Acorraladitos

Corralito2Y en éstas llegó Chipre y mandó temblar. Los millones de pequeños ahorradores europeos, que coinciden con aquellos estratos sociales que llevan un lustro soportando intervenciones enmascaradas, aumentos desproporcionados de la imposición indirecta y un desempleo galopante que amenaza cada mañana a todos y cada uno de los asalariados que tienen aún la fortuna de serlo, observan con pavor desde el pasado viernes como el fantasma último de la gran estafa planea sobre sus miseras cuentas corrientes: una funesta suerte de corralito financiero que lanza su candado sobre la falsa placidez de los depósitos bancarios para retener, primero, su reintegro y proceder al adelgazamiento unilateral, después, sin juego de sartenes por medio, con vistas a seguir pagando cuentas ajenas.

A lo largo de los próximos días el Parlamento chipriota debatirá (?) una batería de medidas orientadas a utilizar de mascota ejemplarizante al minúsculo Estado insular con vistas a continuar la senda del recobro de una deuda que escala y escala sin permitirnos conocer el grosor de su titularidad expansiva. Una vez más nos encontramos ante la consecuencia de trayectorias similares, difícilmente casuales por cuanto responden a un recorrido extrapolable a todos aquellos países de la zona euro que se ven acorralados por la Troika y su voracidad incontrolada: La aparición de una burbuja financiera e inmobiliaria que, aprovechando el espejismo de falsa prosperidad que presentaba la primera, desencadenó un aumento del crédito descontrolado en relación al PIB real, con la connivencia de un descontrol de precios sobre los bienes inmobiliarios. El fácil acceso a los empréstitos hipotecarios genera una economía virtual que pone en el mercado ingentes cantidades de euros respaldados por ladrillo de plastilina, que se van derritiendo a medida que el colapso en los precios y el cierre del grifo crediticio comienza a provocar fugas de desempleo, impagos y estancamiento macroeconómico. El desenlace ya lo venimos conociendo, si bien los últimos vagones aún no han pasado por el andén.

Corralito1Si algo se ha mantenido como principio sacrosanto de la economía capitalista, asentada en la intermediación financiera y su política de depósitos como refugio inalterable de las alcancías ciudadanas, es el aseguramiento de las cantidades acumuladas moneda a moneda, honradamente, con un máximo de 100.000 euros a razón de cada cliente en virtud de la propia normativa comunitaria y nacional, a través de los respectivos fondos de garantías. Con la línea que se pretende cruzar en el epicentro mediterráneo se derrumba por completo, si es que todavía mantenía respiración no asistida, la mermada confianza ciudadana en el entorno, por muy duro y tormentoso que se ha venido presentando desde finales del año 2008. La mayor parte de la gente puede ir desarrollando parciales caparazones para protegerse del desmantelamiento parcial del Estado Social, el aumento de tasas, impuestos y contribuciones, el encarecimiento de los bienes indispensables de consumo, pero necesita irse a la cama con la mínima placidez de ese colchón más o menos recio de su capacidad hormiguera para fabricar un inmediato porvenir algo mullido; si se le azuza con la vara recaudadora en su bolsa de viaje, el pánico ante la injusticia puede perder los estribos.

Corralito3Establecer una imposición sobre los fondos propios de la economía doméstica no sólo resulta gravemente injusto por lo anteriormente expuesto, sino que viola y transgrede cualquier mínima confianza que aún pueda depositar la ciudadanía en los planes de sus gobernantes para salir de ésta porque se estaría frente a un atraco sin pasamontañas, a plena luz del día, y con el agravante de secuestro: el modus operandi que los dueños de Europa planean pasa por el cierre temporal de las sucursales bancarias para arrinconar el dinero lejos de sus legítimos propietarios, hacerse con una parte sustancial del botín, y salir a cara descubierta diciéndole a los agraviados que lo hacen por su bien y que no se alteren que la cosa podría ser peor.

Imagínese el presente panorama sobrevolando democracias sospechosas desde la óptica deformada de Bruselas, a las que se pone en la picota cada vez que optan por recuperar para la riqueza y gestión nacional aquellas concesiones en manos de multinacionales europeas que no cumplen los requisitos y acuerdos establecidos. Si en Venezuela o Ecuador se optara por una intervención directa en los fondos ciudadanos ya estaríamos desayunándonos con titulares que alertarían de expropiaciones, nacionalizaciones y atentados contra la economía de mercado. Por estas tierras, en cambio, no se escucha ni una brizna de escándalo frente a algo que es mucho más que todo eso: estamos ante un auténtico recobro, después de haber soportado como viene fluyendo el crédito desde el BCE a los bancos privados a un 1% con fondos provenientes de nuestros tributos comunitarios, mientras los Estados miembros los reciben a un interés cinco o seis veces superior.

Estamos acorraladitos. Vivimos la crisis argentina a finales del siglo pasado con indiferencia de confianzudos conquistadores de segunda generación, seguros de que esas aberraciones económicas eran producto y consecuencia de los desmanes latinos del mal vivir y peor gestionar. Pues ya están aquí, por mucho que Merkel, Oli Rehn o De Guindos por estas tierras siempre salgan prestos a poner el nunca antes que el pero. El viernes cayó el último fortín del descanso ahorrador; ahora sólo cabe preguntarse: ¿Estarán mis ahorros igual de esbeltos que cuando los vi la última vez?

Hundidos por la campana

En las pruebas atléticas de medio fondo, al sonido de la campana que anuncia la última vuelta, los corredores intentan sacar fuerzas de flaqueza y embestir la meta como si les fuera la vida en ellos. Finalmente, sólo uno recibe la contraprestación perseguida, en forma de título o medalla, de distinción y honores. Del mismo modo, los Sistemas Institucionales de Protección (SIP) más aventajados en el errático proceso de reforma financiera nacional, Bankia (CajaMadrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja Rioja, Caja Segovia, Caja Ávila y Caixa Laietana) y Banca Cívica (CajaSol, Caja Navarra, CajaCanarias y Caja de Burgos), agitaron el correspondiente badajo en la sede de la Bolsa de Madrid la semana pasada, anunciando su anticipado paso por línea de meta, en busca de una cinta a cortar que, por las sonrisas, los globos y los brindis, parecía superada antes incluso de enfilar la última recta. En efecto, la exposición al parquet en momentos de tamaña agitación bursatil, con un sector mayorista reacio a aventuras accionariales en forma de incógnita, parecía aventurar un cambio de ritmo apresurado por parte de ambas entidades bancarias. Cierto es que los decretazos semanales del Consejo de Ministros en lo que respecta a las exigencias que se han venido imponiendo al sector de Cajas de Ahorros nacionales no daba mucho margen a la prudencia, empujando al abismo especulativo a entes acostumbrados a operar en otro circuito y escenario.

Sólo una semana ha tardado el insensible Mercado en exponer a Bankia y Banca Cívica a un control antidoping sorpresa. Si bien la institución presidida por Rodrigo Rato soportó honorablemente una jornada de caídas generales en el Ibex 35, hasta cerrar con un soportable descenso de 0,68% (3,67 euros por acción, habiendo sido su precio de salida 3,75), gracias al lustroso anuncio de 211 millones de beneficios en el primer semestre del ejercicio, los defensores de una banca transparente y participativa se desplomaron hasta perder, a la clausura del día de hoy, un ruinoso 8,75%. No hay que olvidar que Banca Cívica se estrenó en el mercado bursatil con un precio de salida de 2,70 euros, lo que ya suponía un ímplicito descuento del 60% de su valor con respecto al recogido en sus libros contables. Aún así, los accionistas de la entidad financiera liderada por Antonio Pulido y Enrique Goñi vieron como el valor de su papel descendía hasta un mísero 2,41.

Este abatimiento mercantilista apresurado tiene una respuesta principal, pero no única: mientras que los principales valedores internacionales de Banca Cívica (Credit Suisse y Morgan Stanley), encargados de la colocación de su papel en el mercado, no han sostenido su compraventa y han abandonado el barco presurosos, JPMorgan (adalid de Bankia en su intermediación) mantuvo un nivel de compraventa aceptable, evitando su despeñamiento. En ambos casos, el comportamiento del mercado mayorista juega un papel clave en su estabilización bursatil, ya que el grueso del papel en manos de minoristas  se encuentra, fundamentalmente, a buen recaudo de clientes de la Cajas de Ahorros de origen, que han comprometido pequeñas cantidades como inversión a largo plazo o en espera de reparto futuro de dividendos, al modo de intereses fijos de IPF, pero de corte variable y especulativo.

La forzada bicefalia al frente de Banca Cívica tampoco juega a favor de buenas expectativas en el futuro inmediato de la entidad radicada en la Avenida de Recoletos. Ni, mucho menos, los astronómicos honorarios que, se rumorea, ha pasado a convertir a ambos, de la noche a la mañana, de modestos cajeros a opulentos banqueros (se especula con cantidades totales que rondan los 7,5 millones por barba). En efecto, si las integraciones de Cajas de Ahorros no son bien entendidas por los inversores extranjeros, menos aún se explican que una entidad financiera de tamaño pequeño-mediano mantenga un gobierno dual y no bien avenido.

Si hace unos días nos fustigábamos al comprobar como se pierde una excelente oportunidad para recuperar músculo financiero público, fusionando a las entidades de ahorro intervenidas por su mala praxis (CCM, CajaSur y CAM, por ahora) y resucitando una banca pública solidaria y limitada al apoyo crediticio de familias en situación de exclusión financiera y PYMES con necesidad de recursos pecuniarios, comprobar como enfilan la recta de meta aquellos bancos que otrora fueron Cajas de Ahorros sin ánimo de lucro, sin dueño, y con un propósito de reversión benéfico social en los territorios radicados, produce impotencia ciudadana. En definitiva, el sudor y energía que están perdiendo por el camino del capitalismo salvaje es nada más y nada menos que miles de millones de euros de cuentarrentistas honorables y modestos, inversiones y activos de emprendedores locales pero, sobre todo, la dignidad de entidades de ahorro, en muchos casos centenarias, despedazadas de un plumazo por obra y gracia de un Ejecutivo cobarde que ha atendido al imperativo gruñido de los antidemocráticos Mercados por encima de la digna eficiencia futura de su sistema financiero. A falta de una vuelta que puede devenir terroríficamente eterna, el toque de campana ha hundido la moral y las últimas reservas de estos inexpertos corredores bursátiles, que más que potenciales vencedores se antojan improvisadas liebres de los medallistas de siempre.

 

Otra oportunidad conscientemente desperdiciada

Un nuevo capítulo sobre cómo tirar a la basura oportunidades magníficas para voltear un sistema muerto al que califican, con cobardía manifiesta, como crisis pasajera. El incontestable suspenso de la Caja de ahorros del Mediterráneo (CAM) en los últimos stress test sobrevino como una puntilla imposible de esquivar para una cúpula directiva politizada, sin experiencia en la gestión financiera, y amante de la especulación inmobiliaria a cotas indecentes. Únicamente con los millones de euros invertidos en el despropósito megalómano de Terra Mítica y las líneas de crédito en Polaris World o Seseña, cualquier Caja de Ahorros de tamaño medio se hubiera desbarrancado sin remisión. No obstante, el gobierno popular de la Comunidad Valenciana ha mantenido defensivamente a la misma ineptitud postrada en los mullidos sillones de un Consejo de Administración presuntuoso y cretino: primero con BBK y, posteriormente, con Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria, la entidad de ahorro levantina ha dinamitado la posibilidad de estructurar SIP estables por su obsesión a la hora de negociar cotas de poder que no se correspondían con su balance, siempre bajo el argumento de su volumen de negocio total, ése que escondía bajo la alfombra miles de millones de morosidad irrecuperable, de inmuebles apalancados sin posibilidad de salida.

Tras el hundimiento de CCM y CajaSur, el Ejecutivo ha perdido conscientemente la oportunidad de establecer el germen de un sistema financiero público, de tamaño mediano y exclusivamente enfocado a facilitar microcréditos a familias en situación de riesgo y líneas de apoyo innovadoras a las pymes. Por el contrario, el sistema tributario detraerá de sus ingresos unos tres mil millones de euros a fondo perdido para sanear CAM y, posteriormente, desguazarla y venderla al mejor postor. La banca patria ya se frota las manos con este nuevo obsequio de magnífico relleno en forma de ingentes cantidades de pasivo a gestionar a coste cero, con una red de sucursales y una plantilla formidable.

Radiografía de CAM. Dragan Lukic

Las Cajas de Ahorros han mantenido un camino de negocio y gestión bien determinado hasta principios de los ochenta. Limitado su acceso a la oferta de productos financieros complejos, la separación entre entidades financieras y de ahorro mantenía igualmente el espectro diáfano cara al cliente en lo que respecta a su elección. La interesada apertura y ampliación de servicios, especialmente en lo que se refiere al negocio de préstamos hipotecarios, unida a la invasión desmedida de la clase política en los Consejos de Administración y Asambleas, trajo estos lodos.

El manifiesto apoyo de Emilio Botín al cumplimiento efectivo de la legislatura no es baladí ni gratuito. El proceso de reestructuración del sistema financiero no ha sido más que la antesala para dejar a los pies de los caballos a aquellas Cajas de Ahorros que ahora podrían estar integrando una gran banca pública con los mismos principios inspiradores que vieron nacer a estas entidades: ausencia de ánimo de lucro y reversión benéfico social en las comunidades donde se encuentran asentadas. Con la salida a bolsa de Bankia y Banca Cívica, los dos primeros grupos de Cajas que han rematado su proceso de desaparición, ya están a disposición de los grandes capitales el control de los otrora fondos de millones de ahorradores que apostaban por generar beneficios a su comunidad. Estructuras bancarias medianas, gestionadas por los mismos directivos que, presumiblemente, no supieron mantener a sus entidades de ahorro en unos niveles de solvencia adecuados para escapar de la quema, serán pasto de los carroñeros que ya sobrevuelan sus minúsculas sedes.

Una banca pública para una recuperación colectiva

La confianza en un candidato socialdemócrata, tras una deriva grupal hacia posiciones cada día más alejadas de cualquier posición de izquierda real, es como poco difícil. Complicada tanto para sus más fieles seguidores en lo ideológico, por encontrarse a la deriva, como para aquellos dubitativos en la amplia órbita del progresismo español, por desconfianza y lejanía de la moda de los resultados triunfalistas. No obstante, contamos con la presencia de un cabeza de cartel que agrupa un discurso y una rebeldía que hacen mantener una tímida ilusión en aquello que discurre y presenta.

Tomás Gómez, aupado desde su abrumadora mayoría como alcalde de Parla, se ganó la confianza de la militancia socialista de la Comunidad de Madrid, que lo encumbró como sólido Presidente regional de la potente Federación de la CCAA en cuestión. A partir de ahí, comenzó a dibujar su particular geografía ideológica y pragmática acerca del futuro programa político del partido, hasta encontrarse con un muro espeso y agrio: sus propios compañeros, sus impulsores y aduladores. El aparato consideró, mucho antes de cuestionar a su líder iluminador, apagar el foco de una inspirada independencia de destino en lo regional. De este modo, el Comité Federal del PSOE estableció lo que hoy critica, un “dedazo” de mucho cuidado, con candidatos light y ajustados a los momentos de moderación como vía para aparcar los estímulos electorales, las veleidades que supusieran un riesgo en la derrota controlada. Trinidad Jiménez, en lo que respecta a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, fue la elegida para disputar el trono a Esperanza Aguirre, intentando no contar con la voluntad reciente de unas bases deseosas de revulsivo incontestable, de nuevas propuestas para detener la avalancha de privatizaciones e injusticias de los populares. Pero no. Gómez se rebeló ante la imposición, en contra de la tradición electiva del partido, y plantó cara por tierra, Manzanares y aire a lo práctico frente a lo justo. Solicitó primarias, consiguió primarias y ganó primarias ante una rival derrotada desde sus inicios políticos, con una sonrisa tan tirante que se dibuja como sombra de rictus histérico, una pelota del jefe que prefiere el cargo perpetuo a la dignidad laboral.

Consumada la justa victoria y, por lo tanto, la capacidad y disposición para plantear un programa con cierta independencia y criterio, Tomás Gómez ha venido dibujando una oposición en los términos más socialdemócratas que se recuerdan por estas fronteras desde la desaparición del PSUC y sus internadas izquierdistas en un partido que, desde que tuvo cuotas reales de poder, renegó de cualquier opción de novedad en la planificación pública de su discurso y acción. Entre todas aquellas propuestas que se han concretado en el panfleto electoral del 22 de mayo, el candidato madrileño destaca por asumir el grito que ya han profesado desde IU a otras organizaciones de izquierda real en el Estado español: la recuperación de una banca pública. Estatalizar un sistema financieros sin los abusos y desidia del pasado es una reivindicación justa y realista para atornillar la recuperación de la ética en las relaciones humanas de esta sociedad, y escuchar esta demanda desde el centro de una estructura plegada a las posiciones que comanda la Europa de los ciudadanos es ya digno de aplaudir.

El germen de esta propuesta se conformaría desde el embrión de una especie de Instituto de Crédito conformado por capitales modestos, producto de la nacionalización de algunas entidades de ahorro en situación incómoda con las nuevas condiciones impuestas por el Banco de España. En lugar de desguazarlas y venderlas al mejor postor como sugiere MAFO y su vocera ministerial, Elena Salgado, se plantea mantener esas estructuras y fortalecerlas con la colaboración de otros entes crediticios que puedan aportar solvencia para hacer fluir el crédito a las familias y PYMES, dinamizando la economía real y generando, por lo tanto, estabilidad y empleo.

Planteamiento revolucionario, insistimos, recordando de donde proviene. No es suficiente, pero es algo en función de su foco de demanda. No obstante, hay que recordar que los procesos de integración de las Cajas de Ahorros están demostrando, en su conjunto, poca capacidad de innovación e inventiva para atraer capitales y, por lo tanto, demostrar su solvencia futura. Asimismo, la supuesta incapacidad gestora de los máximos responsables de estas estructuras económicas mantienen y refuerzan sus posiciones de privilegios en las nuevas sociedades bancarias resultantes de las fusiones frías, templadas o calientes que se vienen gestando, lo que da buena cuenta de la tibieza del mensaje enviado y procesado desde el regulador central. De este modo, atisbar un esperanzador futuro de recuperación crediticia y un abandono de los abusos en la concesión de créditos y coberturas a los poderes fácticos a lo largo y ancho de la geografía nacional parece poco probable.

Con todo lo expuesto, y si los propios inspiradores de esta sucesión de integraciones que vienen formando diminutas entidades, con dificultades de solvencia y remanentes comprometidas en las respectivas entidades autonómicas y locales, es evidente asumir que la recuperación de una entidad bancaria, producto de la mescolanza de la mayor parte de Cajas de Ahorros españolas, supone el establecimiento de un resorte poderoso para recuperar todo aquello que genera dignidad social. Todo lo demás son parches liberales y, por ende, el alargamiento de una senda que conducirá inexorablemente a nuevos abusos y repartos de la élite financiera estatal. Mientras tanto, la ciudadanía sufre embargos, rechazo crediticio y encarecimiento de los servicios bancarios básicos.

Una banca pública es justa, posible y extremadamente necesaria. No para competir en este sistema capitalista tenso y macabro que relega a los ciudadanos a la categoría de objetos exprimibles, sino para dignificar los pocos años que nos toca vivir. Banca pública es garantía de un foro de encuentro igualitario entre necesidades y recursos, donde se encontrarían proyectos y realidades.

El panorama financiero español a partir de 2011

Desde el pasado viernes 18 de febrero, el mapa financiero español ha vuelto a modificar sus coordenadas, en este caso con un halo de golpe definitivo de aquellos horizontes que aún quedaban en lontananza. Lo más significativo, si bien ha sido encubierto en los grandes titulares por una medida mucho más populista que eficaz (la limitación de salarios y retribuciones de los directivos que reciban ayudas públicas del FROB), es la ratificación de que todo el proceso de “reestructuración” de las Cajas de Ahorros iba encaminado a esta mano de pintura definitiva: de un modo u otro, resulta imposible que en el mapa financiero nacional sobreviva ninguna entidad de ahorro con la estructura y objetivos que hasta ahora venían rigiendo, independientemente de haber ido cumpliendo los parámetros exigidos y demostrar su solvencia probada y ratios establecidos.

La ministra de Economía, Elena Salgado, ha conseguido dar la estocada definitiva a las Cajas de Ahorros, esta vez sin tapujos. Utilizando el discurso manido de recuperar la credibilidad exigida por los mercados internacionales, ha dejado en manos privadas sí o también los fondos y recursos de entidades que, hasta ahora, carecían de dueño, y que mantenían una profunda obligación de reinversión social. Ambas características han sido aprovechadas con mejor o peor tino por los directivos de turno a lo largo y ancho del mapa nacional, pero lo que resulta innegable es que resultan, en puridad, instituciones con las herramientas más adecuadas para hacer fluir el crédito hacia las pymes y las familias, así como reinvertir en la respectiva plaza los beneficios obtenidos con su actividad financiera.

Pues bien, de manos de la orensana, los ratios de capital mínimos exigidos superan los establecidos para países de nuestro entorno, llegando al 10% para aquellas entidades que no coticen. De este modo, se levanta un camino de muros altos y una sola dirección, en las que las Cajas que no se conviertan en bancos y antes de marzo de 2011 no coticen en bolsa, como mínimo, un 20% de su capital únicamente tendrán un camino: la nacionalización. Pero como advertimos en un artículo anterior, estamos ante el perverso manejo de una nacionalización inversa, en la que el Estado no pretende, ni por asomo, rehabilitar una banca pública para conseguir la generación de crédito solidario o, por lo menos, de una

Con socialistas así, cuando la derecha llegue ni nos enteraremos

impersonal actividad financiera de eminente carácter social, destinado a atender necesidades de las familias, al estilo de lo que reservan a nivel empresarial para las lineas ICO. La intención del gobierno estatal será guiar a esas entidades “díscolas” hacia el camino correcto. El gobierno gallego ya ha puesto el grito en el cielo, porque comprueba con estupor que su obsesión por apadrinar una fusión de cajas gallegas (CaixanovaGalicia) no ha servido de nada. El porqué de ese interés y obsesión es otro cantar. Pero, ¿qué ocurrirá con entidades de ahorro que no han participado de ningún proceso de integración por dar muestras objetivas de unos ratios de morosidad y capital adecuados con su actividad?. La vizcaína BBK, la guipuzcoana Kutxa o la malagueña Unicaja han mantenido sus caminos solitarios en esta carrera de fondo que hace referencia a reestructuración, pero exclama a gritos privatización de la buena. De la que, con las medidas de este pasado viernes, dejará a las integraciones de las Cajas a los pies de los grandes bancos, nacionales e internacionales, con sus respectivas salidas iniciales a bolsa anunciadas. Los directivos de las más importantes fusiones realizadas hasta ahora (la fomentada por Caja Madrid y Bancaja, junto con otras cajas de menor tamaño, o el llamativo proceso denominado Banca Cívica) restan dramatismo al asunto, afirmando que la naturaleza de las cajas primigéneas, que inicialmente mantendrán un 60% de las acciones del banco creado, continuarán su labor benéfico-social y su orientación hacia aquellos segmentos que han formado la clientela tradicional de sus entidades. Pero con la velocidad a la que se han ido produciendo los acontecimientos, desde el verano pasado, hasta hoy, nadie puede asegurar que tan siquiera sobrevivan como Fundaciones dentro del organigrama del banco matriz. Para empezar, porque con la necesidad de mejorar esos ratios de capital y solvencia por parte del banco matriz, esto obligará a las Cajas participadas a hacer un esfuerzo titánico que redundará en sus respectivas Obras Sociales, de las que se detraerán importantes partidas ahora encaminadas a alcanzar límites exagerados y desproporcionados con respecto al sistema financiero europeo, eliminando una importante herramienta de dinamización no sólo cultural, social o deportiva, sino fundamentalmente económica. A partir de ahí, si se estabilizan las condiciones actualmente impuestas, habrá que ver qué herida, curable o mortal de necesidad, se habrá producido en la esencia y fin de una figura jurídica que ha sido motor y desarrollo de la economía nacional. Tras la privatización de Caja Postal, Argentaria, las Cajas de Ahorros, a pesar de su politización desmedida y su incursión en aventuras financieras insoportables con respecto a su tamaño y capacidad, eran los últimos reductos de una suerte de banca cercana, solidaria, capaz de entender la microeconomía. A partir de 2012, el recuerdo de que el sistema financiero debe existir, en esencia, para mutualizar beneficios y deudas, para dinamizar la economía y sostener el desarrollo social, quedará en los libros de historia y en algunos tomos desperdigados por la sede de la CECA, donde imaginamos que estarán bunkerizados, resistiendo sin confianza a un enemigo que los tiene cercados.

De las Cajas de Ahorros a los SIP (Sistemas Indisimulados de Privatización)

Sobre la nueva regulación del mercado financiero español se ha escrito hasta la extenuación en los últimos seis meses: sesudos trabajos en medios de comunicación especializados, reflexiones más o menos ligeras en primeras páginas para profanos, análisis económicos sobre cómo debe quedar el mapa financiero del Estado, argumentando supuestos desmanes como jusfificación de un futuro inmodificable y, a la vez, supuestamente necesario, en estudiado paralelismo con el pliegue a los mercados internacionales y a los mandatos de las instituciones comunitarias.

Por lo tanto, sería innecesario volver sobre pasos andados en todas direcciones; la intención es realizar una reflexión acerca de la justicia de lo que está sucediendo y, casi irremediablemente, se concretará a lo largo del presente año. Una reflexión sin datos macroeconómicos ni estadísticas presupuestarias que obliguen a desembocar en una conclusión utilitarista. Es éste un camino que comienza a finales del siglo XIX y que nos tememos va a finalizar a lo largo del presente curso. ¿De qué manera? Sencillamente de la única posible: injustamente, malvendiendo lo que no es de uno, dejando en manos de ese mercado salvador de la patria chica unas estructuras creadas por los individuos, por los asalariados, a precio de saldo.

Sede Central de Caixa Laietana

Las Cajas de ahorros españolas comenzaron su formación, como decíamos, hace más de cien años, apareciendo como instrumentos mutualistas que permitieran la estructuración de ahorro y préstamo entre asalariados, de modo que, solidariamente, pudieran hacer frente a las necesidades de crédito de los miembros, así como asegurar su capacidad de ahorro. De manera similar y en idéntica época comenzaron a surgir las primeras mutualidades de seguros. La idea inicial y que aún hoy se mantiene, al menos en sus estatutos, es bien sencilla: poner en común cantidades pecuniarias excedentes para hacer frente a la necesidad de préstamo o de cobertura de contingencia, en uno u otro caso. Las mutuas de seguro desempeñaron una función primordial en Estados con estructuras de protección social básicas o inexistentes, cubriendo aquellas necesidades derivadas de un accidente de trabajo (asistencia médica, baja laboral, etc.), mientras que las Cajas de Ahorros aseguraban los fondos y, a su vez, hacían fluir el dinero para movilizar la economía local y desarrollar su estructura.

Esos proyectos se concretaron en una suerte intermedia entre comunidades de bienes y fundaciones; absorbe de las primeras la intención de poner algo en común para conseguir un rendimiento, y de las segundas el concepto de entidad sin ánimo de lucro con afán de reinversión de sus beneficios en cuestiones de marcado carácter social. Esta filosofía original también se mantiene en su espíritu, si bien se entiende como un catálogo de principios bienintencionados por encima de su acción real.

Sede Central de CajaCanarias

Sede Central de CajaCanarias

Para entender el discurrir de su realidad jurídica y operativa, tenemos que recordar dos asuntos claves y uno en forma de tiro de gracia en las dos últimas décadas del siglo XX: la trasferencia de capacidad legislativa a las CCAA en lo que respecta a la regulación de las Cajas de Ahorros y la estructura de sus Asambleas y correspondientes órganos de gobierno, permitiendo a ellos el acceso de los cargos públicos de las plazas donde están radicadas (del remate nos ocuparemos más adelante). Ambas situaciones han conducido a la raíz del problema o, en puridad, a la oportunidad justificativa de lo que hoy nos ocupa. En efecto, el abuso en la presencia de la clase política en aquellos foros donde se estructura la política financiera de las entidades de ahorro ha permitido que éstas derivaran en auténticos prestamistas de las corporaciones públicas, dando cobertura a operaciones de dudosa o nula garantía que han venido lastrando la capacidad de dichas entidades, preocupadas en servir a sus responsables y sirviendo como innegables mecenas de campañas electorales. Asimismo, la capacidad legislativa de las asambleas autonómicas ha dejado en las mismas manos el destino de los fondos de las Cajas y su estructura jurídica, sin olvidar su valor más representativo: la organización y el destino de las Obras benéfico-sociales de las entidades de ahorro. Aún así, es fascinante comprobar como, reformando la cobertura legislativa de estos entes de manera disgregada, sin capacidad unificadora desde el Estado central, los desmanes y errores han sido similares y, en ocasiones, misteriosamente coordinados.

Sede Central de Caja Granada

El tiro de gracia no es otro que la pérdida de naturaleza jurídica de las Cajas de Ahorros a partir de la liberalización del mercado financiero; permitiendo a estas entidades operar en el mercado con los mismo parámetros y ofertando la misma gama de productos que a los bancos, se condena a sus dueños originarios a ser beneficiarios de tercera en cuanto a la capacidad de crédito de la entidad. En efecto, las Cajas de Ahorros, hasta hace aproximadamente treinta años no podían ofertar determinados productos y servicios (acciones, productos derivados, etc.), protegiendo de este modo su esencia y separando meridianamente las funciones y el espacio comercial entre Cajas y bancos. Eliminando dicha barrera, unido a los factores anteriormente descritos, sobre todo lo que respecta a la entrada de intereses ajenos a los cuentarrentistas en los órganos de gobierno, las Cajas propusieron una batalla entre desiguales, operando en el mercado a semejanza de bancos y compitiendo en campos hasta ese momento inexplorados, lo que condujo, en muchos casos, a una sobredimensión exponencial de sus estructuras y resultados, con desigual suerte. De esta guerra sin cuartel los bancos se han quejado amargamente, no sin razón: Algunas cajas que han tomado un tamaño relevante en el mercado financiero han realizado operaciones de compraventa de mayorías accionariales en bancos europeos, mientras que éstos no pueden entrar en sus Asambleas y órganos de gobierno, al tratarse de Fundaciones con carácterísticas especiales, pero en todo caso entidades sin ánimo de lucro y, por lo tanto, sin dueños. Esta condición, que choca con las condiciones de libre mercado, es consecuencia de la liberalización del mercado, de exponer al concepto Caja de Ahorro a la ambición especulativa y comercial de muchos directivos que han querido ser banqueros, cuando en realidad eran cajeros. Esas partidas, en muchas ocasiones con la complicidad de algunas Cajas de mayor tamaño con pretensiones indisimuladas, han originado estos resultados. Entidades nacidas con el esfuerzo ahorrativo de multitud de cuentarrentistas asalariados y empresarios locales se verán obligadas a integrarse primero y a despedazarse después. Los SIP son Sistemas Indisimulados de Privatización, no Sistemas Institucionales de Protección, como rezan sus siglas.

Sede Central de Vital Kutxa

Sede Central de Vital Kutxa

La reforma del sistema financiero no esconde que ha tenido que realizar un regate a la realidad jurídica para privatizar por nacionalización liberal, es decir, sin ánimo de poner en manos públicas un bien que crea riqueza colectiva, sino su reverso tenebroso. Al no poder vender lo que no es tuyo, y mucho menos obligar a hacerlo, se ha aprovechado de una situación económica y financiera (la estatal y la de las Cajas de Ahorro) auspiciada por las propias decisiones y acciones surgidas de las modificaciones anteriormente expuestas, y las ha colocado en bandeja de plata para sus benditos mercados. En un tiempo donde nadie discute que es necesario hacer fluir el crédito, preferentemente a las pymes (70% del sector empresarial español) y los trabajadores por cuenta ajena, se desguaza a sus principales promotores. Cuando es necesario el apoyo desinteresado y ágil a proyectos que dinamicen la realidad social, cultural o deportiva, creadores e impulsores eficaces de la economía, así como de su diversificación operativa, las obras sociales quedan en tela de juicio. Y no pasa nada.

Las integraciones de Cajas permiten la trampa, son la única vía: disfrazan de sinergias y mutualizaciones (términos podridos en el ámbito financiero), lo que son prejubilaciones incentivadas a costa de los bolsillos colectivos, pactadas con la Fiscalía, el poder judicial y el Banco de España sin pudor ninguno, en nombre de la reestructuración y eficacia. De nuevas contrataciones, nada de nada. Maquillan de eficacia operativa y organizativa lo que es el fin último de todo este proceso: la aparición de un banco, pero de un banco pequeñito. Primero nos dijeron que era necesario unir Cajas y no entendimos bien a bien por qué; después que la fórmula del SIP era la más adecuada y tampoco lo explicaron con claridad; más adelante, pero con celeridad, esos SIP formaron bancos, cuyo dueños eran las Cajas integradas, sin darnos cuenta de como mejoraría la multiplicación de estructuras la eficacia de concesión de crédito y captación de capitales. Ahora ya se han quitado la máscara, las Cajas se quedarán como exóticas Fundaciones locales, pero sin naturaleza definida ni autonomía conocida, mientrás un buen tajo de la tarta se convierte en acciones, cotizadas en bolsa como no puede ser de otra manera, y a esperar a los mercados salvadores, que raudos llegarán a la pesca de la nueva presa. El problema es que la pieza obtenida no la han capturado en mar abierto, sino en nuestra pecera, a través de una ventana que no recordamos haber dejado abierta.