El disputado voto de un señor CUP

CUP2Como las causalidades que surgen de la ficción realista hacia el escenario del realismo sociológico, resulta difícil imaginar que el terrenal Delibes imaginara, mientras remataba El disputado voto del señor Cayo, que su prosa tomara forma en la Catalunya de 2015. Tras las asambleas de la pasada semana, y más allá del caso particular que se aireó desde twitter hacia algunas cabeceras, deben existir cientos de sensibilidades ausentes que se estarán preguntando porque la imposibilidad o la desidia les impidió convertirse, tal vez por única vez durante su divagante existencia, en cuestión determinante para algo; más aún cuando del inmediato futuro del proceso soberanista se trata. Empate a 1515 es idéntico a arruga espacio-temporal en un universo que ve como se expande, al estilo de una supernova caprichosa, su trascendencia con visos de explosión magnética, un infarto masivo de intereses que, gracias al compromiso asambleario, produce estos escenarios tan cinematográficamente rocambolescos.

Cientos de miles de votantes de CDC y ERC no pueden conciliar el sueño cada vez que escuchan el soniquete democrático de las reuniones de la CUP. En el fondo, rabian contra la democracia: El artilugio parlamentario tiene un pase para justificar con unos puñados de votos la decisión de unos pocos, algunos que ni siquiera han rendido cuentas electorales en su maldita y corporativa existencia; pero topar el destino frente a diez diputados que, en realidad, son tantos y tantos ojos vigilantes desde las respectivas organizaciones territoriales, resulta inconcebible a aquéllos que, no obstante, se empecinan en timarnos con su inquieta paciencia, cada vez más irritada. ¿Qué ocurrirá mañana, en ese tie break que amenaza con finiquitar un apasionante duelo de voluntades? Pase lo que pase, la división que el resultado producirá entre el público no se presenta, a priori, pacífica. Es lo segundo más relevante que deriva de la democracia real: saber que se tiene poder efectivo de opinión refuerza la propia en detrimento de la ajena, más aún si una supera a la otra por margen tan famélico.

CUP1Mañana, no obstante, se clausura este proces dentro del proces de la manera más deslucida. A golpe de tablas en ese múltiple tablero directo en el que se han batallado las cuatro opciones que la CUP puso sobre la mesa, será el Consejo Político el que tome la determinación, con unas pocas decenas de representantes que trasladarán la voz de sus respectivos órganos territoriales. Un refrendo en diferido, vaya. Y sea cual sea la decisión, el pragmatismo habrá empapado las voluntades que han definido el camino hasta llegar al culmen de una toma de voluntad que, aunque parezca poderoso, ha desgastado sobremanera a las sensibilidades de esta formación política; exigencia injusta y exagerada sobre los hombros, a imagen y semejanza del labriego Cayo, de un porcentaje moderado de apoyos ciudadanos que dirán cual es la senda que tomará Catalunya de aquí en adelante, a la espera de otras potenciales disfunciones en las negociaciones que no han empezado sino comenzar en la Corte. Que la honradez los acompañe.

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Otra oportunidad conscientemente desperdiciada

Un nuevo capítulo sobre cómo tirar a la basura oportunidades magníficas para voltear un sistema muerto al que califican, con cobardía manifiesta, como crisis pasajera. El incontestable suspenso de la Caja de ahorros del Mediterráneo (CAM) en los últimos stress test sobrevino como una puntilla imposible de esquivar para una cúpula directiva politizada, sin experiencia en la gestión financiera, y amante de la especulación inmobiliaria a cotas indecentes. Únicamente con los millones de euros invertidos en el despropósito megalómano de Terra Mítica y las líneas de crédito en Polaris World o Seseña, cualquier Caja de Ahorros de tamaño medio se hubiera desbarrancado sin remisión. No obstante, el gobierno popular de la Comunidad Valenciana ha mantenido defensivamente a la misma ineptitud postrada en los mullidos sillones de un Consejo de Administración presuntuoso y cretino: primero con BBK y, posteriormente, con Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria, la entidad de ahorro levantina ha dinamitado la posibilidad de estructurar SIP estables por su obsesión a la hora de negociar cotas de poder que no se correspondían con su balance, siempre bajo el argumento de su volumen de negocio total, ése que escondía bajo la alfombra miles de millones de morosidad irrecuperable, de inmuebles apalancados sin posibilidad de salida.

Tras el hundimiento de CCM y CajaSur, el Ejecutivo ha perdido conscientemente la oportunidad de establecer el germen de un sistema financiero público, de tamaño mediano y exclusivamente enfocado a facilitar microcréditos a familias en situación de riesgo y líneas de apoyo innovadoras a las pymes. Por el contrario, el sistema tributario detraerá de sus ingresos unos tres mil millones de euros a fondo perdido para sanear CAM y, posteriormente, desguazarla y venderla al mejor postor. La banca patria ya se frota las manos con este nuevo obsequio de magnífico relleno en forma de ingentes cantidades de pasivo a gestionar a coste cero, con una red de sucursales y una plantilla formidable.

Radiografía de CAM. Dragan Lukic

Las Cajas de Ahorros han mantenido un camino de negocio y gestión bien determinado hasta principios de los ochenta. Limitado su acceso a la oferta de productos financieros complejos, la separación entre entidades financieras y de ahorro mantenía igualmente el espectro diáfano cara al cliente en lo que respecta a su elección. La interesada apertura y ampliación de servicios, especialmente en lo que se refiere al negocio de préstamos hipotecarios, unida a la invasión desmedida de la clase política en los Consejos de Administración y Asambleas, trajo estos lodos.

El manifiesto apoyo de Emilio Botín al cumplimiento efectivo de la legislatura no es baladí ni gratuito. El proceso de reestructuración del sistema financiero no ha sido más que la antesala para dejar a los pies de los caballos a aquellas Cajas de Ahorros que ahora podrían estar integrando una gran banca pública con los mismos principios inspiradores que vieron nacer a estas entidades: ausencia de ánimo de lucro y reversión benéfico social en las comunidades donde se encuentran asentadas. Con la salida a bolsa de Bankia y Banca Cívica, los dos primeros grupos de Cajas que han rematado su proceso de desaparición, ya están a disposición de los grandes capitales el control de los otrora fondos de millones de ahorradores que apostaban por generar beneficios a su comunidad. Estructuras bancarias medianas, gestionadas por los mismos directivos que, presumiblemente, no supieron mantener a sus entidades de ahorro en unos niveles de solvencia adecuados para escapar de la quema, serán pasto de los carroñeros que ya sobrevuelan sus minúsculas sedes.

La democracia alejada

Nos encontramos a las puertas de una nueva y despilfarradora campaña electoral, en este caso con el propósito de elegir a nuestro representantes en los diferentes Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y Cabildos, así como en los parlamentos de aquellas CCAA que no aprobaron sus correspondientes Estatutos de Autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución, salvo Andalucía. Estamos, por tanto, frente a un proceso que, si bien debería convertirse en fiesta de la democracia y herramienta real para la expresión de la soberanía popular, se ha enquistado como un procedimiento pactado y pactista. Pactado en base al sistema de distribución proporcional del voto que rige nuestro sistema electoral, y pactista por cuanto los programas de gobierno de los diferentes partidos políticos con posibilidad de conseguir concejales y diputados aparecen matizados desde los mitines iniciales, intentando no herir sensibilidades necesarias para combinar estrategias miserables de poder.

En efecto, el sistema siempre ha utilizado una estrategia de marketing político encaminada a vender la importancia de hacer uso de la papelera, perdón, de la papeleta, expresando nuestra opinión de forma directa, traduciendose ésta en la voluntad soberana del pueblo español. Dicha campaña ha dejado al descubierto su manifiesta ineficacia, por cuanto el nivel de abstencionismo en las últimas elecciones generales y autonómicas, no digamos ya europeas, es abrumador. ¿Por qué? muchos son los factores, pero dos se antojan definitivos a medida que nuestra educación electoral se ha ido asentando con el paso de los respectivos procesos electivos desde el advenimiento de la monarquía parlamentaria.

1. El bicameralismo que propugna nuestra carta magna no se traduce en dualidad de funciones efectivas, y la elección de sus miembros no viene acompañada por un reparto de las responsabilidades que defina su existencia. En nuestro sistema se utiliza, como método de distribución electoral, la fórmula denominada “sistema de D´Hont”. A grandes rasgos, el procedimiento consiste en computar el total de votos logrados por cada partido político en liza y, a partir de ahí, ir repartiendo el total de escaños en función del mayor total de votos en cada división que se vaya realizando. Resulta muy sencillo en base a un ejemplo: supongamos que participan cuatro partidos políticos para repartir un total de 8 escaños. El primer partido ha recibido 240.000 votos, el segundo 150.000, el tercero 70.000 y el último 20.000.

De este modo, se realiza la siguiente tabla:

Partido 1            Partido 2            Partido 3           Partido 4

240.000  (1) 150.000              70.000              20.000

120.000             150.000 (1) 70.000               20.000

120.000 (2) 75.000 (1) 70.000               20.000

80.000    (3) 75.000 (1) 70.000               20.000

60.000    (3) 75.000 (2) 70.000               20.000

60.000    (3) 50.000 (2) 70.000 (1) 20.000

60.000    (4) 50.000 (2) 35.000 (1) 20.000

48.000    (4) 50.000 (3) 35.000 (1) 20.000

De este modo, a medida que en cada paso se reparte un escaño, el partido que lo logra divide para la siguiente columna su elección total, primero por dos, después por tres, etc., hasta contabilizar el número total a repartir. En las elecciones al Congreso de los Diputados y Parlamentos Autonómicos se utiliza este sistema, absolutamente injusto en relación a una democracia directa. En primer lugar, por la fórmula de reparto explicado en el cuadro anterior se desprende la ausencia de democracia directa en el mismo, ya que la proporción juega en favor del partido más votado. En el ejemplo expuesto, el primer partido consigue una proporción de 4/1 con el tercer candidato, si bien el total de votos (240.000 contra 70.000) no representa idéntica diferencia. Si a eso le sumamos los límites legislativos para poder siquiera optar al reparto (mínimo de 3% a nivel nacional, pero con casos tan sangrantes como el regulado en la Ley Electoral de la CCAA de Canarias, que establece un límite del 6% regional y el ¡30%! insular), y que las listas no son únicas a nivel nacional, sino provinciales (lo que establece un segundo baremo poblacional por escaño que afecta a la proporcionalidad), tiramos la soberanía popular a la basura.

De este modo, una Cámara que debería recoger el sentir político general del total de ciudadanos del Estado queda repartida en beneficio de los dos grandes partidos, así como beneficia a aquellas formaciones políticas que concentran su capacidad y espectro político en una CCAA determinada. Sumemos a estos despropósitos el anteriormente mencionado elemento abstencionista, que no mantiene representación ni resta número de elegibles, y la injusticia está bien preparada. Es más, a los partidos mayoritarios hasta les favorece que ésos que no votan ni aparezcan, sobre todo los desencantados y críticos con el sistema.

A su vez, el Senado se instrumentaliza como una Cámara de representación territorial sin serlo, ya que, el no contar con listas cerradas no influye en la fórmula de elección, circunscrita a provincias y con elección directa, pero sin instrumentalizarla como un órgano con efectiva capacidad legislativa y reglamentaria en asuntos de índole territorial. Al contrario, su presencia se limita a servir de frágil contrapeso de la Cámara baja, lo que en lugar de constituir un elemento constructor de la voluntad del Congreso, únicamente consigue (en función de las mayorías) frenar el proceso de elaboración normativa.

2. La inexistencia del péndulo necesario que equilibre la voluntad general, residente en los más de treinta y cinco millones de electores, con respecto a los desajustes del sistema. Consecuencia de lo advertido en el primer punto, el sistema, de forma directa, evita un equilibrio jacobino entre la expresión del soberanismo parlamentarista y el sentir de la población. De este modo, no sólo quedan millones de votos arrimados en los grupos mixtos de las Cámaras de representantes, sino que el boyante abstencionismo, fruto del desencanto por las fallas del proceso y la realidad política, no viene acompañada de un contrapeso popular que complemente las decisiones representadas en los órganos de gobierno.

El Asamblearismo democrático, maquillado tras los límites, arreglos y mecanismos detallados anteriormente, se traduce en desigualdad, irrealidad y, en definitiva, limitación de la legitimidad del sistema.