El valor y el uso de la vida humana

Hace dos días ha sido asesinada, a la salida de su domicilio, la Presidenta de la Diputación Provincial de León (y varias condecoraciones más), Isabel Carrasco. Según avanzan las investigaciones policiales 48 horas después, parece asumir bastante certeza la autoria material por parte de una ciudadana con la que mantenía una relación personal y de anuencia política, y la cooperación necesaria o complicidad de la hija de ésta, con cierto recorrido en el Partido Popular, y que perdió su puesto de trabajo en la administración local hace dos años, sintiendo una animadversión que fue creciendo de manera paraonica, con la connivencia y alianza de su progenitora. Queda a estas alturas aún difuso el grado de participación de una funcionaria de la policia local leonesa que se ha encargado de entregar el arma homicida. Dicho esto, y salvo que giros más propios de la cinematografía que de la vida cotidiana dicten sentencia sorpresiva, lo que no parece que vaya a cambiar es el movil personal como nexo entre los imputados y la víctima. La cuestión política juega un papel, en tal caso, de germen a la hora de provocar la situación fatídica. Otras lecturas únicamente pueden entrar, y de hecho han entrado, desde la óptica de la oportunidad electoral, el sensacionalismo amarillista y la irracionalidad más o menos interesada.
Vayamos por partes. Núcleo principal desde el que parte la protección penal a la vida humana es, evidentemente, la salvaguarda de ésta y, en caso de que ocurra el tipo homicida regulado en el Código Penal, analizar las pruebas, el móvil, los agravantes y atenuantes que pudieran derivarse y, finalmente, imponer la pena correspondiente en busca del resarcimiento de las víctimas, la reinserción del penado y, en menor medida, el elemento punitivo del castigo como carga didáctica para evitar acciones futuras de la misma envergadura, protegiendo así al resto de la ciudadanía y aplacando la alarma social que se produce ante acciones semejantes. Las consecuencias inmediatas son el fallecimiento de un ciudadano y el dolor que provoca a su círculo cercano. En todo caso, la protección de la vida humana es un elemento evidentemente protagonista de primer nivel de cualquier Código Penal occidental, y ésta debe ser igual para todos los ciudadanos, tanto desde el lado del finado como del ejecutor de la acción punible. Pero cuando estamos ante un cargo político, aunque haya resultado víctima desde una acción de rencilla y venganza privada y personal, las alarmas son disparadas con demasiado interés, y hablar de modificaciones legales de cartón piedra, alertar de supuestos peligros apocalípticos que germinan en las sombras de la sociedad, y disparar comentarios inconexos para llegar a conclusiones perversamente disparatadas, se convierten en juez y parte fulgurante.
Cuando asustar al personal de norte a sur y de este a oeste con el fantasma de ETA resultaba cosa sencilla, los dos grandes partidos obtuvieron réditos valiosísimos en sostenimiento de niveles electorales a golpe de miedo y cierto victimismo que concluyó con una violación del cuerpo penalista estatal al aumentar, per se, las penas a aquellos asesinatos cometidos por miembros de bandas armadas organizadas. A partir de aquí, la protección de la vida humana toma categorías, el dolor de los seres queridos y familiares pretende apaciguarse superponiendo la venganza sobre los principios otrora principales de reintegración del procesado y, en definitiva, se le otorga valor negativo, en concepto de pena, en función de la naturaleza ideológica e inspiradora del delito. ¿De qué manera se puede instaurar en el ordenamiento jurídico de un Estado democrático, fundamentado en el principio de igualdad como uno de sus prioritarios sostenes, que merece más castigo poner fin a la vida de un ciudadano si ésta es cercenada por alguien que lo hace pensando que está eliminando a un enemigo en un conflicto, aunque éste sea ilusorio, que aquél que lo hace, tal vez, por algo tan miserable como hurtarle diez euros? En todo caso, el papel que juega la pena como elemento preventivo puede amilanar más de cometer el delito a quien se mueve por intereses vacíos que quien lo realiza premeditadamente imbuido por un factor ideológico que le hace sentirse soldado en un entorno bélico que le fabulan, que ciegan su prudencia y su raciocinio.
Y finalmente ha aparecido el universo paralelo que florece en los tribunales de la información. El homicidio de Isabel Carrasco ha dado para un paréntesis en la campaña electoral europea, miles de tuits y comentarios digitales de dudosísimo equilibrio en el paladar de las ideas, y varias reflexiones valientes que desde los altavoces de turno han querido, para no variar, arrastrarlas al submundo de la demagogia, precisamente el paraiso natural de los mismos que no soportan que alguna manzana vaya madurando su próximo bocado. Pablo Iglesias, de Podemos, es sólo un ejemplo, pero más que interesante para reafirmar el equilibrio torcido de manera interesada cuando un ciudadano es apartado violentamente de su destino. ¿Por qué quienes, desesperados por el acoso de las deudas, se quitan la vida, desterrados por el sistema, casi víctimas del caos colectivo, exterminados por todos con más o menos imprudencia, no tienen su minuto de silencio? Pero lleguemos al punto de inicio, lleguemos a más: Ni un homicidio político debe conllevar consecuencias de mayor rango penal ni social, ni el homicio de un político puede seguir recordando a quien, tal vez cerca de ese instante, haya sufrido violencia similar en el anonimato de la sangre sin escaño, que también en la muerte este sistema que viene expirando con él le recuerda que vale menos, que sólo merece silencio. Un Código Penal vigoroso no lo permitiría, y una sociedad madura tampoco.