Desde el pasado viernes 18 de febrero, el mapa financiero español ha vuelto a modificar sus coordenadas, en este caso con un halo de golpe definitivo de aquellos horizontes que aún quedaban en lontananza. Lo más significativo, si bien ha sido encubierto en los grandes titulares por una medida mucho más populista que eficaz (la limitación de salarios y retribuciones de los directivos que reciban ayudas públicas del FROB), es la ratificación de que todo el proceso de «reestructuración» de las Cajas de Ahorros iba encaminado a esta mano de pintura definitiva: de un modo u otro, resulta imposible que en el mapa financiero nacional sobreviva ninguna entidad de ahorro con la estructura y objetivos que hasta ahora venían rigiendo, independientemente de haber ido cumpliendo los parámetros exigidos y demostrar su solvencia probada y ratios establecidos.
La ministra de Economía, Elena Salgado, ha conseguido dar la estocada definitiva a las Cajas de Ahorros, esta vez sin tapujos. Utilizando el discurso manido de recuperar la credibilidad exigida por los mercados internacionales, ha dejado en manos privadas sí o también los fondos y recursos de entidades que, hasta ahora, carecían de dueño, y que mantenían una profunda obligación de reinversión social. Ambas características han sido aprovechadas con mejor o peor tino por los directivos de turno a lo largo y ancho del mapa nacional, pero lo que resulta innegable es que resultan, en puridad, instituciones con las herramientas más adecuadas para hacer fluir el crédito hacia las pymes y las familias, así como reinvertir en la respectiva plaza los beneficios obtenidos con su actividad financiera.
Pues bien, de manos de la orensana, los ratios de capital mínimos exigidos superan los establecidos para países de nuestro entorno, llegando al 10% para aquellas entidades que no coticen. De este modo, se levanta un camino de muros altos y una sola dirección, en las que las Cajas que no se conviertan en bancos y antes de marzo de 2011 no coticen en bolsa, como mínimo, un 20% de su capital únicamente tendrán un camino: la nacionalización. Pero como advertimos en un artículo anterior, estamos ante el perverso manejo de una nacionalización inversa, en la que el Estado no pretende, ni por asomo, rehabilitar una banca pública para conseguir la generación de crédito solidario o, por lo menos, de una
impersonal actividad financiera de eminente carácter social, destinado a atender necesidades de las familias, al estilo de lo que reservan a nivel empresarial para las lineas ICO. La intención del gobierno estatal será guiar a esas entidades «díscolas» hacia el camino correcto. El gobierno gallego ya ha puesto el grito en el cielo, porque comprueba con estupor que su obsesión por apadrinar una fusión de cajas gallegas (CaixanovaGalicia) no ha servido de nada. El porqué de ese interés y obsesión es otro cantar. Pero, ¿qué ocurrirá con entidades de ahorro que no han participado de ningún proceso de integración por dar muestras objetivas de unos ratios de morosidad y capital adecuados con su actividad?. La vizcaína BBK, la guipuzcoana Kutxa o la malagueña Unicaja han mantenido sus caminos solitarios en esta carrera de fondo que hace referencia a reestructuración, pero exclama a gritos privatización de la buena. De la que, con las medidas de este pasado viernes, dejará a las integraciones de las Cajas a los pies de los grandes bancos, nacionales e internacionales, con sus respectivas salidas iniciales a bolsa anunciadas. Los directivos de las más importantes fusiones realizadas hasta ahora (la fomentada por Caja Madrid y Bancaja, junto con otras cajas de menor tamaño, o el llamativo proceso denominado Banca Cívica) restan dramatismo al asunto, afirmando que la naturaleza de las cajas primigéneas, que inicialmente mantendrán un 60% de las acciones del banco creado, continuarán su labor benéfico-social y su orientación hacia aquellos segmentos que han formado la clientela tradicional de sus entidades. Pero con la velocidad a la que se han ido produciendo los acontecimientos, desde el verano pasado, hasta hoy, nadie puede asegurar que tan siquiera sobrevivan como Fundaciones dentro del organigrama del banco matriz. Para empezar, porque con la necesidad de mejorar esos ratios de capital y solvencia por parte del banco matriz, esto obligará a las Cajas participadas a hacer un esfuerzo titánico que redundará en sus respectivas Obras Sociales, de las que se detraerán importantes partidas ahora encaminadas a alcanzar límites exagerados y desproporcionados con respecto al sistema financiero europeo, eliminando una importante herramienta de dinamización no sólo cultural, social o deportiva, sino fundamentalmente económica. A partir de ahí, si se estabilizan las condiciones actualmente impuestas, habrá que ver qué herida, curable o mortal de necesidad, se habrá producido en la esencia y fin de una figura jurídica que ha sido motor y desarrollo de la economía nacional. Tras la privatización de Caja Postal, Argentaria, las Cajas de Ahorros, a pesar de su politización desmedida y su incursión en aventuras financieras insoportables con respecto a su tamaño y capacidad, eran los últimos reductos de una suerte de banca cercana, solidaria, capaz de entender la microeconomía. A partir de 2012, el recuerdo de que el sistema financiero debe existir, en esencia, para mutualizar beneficios y deudas, para dinamizar la economía y sostener el desarrollo social, quedará en los libros de historia y en algunos tomos desperdigados por la sede de la CECA, donde imaginamos que estarán bunkerizados, resistiendo sin confianza a un enemigo que los tiene cercados.
