los miembros, así como asegurar su capacidad de ahorro. De manera similar y en idéntica época comenzaron a surgir las primeras mutualidades de seguros. La idea inicial y que aún hoy se mantiene, al menos en sus estatutos, es bien sencilla: poner en común cantidades pecuniarias excedentes para hacer frente a la necesidad de préstamo o de cobertura de contingencia, en uno u otro caso. Las mutuas de seguro desempeñaron una función primordial en Estados con estructuras de protección social básicas o inexistentes, cubriendo aquellas necesidades derivadas de un accidente de trabajo (asistencia médica, baja laboral, etc.), mientras que las Cajas de Ahorros aseguraban los fondos y, a su vez, hacían fluir el dinero para movilizar la economía local y desarrollar su estructura.

Esos proyectos se concretaron en una suerte intermedia entre comunidades de bienes y fundaciones; absorbe de las primeras la intención de poner algo en común para conseguir un rendimiento, y de las segundas el concepto de entidad sin ánimo de lucro con afán de reinversión de sus beneficios en cuestiones de marcado carácter social. Esta filosofía original también se mantiene en su espíritu, si bien se entiende como un catálogo de principios bienintencionados por encima de su acción real.

Sede Central de CajaCanarias

Sede Central de CajaCanarias

Para entender el discurrir de su realidad jurídica y operativa, tenemos que recordar dos asuntos claves y uno en forma de tiro de gracia en las dos últimas décadas del siglo XX: la trasferencia de capacidad legislativa a las CCAA en lo que respecta a la regulación de las Cajas de Ahorros y la estructura de sus Asambleas y correspondientes órganos de gobierno, permitiendo a ellos el acceso de los cargos públicos de las plazas donde están radicadas (del remate nos ocuparemos más adelante). Ambas situaciones han conducido a la raíz del problema o, en puridad, a la oportunidad justificativa de lo que hoy nos ocupa. En efecto, el abuso en la presencia de la clase política en aquellos foros donde se estructura la política financiera de las entidades de ahorro ha permitido que éstas derivaran en auténticos prestamistas de las corporaciones públicas, dando cobertura a operaciones de dudosa o nula garantía que han venido lastrando la capacidad de dichas entidades, preocupadas en servir a sus responsables y sirviendo como innegables mecenas de campañas electorales. Asimismo, la capacidad legislativa de las asambleas autonómicas ha dejado en las mismas manos el destino de los fondos de las Cajas y su estructura jurídica, sin olvidar su valor más representativo: la organización y el destino de las Obras benéfico-sociales de las entidades de ahorro. Aún así, es fascinante comprobar como, reformando la cobertura legislativa de estos entes de manera disgregada, sin capacidad unificadora desde el Estado central, los desmanes y errores han sido similares y, en ocasiones, misteriosamente coordinados.

Sede Central de Caja Granada

El tiro de gracia no es otro que la pérdida de naturaleza jurídica de las Cajas de Ahorros a partir de la liberalización del mercado financiero; permitiendo a estas entidades operar en el mercado con los mismo parámetros y ofertando la misma gama de productos que a los bancos, se condena a sus dueños originarios a ser beneficiarios de tercera en cuanto a la capacidad de crédito de la entidad. En efecto, las Cajas de Ahorros, hasta hace aproximadamente treinta años no podían ofertar determinados productos y servicios (acciones, productos derivados, etc.), protegiendo de este modo su esencia y separando meridianamente las funciones y el espacio comercial entre Cajas y bancos. Eliminando dicha barrera, unido a los factores anteriormente descritos, sobre todo lo que respecta a la entrada de intereses ajenos a los cuentarrentistas en los órganos de gobierno, las Cajas propusieron una batalla entre desiguales, operando en el mercado a semejanza de bancos y compitiendo en campos hasta ese momento inexplorados, lo que condujo, en muchos casos, a una sobredimensión exponencial de sus estructuras y resultados, con desigual suerte. De esta guerra sin cuartel los bancos se han quejado amargamente, no sin razón: Algunas cajas que han tomado un tamaño relevante en el mercado financiero han realizado operaciones de compraventa de mayorías accionariales en bancos europeos, mientras que éstos no pueden entrar en sus Asambleas y órganos de gobierno, al tratarse de Fundaciones con carácterísticas especiales, pero en todo caso entidades sin ánimo de lucro y, por lo tanto, sin dueños. Esta condición, que choca con las condiciones de libre mercado, es consecuencia de la liberalización del mercado, de exponer al concepto Caja de Ahorro a la ambición especulativa y comercial de muchos directivos que han querido ser banqueros, cuando en realidad eran cajeros. Esas partidas, en muchas ocasiones con la complicidad de algunas Cajas de mayor tamaño con pretensiones indisimuladas, han originado estos resultados. Entidades nacidas con el esfuerzo ahorrativo de multitud de cuentarrentistas asalariados y empresarios locales se verán obligadas a integrarse primero y a despedazarse después. Los SIP son Sistemas Indisimulados de Privatización, no Sistemas Institucionales de Protección, como rezan sus siglas.

Sede Central de Vital Kutxa

Sede Central de Vital Kutxa

La reforma del sistema financiero no esconde que ha tenido que realizar un regate a la realidad jurídica para privatizar por nacionalización liberal, es decir, sin ánimo de poner en manos públicas un bien que crea riqueza colectiva, sino su reverso tenebroso. Al no poder vender lo que no es tuyo, y mucho menos obligar a hacerlo, se ha aprovechado de una situación económica y financiera (la estatal y la de las Cajas de Ahorro) auspiciada por las propias decisiones y acciones surgidas de las modificaciones anteriormente expuestas, y las ha colocado en bandeja de plata para sus benditos mercados. En un tiempo donde nadie discute que es necesario hacer fluir el crédito, preferentemente a las pymes (70% del sector empresarial español) y los trabajadores por cuenta ajena, se desguaza a sus principales promotores. Cuando es necesario el apoyo desinteresado y ágil a proyectos que dinamicen la realidad social, cultural o deportiva, creadores e impulsores eficaces de la economía, así como de su diversificación operativa, las obras sociales quedan en tela de juicio. Y no pasa nada.

Las integraciones de Cajas permiten la trampa, son la única vía: disfrazan de sinergias y mutualizaciones (términos podridos en el ámbito financiero), lo que son prejubilaciones incentivadas a costa de los bolsillos colectivos, pactadas con la Fiscalía, el poder judicial y el Banco de España sin pudor ninguno, en nombre de la reestructuración y eficacia. De nuevas contrataciones, nada de nada. Maquillan de eficacia operativa y organizativa lo que es el fin último de todo este proceso: la aparición de un banco, pero de un banco pequeñito. Primero nos dijeron que era necesario unir Cajas y no entendimos bien a bien por qué; después que la fórmula del SIP era la más adecuada y tampoco lo explicaron con claridad; más adelante, pero con celeridad, esos SIP formaron bancos, cuyo dueños eran las Cajas integradas, sin darnos cuenta de como mejoraría la multiplicación de estructuras la eficacia de concesión de crédito y captación de capitales. Ahora ya se han quitado la máscara, las Cajas se quedarán como exóticas Fundaciones locales, pero sin naturaleza definida ni autonomía conocida, mientrás un buen tajo de la tarta se convierte en acciones, cotizadas en bolsa como no puede ser de otra manera, y a esperar a los mercados salvadores, que raudos llegarán a la pesca de la nueva presa. El problema es que la pieza obtenida no la han capturado en mar abierto, sino en nuestra pecera, a través de una ventana que no recordamos haber dejado abierta.