Cuando los millennials comenzaban a gestar su conciencia de generación aún sin saberlo, Europa occidental se aprestaba a enfrentar una revolución macroeconómica que coincidía con dos factores: La ampliación de la Comunidad Económica Europea (1986) y la caída del Muro de Berlín (1989). En el caso de España, más concretamente, se establece su inicio y desarrollo con la llegada del remozado Partido Popular de José María Aznar al Gobierno nacional, tras catorce años de ejecutivos socialistas, presididos todos ellos por Felipe González. Esa revolución macroeconómica tuvo su término-fama, al mejor estilo del que han alcanzado en esta época las palabras «desconfinamiento», «desescalada» o «cuarentena». En dicha ocasión, no hubo que repartir el estrellato ya que el sustantivo era uno y trino: «Privatización».
Bajo el argumento técnico de que había que desmantelar el entramado societario público por orden de las estructuras comunitarias, lo que comenzó a ocurrir fue un proceso de acaparación de empresas y recursos por parte de la iniciativa privada a unos costes de risa (Si analizamos dicho proceso tras el desmembramiento de la Unión Soviética, cualquier comparación se quedaría ridículamente corta) ¿Por qué sucede esta situación de manera uniforme en el conjunto de la geografía política capitalista? Junto a la desaparición del Pacto de Varsovia y, por ende, la pérdida del miedo por parte de las élites empresariales a sindicatos y colectivos de trabajadores que ya no tenían una antítesis económica e ideológica a la que asirse, se empaqueta una de las más eficaces ideas-fuerza de los últimos dos siglos: El Estado no es un gestor eficaz. Con ese sencillo argumento aparecen sus sub-ideas, igualmente poderosas y tales como «La iniciativa privada ahorra costes y dinamiza», «El Estado no tiene que ejercer funciones empresariales» y, la mejor de las mejores, «Eliminar los monopolios públicos aumentará la competitividad y, por ende, los usuarios gozarán de mejores precios y servicios».
Ahí está la graceja más inquietante de toda la planificación que ha dejado tiesas a las administraciones públicas, milmillonarios a unos pocos e igual de cariacontecidos a esos usuarios, que son el conjunto de la ciudadanía, a grandes rasgos. En primer lugar, porque hay que recordar que dichas empresas fueron construidas y puestas en marcha con fondos públicos, esto es, a partir de la acaparación de rentas y bienes privados vía tributos, con lo que sus enajenaciones a precios muy por debajo de mercado, siempre con la excusa de que los pujadores tendrían que hacer frente a grandes gastos de modernización, adecuación de plantillas, etc, supuso malversaciones a destajo que quedaron para la historia, por el contrario, como ejemplo de buena gobernanza y adecuación a los escenarios que iba a presentar el siglo XXI. Uno de los ejemplos más sangrantes de la contradicción entre el discurso oficial y la realidad fue, sin duda, la subasta de la compañía naviera Trasmediterránea, preparada para su venta «A los amigos del Gobierno», tal y como declaró en su anuncio de dimisión el presidente de la empresa, José María Trías de Bes.
¿En qué escenario ha desembocado todo aquello? Sin lugar a dudas, y de manera más que previsible debido a las particularidades de los sectores en que desarrollan su actividad la mayor parte de las empresas privatizadas, el panorama aparece con un gran rótulo de inquietante neón: «Oligopolio». No tiene más que pensar como se desenvuelve frente a la elección de su compañía de comunicación, a la hora de adquirir un pasaje de avión o barco, así como comprueba, desesperanzado, que haga lo que haga la factura del gasto energético no deja de crecer. En definitiva, veinte años después ni goza de mejores servicios, ni paga menos por los mismos, y mucho menos cuenta con una variada oferta para poder elegir con libertad de mercado y garantía de competitividad en las tarifas. Basta recordar las ocasiones en que la CNMC ha detectado y penalizado pactos de precios entre las distintas compañías, esas que se cuentan con los dedos de la mano y sobrando bastantes falanges ya que, en los referidos sectores, era obvio que resultaba imposible la supervivencia más allá de dos o tres corporaciones debido a la complejidad y dimensión necesaria en sus estructuras para poder ser rentables.
Quizás por todo esto, en tiempos de pandemia en los que se habla de la posible necesidad de nacionalizar temporalmente ciertas entidades, entrando en su capital vía ayudas públicas para salvarlas de la extinción, no estaría de más replantear una renacionalización con carácter permanente de algunas de ellas, comenzando por las empresas de transporte. Con el sector naval y aéreo prácticamente detenido, las directivas de empresas otrora públicas no han tardado en solicitar ayudas y subvenciones para sobrevivir, lo que resultaría un doble pago incomprensible, sin contar los ERTE que ya soportan las arcas públicas para salvaguardar el empleo de sus respectivas plantillas. La privatización no ha traido ningún valor positivo de aquellos que fueron enarbolados por la clase política para convencer a la opinión pública de las ventajas del proceso, mientras que un Estado escuálido como el que ha quedado, y que se profundiza en estos tiempos víricos, necesita de musculatura a la hora de obtener nuevos ingresos, así como aprender de los errores pasados en su capacidad de gestión y eficiencia empresarial, con el objetivo de no dar excusas al capital devorador para que continúe esquilmando lo colectivo, como sigue haciendo en los últimos reductos públicos: La educación y la sanidad.
