El Eibar de la política

Ésta es la celebración que ayer se produjo en la localidad guipuzcoana de Eibar, tras certificar, por primera vez en su historia, el ascenso a Primera División. Tras 75 años de existencia, el conjunto armero se convertía oficialmente en el club número 60 en engrosar la lista histórica de participantes en la máxima categoría del balompié nacional. Desde luego es de lo más destacable, toda vez que estamos hablando del club con el presupuesto más modesto de la división de plata, así como de ser un conjunto recién ascendido, tras un periplo de tres ejercicios en Segunda B. Pero lo más destacable es que el club presidido por Álex Aranzabal sostiene un balance contable que es puesto como ejemplo en la Liga Profesional nacional, sosteniendo un equilibrio financiero impecable en base a una política que prima la estabilidad económica sobre las pretensiones deportivas. Pero eso no basta. Así lo establece el Real Decreto 1251/1999, de Sociedades Anónimas Deportivas, que en base al cálculo regulado en función de diversos factores, obliga a la Sociedad Deportiva Eibar a una ampliación de capital desde los 400.000 euros actuales hasta algo más de dos millones. De lo contrario, el próximo mes de agosto el conjunto eibartarra cambiará de categoría, en efecto, pero descendiendo un peldaño.
Curiosa manera de legislar en busca de la regulación correcta de las sociedades deportivas. Mientras durante años se ha permitido a clubes sortear descensos y desapariciones realizando maquillajes rastreros, desde ampliaciones anuales de capital imposibles de completar hasta empréstitos inasumibles a medio plazo por los clubes en favor de financieras y sociedades de intermediación deportiva, lo que ha llevado a la ruina técnica (dejando de lado corruptelas directas, sobornos, chanchullos, etc., impunes de toda impunidad) a clubes con tanto arraigo social como el Zaragoza o Racing de Santander, entre muchos otros. El conjunto armero, además, intentará el más difícil todavía: alcanzar esa ampliación de capital con una limitación por adquisición de paquetes accionariales, dando por sentado que resulta más importante el mantenimiento del espíritu familiar, colectivo, del proyecto, que el ascenso a costa de la irrupción de fondos externos que arranquen de cuajo el alma deportiva del Eibar.

Y del fútbol a la política, un camino relativamente corto en terreno nacional. Más aún al comparar las coincidencias de las dos mayores alegrías colectivas que protagonizaron la jornada dominical, los ascensos que generaron esperanza, regocijo, confianza en que se pueden lograr los objetivos a base de trabajo, honestidad y coherencia. Como ya hemos analizado con detenimiento, la formación PODEMOS se alzó como el triunfador sin paliativos de la jornada electoral para elegir la composición del Parlamento Europeo, al dinamitar las encuestas y lograr cinco escaños con más de un millón doscientos mil votos. Y esto en sólo cuatro meses, utilizando herramientas de comunicación interciudadana, fomento de las redes sociales, potenciación de las asambleas y movimientos locales, y sobre todo a través de una estrategia de financiación electoral impulsada desde el crowdfunding transparente, el rechazo a su financión vía compromisos crediticios con las entidades bancarias y, en definitiva, gastando aquello que sus propios simpatizantes fueron capaces de recaudar a lo largo de la campaña.
Pues bien, en base a sus resultados y a la estructura de subvención a formaciones políticas para estos comicios europeistas, Podemos optaría a recibir algo más de treinta mil euros por cada eurodiputado obtenido, así como 1,08 euros por voto logrado. En total, la formación liderada por el politólogo Pablo Iglesias debería recibir algo más de un millón y medio de euros pero hecha la ley, hecha la mordaza económica. Al haber declarado poco más de cien mil euros como gastos de campaña, y considerarse como subvención el reparto de las cantidades a presupuestar, ese es el tope que puede percibir la formación progresista. ¿Subvención o financiación? He ahí el quid de la cuestión, al tratarse de unas cantidades a percibir con posterioridad, lo que impide conocer la necesidad de inversión en campaña, y que castiga el rigor a la hora de no gastar aquello de lo que no se dispone. Como quiera que los partidos tradicionales mantienen un flujo monetario siempre deficitario, atrapados en su mayoría por empréstitos frente a las grandes corporaciones financieras, ante aquellas a las que reclaman con mimo y caricias que aflojen el yugo de los desahucios y las ejecuciones hipotecarias, sus gastos siempre serán superiores a lo amortizado con estas compensaciones monetarias pagadas por todos. En cambio, lo ganado en las urnas, en buena lid, por Podemos no le permitirá continuar creciendo estructuralmente, sino que se repartirá equitativamente entre los morosos, premiando el derroche frente a esa austeridad real que no casa con la que nos incitan a llevar a término aquellos que han sido vapuleados electoralmente, claro está, por vivir en una repugnante contradicción. Por poner un ejemplo, VOX, que no ha alcanzado representación en la eurocámara a pesar de invertir una cantidad muy superior a lo largo de la campaña, recibirá una compensación mayor que Podemos. Dos ejemplos de como el sistema proclama y reclama unos principios mientras los apalea cuando éstos toman forma lejos de su control.