La Constitución invertida

La existencia de una norma con rango constitucional en la cúspide del cuerpo legislativo de un Estado democrático es consustancial a su propia esencia; por encima de cualquier poder personal o institucional debe existir una carta otorgada por la soberanía nacional, residente en el conjunto de ciudadanos que componen la patria en cuestión, de la que irradie el conjunto imprescindible de derechos y obligaciones, así como de garantías fundamentales para la protección y desarrollo del proyecto vital que genera la convivencia de millones de individuos.
En este país, su asunción atropellada, bajo el falso manto de la concordia interideológica, conformó una Carta Magna que realizó un eficaz corta y pega de Constituciones fronterizas, perdiendo la vitalidad y originalidad de su antecesora de 1931 y realizando un batiburrillo orientado a satisfacer todas las tendencias que habían logrado su restauración pública y electoral en esas fechas postdictatoriales. Baste como ejemplo, la redacción del artículo 38, que reza lo siguiente: «Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación». Es decir, comienza su exposición estableciendo un perfil meridianamente definido en lo que respecta a la naturaleza de la organización económica del Estado para, por arte de biribirloque, rematar el texto del artículo en cuestión con su antagónico. ¿A qué corresponde ese mareo normativo, a una adenda a hurtadillas de Solé Tura cuando nadie miraba? Escribiendo muy en serio, la letra impresa del artículo 38 sintetiza los bandazos autoimpuestos de los Padres de la Constitución y su afán por aglutinar todas las tendencias de expresión política e ideológica de la nueva realidad estatal. Claro que, si ese razonamiento lo lanzamos hasta alcanzar sus últimas consecuencias, nos topamos de bruces, un poquito más abajo, con la broma de escatología social que supone la consagración en el artículo 47 del derecho de todos los españoles a disfrutar no de una vivienda cualquiera, sino además digna y adecuada. Ni este principio rector se cumplía en la fecha de redacción del mismo ni tiene maldita la gracia para esos miles de ciudanos expulsados por entidades financieras que hacen prevalecer su afanosa violación de la prohibición de usura, regulada en el Código Civil. Para que la carcajada lacrimosa sea completa, cierra su texto el citado artículo 47 con un imperativo que hace palidecer el poco tono democrático que hemos adquirido tras nuestra exposición a su luz en los últimos treinta años: «Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias (para el derecho, ejem, a la vivienda) y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación«. Abominablemente carcajeante. La clase política que ha enriquecido a promotores y constructores con el encarecimiento artificial del parque inmobiliario, regalando prácticamente el suelo a base de recalificaciones urbanísticas varias, no parece que haya recogido el guante con mucha maña, salvo si entiende por cumplimiento del mandato constitucional la entrega de quince o veinte viviendas de protección oficial anuales en municipios de miles de ciudadanos en situación de exclusión residencial.
A pesar de todo, evitemos caer en el amarillismo legislativo. No queda más remedio que aceptar que, hecha la norma, hecha la trampa. En ese sentido, el artículo 53.2 de la Constitución española establece los límites de garantía efectiva de los derechos fundamentales y, de este modo, sólo se entienden como tales los regulados desde el artículo 14 al 29, así como el 30, relativo a la objeción de conciencia, hoy sin contenido práctico tras la supresión del servicio militar obligatorio. ¿Qué ocurre, por tanto? que la Constitución se presenta como una amalgama deontológica de la profesión del buen responsable público, aquel que debe desvivirse por equilibrar el nivel de acceso cierto al disfrute de las condiciones generales del contrato constitucional entre la ciudadanía y sus expectativas.
Dicho esto, a modo de ejemplo originario, de vuelta a la cuna de nuestra sociedad democrática, tenemos dos realidades incontestables: la soberanía nacional reside en el pueblo español (art. 2) y de él emanan el resto de poderes públicos. Pero también de su voluntad alumbra el nacimiento de la propia Carta Magna, mutable y transformable, plagada de buenrrollismo pero inútil en su capacidad ejecutiva desde la relativa protección judicial directa que permite, como hemos comentado, y por el distanciamiento kilométrico de su espíritu con respecto a la acción cotidiana de los responsables directos de su eficaz desarrollo. Todo esto ha consolidado la imagen de una Constitución con apariencia de pétreas tablas de Moisés, custodiadora de mandamientos inmutables, así como de costumbres y procedimientos de ferrea protección; algo dado, en definitiva, no auto ortorgado. Esta sensación queda reforzada por la historia constitucional de esta etapa democrática, en la que únicamente se ha abordado su reforma en una ocasión, en 1992, para modificar la redacción del artículo 13.2 y activar, de esta manera, el derecho de sufragio activo y pasivo a los ciudadanos comunitarios, por imperativo de la UE. Es decir, nuestros legisladores entienden que, más allá de la obligatoriedad supranacional, la Constitución patria no ha merecido la más mínima renovación en tres décadas de cambios más que significativos en nuestro entorno social, económico y humano. Hasta hoy.
Auspiciados por la cobarde convalidación del Tratado de Lisboa, sin luz ni taquígrafos, sin refrendo popular (mientras los ciudadanos irlandeses y franceses rechazaban de plano su aprobación), los mayoritarios congresistas y senadores de las dos fuerzas políticas de hegemónica presencia bicameral han consensuado la reforma urgentísima, como si nos fuera la vida en ello, como si hubieran adquirido de repente la llamada primigénea de cuidadores constitucionales, del artículo 135 (relativo a la aprobación de Deuda Pública y sus mecanismos) con el objeto de incluir un techo de endeudamiento con rango constitucional. Reforma que, al no afectar a la denominada zona de especial protección, se ejecuta por la vía estipulada en el artículo 167, esto es, la aprobación por parte de 3/5 de ambas Cámaras. Únicamente si un 10% de los miembros de cualquiera de ellas lo solicitara, cabría la posibilidad de un refrendo popular durante los quince días siguientes a su aprobación, cuestión harto compleja por el monopolismo imperante en los hemiciclos. No obstante, si en última instancia la voluntad bipartidista sufriera esta torcedura, presta se encuentran unas inmediatas elecciones generales que darían continuidad machacona al ansia de volver a castigar a nuestro texto constitucional con dilapidaciones de corte neoliberal, con exigencias gestadas en Estados de otra naturaleza y estructura.
Si algo ha demostrado este veloz proyecto de reforma es que todas las repetidas y justas demandas de actualizar el texto constitucional no suponen la violación de nuestra esencia jurídica, mucho menos una infidelidad a los principios que nos hemos entregado. Aún más, indigna especialmente que utilicen los mismos argumentos para realizar sus cambalaches jurídicos que a la hora de desechar la asunción de sensatas reclamaciones de varios frentes mutilando, de paso, un contenido de ambición tan social como la posibilidad ejecutiva de asumir un endeudamiento necesario en épocas de dificultad recaudatoria (como la presente) para no desatender fines sociales prioritarios, consagrados igualmente en nuestra Constitución pero desterrados, como ya hemos indicado, de la zona VIP de protección judicial. Tal vez sea porque no se fían de ellos mismos, porque el abuso de esa capacidad ha centrado la carga deudora en gastos de corte electoralista, de autobombo representativo. Tal vez hemos permitido que de nosotros no emane nada, sino más bien chorree una proyección que ha derivado en clase social novedosa, ésa que se pasea cada campaña electoral por nuestros televisores y medios de comunicación, por nuestras plazas y pabellones, para recibir el fundamental derecho de pernada sufragista con el que seguir sodomizando a los siervos de la gleva.