La guerra del petróleo canario (IV)

Los años pasan pero las desgracias permanecen. Hace más de dos cursos que, a través de una trilogía que analizaba el plan, los personajes y su fondo normativo, nos hacíamos eco de aquellos primeros pasos en los que la privatizada y multinacionalizada compañía Repsol recuperaba un interés silenciado por realizar sondeos en posiciones cercanas al archipiélago canario. Para tal fin, nada mejor que un ministro ambicioso, del terruño objeto de la discordia, y bunkerizado en un gobierno con una habilidad para potenciar su sordera ciudadana desde cualquier ángulo de altavoz social. Y es que José Manuel Soria no sólo se caracteriza por haber dado sus primeros pasos políticos en las islas (¡Y que pasos, oiga!), sino más bien por los últimos, titubeantes, que protagonizó antes de marcharse a la capital del reino para poner tierra y, sobre todo, mucha agua de por medio con su otrora socio de gobierno, el nacionalista de baja intensidad Paulino Rivero.
Como Coalición Canaria tiene a bien haber entendido su supervivencia como encaje de interesadillos a base de mantener la normativa electoral más asfixiante que pulula por el espectro jurídico nacional, a través de la cual se enraiza una perversa estructura de pactos a tres bandas donde siempre juega a caballo ganador, quien hoy es su socio en el archipiélago tiende a contradecir la conformación de mayorías a nivel estatal; así, sus amigos en las islas se convierten, legislatura tras legislatura, en inefables contendientes cuando las encuestas marcan nuevas líneas de simpatía electoral en el conjunto del Estado. Esta estructura de hechos consagrados, dispuesta exclusivamente en el sostenimiento de unas siglas mal avenidas en términos de capital humano cuando las instituciones abren sus puertas a regañadientes a los miembros coalicioneros, se expresa en toda su negrura en el hecho que nos ocupa: lo que hoy es bandera innegociable para el ejecutivo autonómico fue casi realidad con su complacencia hace prácticamente nada; debe ser que los alisios, como el siroco más tremebundo, desorienta al isleño, le arrebata en sueños su bastón de mando, le deja desasistido de memoria y de principios.
Las puertas giratorias que empuja Repsol, presa de políticos en activo que aceptan marearse al ritmo de una ruleta rusa con pocos proyectiles listos para ser lanzados al mullido panorama de sus estructuras corporativas, son piruetas que abarcan todos los caminos de retorno, de primera vuelta, de llegada al verdadero objetivo. De este modo, el enemigo al que este fin de semana se ha crucificado en las principales localidades de las Islas Canarias, con decenas de miles de ciudadanos reclamando un modelo energético acorde a la potencialidad archipielágica (eólica, solar, etc.) y compatible con la indiscutible primera industria, el turismo, es José Manuel Soria como podía haberlo sido el ministro del ramo de diferentes siglas que hubiera estado en este instante al frente de la cartera de Industria (maletín del que cuelga, tan contradictoriamente doloroso en este caso, la hebilla del turismo, enfrentadas ambas realidades en un mismo bigote rasurado), quien sabe si con la connivencia de Coalición Canaria como en sus inicios se barruntó.
Mañana el Tribunal Supremo resolverá las demandas planteadas por los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, así como aquellas presentadas por diferentes organizaciones y plataformas medioambientalistas y de carácter político, acerca de los informes técnicos para realizar las catas prospectivas que puedan resolver el entuerto de fondo: ¿Hay o no crudo de calidad en las profundidades oceánicas cercanas a las Islas Canarias? De ser así ¿Quién y cuando se encargará de su aprovechamiento? El negocio es la clave, ya que la dependencia energética española continuará existiendo en los mismos parámetros, toda vez que Repsol no es de titularidad pública tras su descuido a manos privadas a finales del siglo anterior. Y si el Alto Tribunal no detiene mañana esta carrera sin ganadores, las calles canarias seguirán rugiendo, con la complicidad en esta ocasión, como excepción perversa, de un gobierno autonómico desacreditado por muchos bandos. Por eso el pacifismo y la concordia se adueñan del recuento de participantes, y la manga ancha se presenta en el control de los recorridos y la protesta. También por eso diferentes miembros del Partido Popular de Canarias andan más desorientados de lo habitual, sin saber como salir de ésta en la que se han convertido, cuestión de tiempos y mayorías, en los malísimos de una película que, en los intereses que pululan sobre la indignación ciudadana, carece de héroes aunque algunos se sumen, corbata al bolsillo, a una población que nos lo quiere en primera línea.