La democracia alejada

Nos encontramos a las puertas de una nueva y despilfarradora campaña electoral, en este caso con el propósito de elegir a nuestro representantes en los diferentes Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y Cabildos, así como en los parlamentos de aquellas CCAA que no aprobaron sus correspondientes Estatutos de Autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución, salvo Andalucía. Estamos, por tanto, frente a un proceso que, si bien debería convertirse en fiesta de la democracia y herramienta real para la expresión de la soberanía popular, se ha enquistado como un procedimiento pactado y pactista. Pactado en base al sistema de distribución proporcional del voto que rige nuestro sistema electoral, y pactista por cuanto los programas de gobierno de los diferentes partidos políticos con posibilidad de conseguir concejales y diputados aparecen matizados desde los mitines iniciales, intentando no herir sensibilidades necesarias para combinar estrategias miserables de poder.
En efecto, el sistema siempre ha utilizado una estrategia de marketing político encaminada a vender la importancia de hacer uso de la papelera, perdón, de la papeleta, expresando nuestra opinión de forma directa, traduciendose ésta en la voluntad soberana del pueblo español. Dicha campaña ha dejado al descubierto su manifiesta ineficacia, por cuanto el nivel de abstencionismo en las últimas elecciones generales y autonómicas, no digamos ya europeas, es abrumador. ¿Por qué? muchos son los factores, pero dos se antojan definitivos a medida que nuestra educación electoral se ha ido asentando con el paso de los respectivos procesos electivos desde el advenimiento de la monarquía parlamentaria.
1. El bicameralismo que propugna nuestra carta magna no se traduce en dualidad de funciones efectivas, y la elección de sus miembros no viene acompañada por un reparto de las responsabilidades que defina su existencia. En nuestro sistema se utiliza, como método de distribución electoral, la fórmula denominada «sistema de D´Hont». A grandes rasgos, el procedimiento consiste en computar el total de votos logrados por cada partido político en liza y, a partir de ahí, ir repartiendo el total de escaños en función del mayor total de votos en cada división que se vaya realizando. Resulta muy sencillo en base a un ejemplo: supongamos que participan cuatro partidos políticos para repartir un total de 8 escaños. El primer partido ha recibido 240.000 votos, el segundo 150.000, el tercero 70.000 y el último 20.000.
De este modo, se realiza la siguiente tabla:
Partido 1            Partido 2            Partido 3           Partido 4
240.000  (1) 150.000              70.000              20.000
120.000             150.000 (1) 70.000               20.000
120.000 (2) 75.000 (1) 70.000               20.000
80.000    (3) 75.000 (1) 70.000               20.000
60.000    (3) 75.000 (2) 70.000               20.000
60.000    (3) 50.000 (2) 70.000 (1) 20.000
60.000    (4) 50.000 (2) 35.000 (1) 20.000
48.000    (4) 50.000 (3) 35.000 (1) 20.000
De este modo, a medida que en cada paso se reparte un escaño, el partido que lo logra divide para la siguiente columna su elección total, primero por dos, después por tres, etc., hasta contabilizar el número total a repartir. En las elecciones al Congreso de los Diputados y Parlamentos Autonómicos se utiliza este sistema, absolutamente injusto en relación a una democracia directa. En primer lugar, por la fórmula de reparto explicado en el cuadro anterior se desprende la ausencia de democracia directa en el mismo, ya que la proporción juega en favor del partido más votado. En el ejemplo expuesto, el primer partido consigue una proporción de 4/1 con el tercer candidato, si bien el total de votos (240.000 contra 70.000) no representa idéntica diferencia. Si a eso le sumamos los límites legislativos para poder siquiera optar al reparto (mínimo de 3% a nivel nacional, pero con casos tan sangrantes como el regulado en la Ley Electoral de la CCAA de Canarias, que establece un límite del 6% regional y el ¡30%! insular), y que las listas no son únicas a nivel nacional, sino provinciales (lo que establece un segundo baremo poblacional por escaño que afecta a la proporcionalidad), tiramos la soberanía popular a la basura.
De este modo, una Cámara que debería recoger el sentir político general del total de ciudadanos del Estado queda repartida en beneficio de los dos grandes partidos, así como beneficia a aquellas formaciones políticas que concentran su capacidad y espectro político en una CCAA determinada. Sumemos a estos despropósitos el anteriormente mencionado elemento abstencionista, que no mantiene representación ni resta número de elegibles, y la injusticia está bien preparada. Es más, a los partidos mayoritarios hasta les favorece que ésos que no votan ni aparezcan, sobre todo los desencantados y críticos con el sistema.
A su vez, el Senado se instrumentaliza como una Cámara de representación territorial sin serlo, ya que, el no contar con listas cerradas no influye en la fórmula de elección, circunscrita a provincias y con elección directa, pero sin instrumentalizarla como un órgano con efectiva capacidad legislativa y reglamentaria en asuntos de índole territorial. Al contrario, su presencia se limita a servir de frágil contrapeso de la Cámara baja, lo que en lugar de constituir un elemento constructor de la voluntad del Congreso, únicamente consigue (en función de las mayorías) frenar el proceso de elaboración normativa.
2. La inexistencia del péndulo necesario que equilibre la voluntad general, residente en los más de treinta y cinco millones de electores, con respecto a los desajustes del sistema. Consecuencia de lo advertido en el primer punto, el sistema, de forma directa, evita un equilibrio jacobino entre la expresión del soberanismo parlamentarista y el sentir de la población. De este modo, no sólo quedan millones de votos arrimados en los grupos mixtos de las Cámaras de representantes, sino que el boyante abstencionismo, fruto del desencanto por las fallas del proceso y la realidad política, no viene acompañada de un contrapeso popular que complemente las decisiones representadas en los órganos de gobierno.
El Asamblearismo democrático, maquillado tras los límites, arreglos y mecanismos detallados anteriormente, se traduce en desigualdad, irrealidad y, en definitiva, limitación de la legitimidad del sistema.