Sufragio censitario cultural

Cuando comenzaron los primeros movimientos parlamentaristas en la avejentada Europa eso de elegir representantes se circunscribía a las rentas pudientes, es decir, a los que en el sistema anterior ya mandaban por otro medio de elección: el dinero o, si lo queremos llamar por su nombre, el poder. Se mantuvo así este sufragio censitario hasta comienzos del siglo XX, donde los movimientos populares, organizados en base al descontesto de las condiciones laborales y salariales tras la Revolución Industrial, trajeron el maravilloso invento del sufragio universal (universalmente masculino, porque las mujeres accedieron a este don cuando también sacrificaron vidas y sueños). Y así hasta nuestros días, con sus conocidos casos a lo largo y ancho del planeta de manipulación, soborno, falseamiento de resultados, observadores bienintencionados que validan o no en función de la simpatía que despierte para los mercados el ganador de turno, etc. Porque en el papel, que todos elijamos a nuestros representantes es magnífico, pero si a todo aquello añadimos la manera de regular los distritos electorales, el burlesco sistema D´Ont con sus contabilizaciones en cascada, y demás zarandajas estratégicas, la realidad es que un voto en un país como el nuestro, con más de cuarenta millones de habitantes, sabe a poco.
La primera experiencia de sufragio universal instaurado en las democracias europeas consolidadas, al menos en lo que concierne a su implantanción participativa, es indudable. Atraídos por la asunción de un derecho largamente perseguido, a base de enormes sacrificios, los ciudadanos y ciudadanas no dejaron ocasión de ejecutarlo en altas dosis, dando reflejo de su opinión, si bien la no legalización durante muchos años de determinadas corrientes políticas, así como los ya comentados traspiés en el reparto de las masas de votos, supuso un desencanto que fue moldeando el actual estado de las cosas. El reflejo que siempre se supone a todo lo exportado de USA tampoco ha ayudado a fomentar la diversidad tanto en lo elegible como en el gusto de los electores.
Así, hemos llegado al extremo de no entender que un derecho de este calibre comporta su correspondiente obligación, que no es otra que ejercerlo en conciencia. No votar comporta el abandono de poder quejarse sobre lo que ocurre. Pero esa situación, el abstencionismo como real problema social se ha instaurado en nuestra sociedad. Problema para la ciudadanía, no para la nueva clase política, que lo fomenta y utiliza sin asomo de verguenza. La inmensa mayoría de abstencionistas representan a una sociedad cansada de la ausencia de propuestas y acciones por parte de los partidos clásicos, y no confían, en base a la forma de repartir este derecho como un pastel mal troceado, en poder contribuir a cambiar mucho las cosas. Por el contrario, una significativa parte del electorado activo se condensa en un sector manipulable (invitamos a visualizar el grueso de los espectadores de los grandes mítines), sin excesivo nivel crítico, y más preocupado en asuntos que rayan el sensacionalismo que en la política real; qué guapo es este candidato, que energía a la hora de resaltar lo que dice el otro, etc. Pero del contenido, ni idea.
De continuar esta tendencia alcista en lo que respecta a los niveles de abstención (hay capitales de provincia que en los anteriores comicios superaron el 50% de ausencia el día de las urnas de los ciudadanos censados en sus respectivos municipios), los representantes elegidos careceran de legitimidad democrática para desempeñar sus funciones. ¿Les importa? Todo lo contrario. Saben perfectamente que una población que votara en masa y con conciencia crítica los hubiera arrimado hace mucho tiempo, así que actúan por desgaste.
En este caso de inversión democrática, planteamos retornar a un sistema censitario pero sin ninguna connotación económica, social, de sexo, racial o cultural, está de más decirlo. Un sufragio limitado por algo tan sencillo y honesto como plantear, previamente a la etapa electoral, a todos los ciudadanos un sencillo test o cuestionario, alejado de cualquier connotación ideológica, basado en conocimientos básicos acerca del sistema político del Estado, su estructura administrativa y su sistema electoral. En definitiva, un baremo de mínimos que no descarta a nadie, más al contrario obliga a todos aquellos que demuestran su interés en participar en el proceso a que entiendan qué derecho están ejerciendo y cual es su correspondiente responsabilidad.