Tiempo de madurez

El dinero viene y va, pero no hay la menor duda que las manos que huelen a óxido ferroso con mayor habitualidad carecen de callos secos. En realidad, esas manos rara vez clausuran sobre sus palmas monedas de curso legal; lo tienen dando vueltas en busca de primos hermanos con los que emparentarse para ver crecer la pecuniaria parentela, pero siempre avisando al progenitor, obedientemente, sobre sus andanzas y sus idas y venidas.

Algo así ocurre en los discursos que ya están presidiendo la actualidad política de Euskadi y que no dejarán de revolotear, cada día con mayor agresividad en sus respectivos aleteos, a medida que se acerque el 21 de octubre. Patxi López dicen que se ha rendido ante la evidencia de la crisis y que, por una supuesta responsabilidad institucional, ha tomado la decisión de adelantar los comicios, como si ambas situaciones pudieran interconectarse para desembocar en una ineludible conclusión idílica. Ante el nuevo panorama electoral, con el retorno de la izquierda abertzale a las urnas, la fragmentación que rodeará Ajuria Enea suena con convertirse en un impedimento a medio plazo para que cualquier candidato pueda tomarla sin resistencia. Por lo tanto, y ante esa realidad, no parece ésta la mejor vía para activar la prosperidad de una tierra que, de por sí, mantiene los mejores niveles en cuanto a desempleo, productividad o consumo.

Ante todo lo dicho, desde luego los mensajes pueden dar bandazos pero no dejan de continuar bajo el monopolio de los micrófonos de siempre, micrófonos con mala memoria, que no retumban para evitarnos el bochorno de las contradicciones permanentes. El pacto PSOE-PP no aguanta una nueva mano de pintura, incapaz de secar en medio de una política nublada entre ambas formaciones. Y tanto desde Ferraz como en Génova saben que cada día que le dan de margen a Bildu, sus previsiones electorales despejan miles de dudas en forma de escaños, así que el consenso de las grandes formaciones nacionales les ha emparentado en ese altar que definen como de normalidad institucional, que viene a ser algo así como la negación infantil de que la Ley D´Hont les pueda ser esquiva en alguna urna estatal. Pero lo cierto es que ese 21 de octubre se les plantea como el tiempo de descuento máximo que se pueden permitir para mantener el resultado y dejar fuera de la competición a los enémigos globales que volverán a sentarse en Vitoria-Gasteiz. Bien lo sabe Basagoiti, que ya ha vendido su piel de hogareño cazador, tanto en las extremidades tendidas hacia todas direcciones para continuar refugiando su aspereza falsamente bonachona en despachos institucionales, como en esa perversa propuesta a machamartillo de reducir el aforo parlamentario de 75 a 60 butacas, a sabiendas de como afectaría esa restricción, fundamentalmente, en la provincia de Guipuzkoa, acogotando la linea de meta de los abertzales.

En todas éstas también vuelan sin brújula, yendo y viniendo, las sensibilidades electorales entre la masa votante nacionalista. El PNV arranca la campaña con una mínima ventaja que debe conservar a cualquier costa, ya que su victoria, aún en segura minoría, le otorgaría la legitimidad necesaria para desterrar a Bildu del panorama ejecutivo autonómico y poder pactar con cualquier otro partido a sabiendas que sus votantes le habrían indicado que retome el bastón de mando a toda costa, sin necesidad de ser escrupuloso en la elección de pareja.

Pero las encuestas se estrechan permanentemente, y desde la izquierda nacionalista son plenamente conscientes que dejarían a los jeltzales ante un panorama tenebroso si consiguieran superarles en esa línea de meta de finales de octubre, obligándoles a definirse como formación, a elegir la máscara utilitarista de réditos cortoplacistas. Que Bildu no va a poder, en ningún caso, formar gobierno, es cosa sabida entre sus fieles. Eso les alienta a escatimar ante la pereza de la abstención, pero habrá que comprobar entre los miles de nacionalistas indecisos que sestean con las frases barítonas de Urkullu y abogan por un avance en la construcción nacional de una Euskadi que opte por otra vía para retornar a la reactivación económica. Precisamente, el pacto entre nacionalistas permitiría una vía intermedia que reforzaría la normalidad política tras el cese de la actividad etarra, dando uno de esos pasos necesarios para que la ilusión deje de alzar el vuelo y se pose en la realidad vasca. Una lástima que la política y sus ambiciones sea afiliada permanente al vuelo sin motor del poder por el poder, dejando olor a metal en la conciencia.

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De una filtración a una extradición cruza una rebelión

Ni en las más imaginativas envolturas de crujiente espionaje el australiano Julian Assange pasa por ser un sigiloso infiltrado de poderes contrapuestos en un mapa de secretos por revelar. Ecuador, con su pública recepción al perseguido, no aspira a reeditar gélidas disputas con archienemigos poderosos; en su caso, el balcón de la embajada del país latinoamericano en Londres se convirtió, el pasado domingo, en sede de una guerra cálida, más bien húmeda y tormentosa, en el que los protagonistas a este lado del telón de fina lana buscan redimir el espacio entre la apariencia y la realidad.

Cuando la organización Wikileaks irrumpe en la escena mediática internacional, con la transparente bolsa de secretos y mentiras de la inteligencia norteamericana a cuestas gracias a una filtración obtenida de manera rudimentaria y casi casual con la aparición de una fuente única desorientada, demuestra que no ha desarrollado una sofisticada desconfianza hacia el propio entorno que pretende dejar al descubierto, poniendo en manos demasiado acariciantes con la realidad bombardeada por los cables revelados el grueso de un material que, sin duda, desencajaba con esas cinco tintas matutinas encargadas de dar luz a las sombras. Y, así, se hizo el silencio, el descrédito, la oscuridad. Assange pasó de star system de las trincheras críticas pero disculpables a archienemigo que acaricia gatos malencarados en la penumbra y, aunque no lo parezca, se carcajea con sátira ante la desventura de la humanidad que le cree héroe. De ésto a villano pero de podrida catadura, capaz de violentar sexualmente a cuanta nórdica inocente le saliera al paso, va un ídem. Una de ellas, Anna Ardin, ostenta la imparcialidad ideológica de resultar la predecesora de Jens Aron Modig, el conservador sueco acompañante de Ángel Carromero en el accidente automovilístico que le costó la vida a Oswaldo Payá y Harold Cepedo, en eso de los tramposos accesos políticos a la República de Cuba con visado de turista pero con la única pretensión de servir de mulas pecuniarias para que la supuesta oposición democrática del Estado caribeño sufrague sus estructuras y sus planes, los miles de tuits que Yoani Sánchez dice enviar en formato SMS por carecer de una conexión fiable a internet y que, por el volumen de mensajes mensuales, le supone una cantidad de miles de dólares insolidarios con unos compatriotas por los que dice luchar.

Pero como la desconfianza sólo debemos cultivarla cuando los supuestos delitos ocurren en territorios no amigos de los Estados donde echamos la siesta, pongamos en legítimo barbecho la inocencia penalista de la soberana nación sueca, empeñada gracias a su portentosa evolución democrática y social que cualquier habitante del planeta denunciado dentro de sus fronteras debe ser apresado y puesto a disposición de sus jueces y tribunales. Que esta mañana su Gobierno haya tenido que justificar la rumorología a cuenta de una supuesta extradición futura a los Estados Unidos por un delito del que ni siquiera ha sido llamado a declarar afirmando que nunca lo haría (¿el qué, si no existe imputación ni, teóricamente, investigación? El sensacionalismo televisivo español ha contagiado a la clase política nórdica, definitivamente, comentando entelequias por puro gusto de alentar la polémica en prime time) si Assange pudiera enfrentarse a la pena capital sólo refuerza el escondrijo elegido por el australiano. Ante la duda, la figura del asilo político o por razones humanitarias supone el triunfo de la civilización ante la sobrevenida perversión de un sistema que se autocondecoraba sin silbidos desde 1991 y, claro, ahora nos toca a los desperezados occidentales poner en cuestión lo que nos cuentan a diario, escudriñar cual es la frontera que nos protege o que nos expulsa de la dignidad y del progreso. Tanto los países que conforman ALBA como UNASUR han secundado sin titubeos la postura de su aliado ecuatoriano, que no se arruga frente a amenazas de invasión a microescala de aquellos que exportaron un producto que han dejado, a su vez, pudrir en sus mal ventilados almacenes.

¿Cómo acabará todo ésto? En realidad, esa cuestión carece de interés parcialmente. Si la estructura procesal de Suecia retorna a sus habituales cabales y, efectivamente, posee fundadas pruebas acerca de la comisión de delitos por parte de Julian Assange contra ciudadanos nacionales, terminará por aplicar, precisamente, la cordura jurídica y solicitar un interrogatorio en la propia embajada. De igual modo, Inglaterra pierde credibilidad con cada amenaza, con el esparcimiento de esa rumorología que habla de invasiones diplomáticas o rechazo de salvoconductos. Cada trozo de la máscara que se derrite sobre la anfibia piel de nuestras naciones europeas nos hace dudar de la identidad subterránea de las mismas, de su falsaria naturaleza, haciéndonos añorar el templado ecuador donde parece residir con mayor calidez la anhelada sensatez.

El medio ambiente en el Código Penal español

Un verano especialmente caluroso, unido a una realidad de amputaciones presupuestarias que han desviado el gasto preventivo y de concienciación a la lucha activa contra las llamas, ha vuelto a poner en el disparadero de la opinión pública la facilona queja a raíz de una supuesta mano blanda para con los pirómanos conscientes, responsables activos del 90% de los conatos e incendios estivales que venimos sufriendo en la práctica totalidad de las comunidades españolas.

Esa retahila de opiniones viscerales, alimentada por debates televisivos que buscan sangre y rabia sobre las brasas de miles de héctareas calcinadas, es el éxito del amarillismo, de la misma manera que tenemos que soportar el populismo que exige cadenas perpetuas, mano dura, a cada ruptura del orden social amplificada por los sectores desinformativos de costumbre.

La cuestión no admite bandolerismo del utilitarismo ora supuestamente periodístico, ora político. La aprobación de un Código Penal, como miembro vital de un cuerpo legislativo en una nación desarrollada, reclama una estructura espiritual que proyecte un sendero cierto de los grupos de acciones punibles y sus correspondientes consecuencias procesales en función de la gravedad que la sociedad sobre la que desarrolla su orden reclame. Pero, insistimos, la seguridad jurídica resulta clave para no extraviarnos por los diferentes títulos y capítulos que componen su armazón. Así, el texto de 1995 que el poder legislativo nacional aprobó con la necesidad de consenso y puesta en valor de distintas sensibilidades legales que reclama una ley orgánica estableció como elemento supremo de protección la vida humana, asignándole las responsabilidades penales más elevadas, pero estableciendo como principio supremo el equilibrio con una política de reeducación y reinserción del reo, todo con el interés de pacificar en la medida de lo posible los conflictos que surgen entre los individuos. De igual manera que los Códigos de las naciones vecinas, el ciudadano emerge como elemento principal de protección, encabezando un esqueleto que debe siempre sostener su equilibrio normativo. Así ocurre, así suele ocurrir, hasta que la excepcionalidad vitaliza el radicalismo facilón, la exigencia de castigar en fuera de juego.

¿En qué circunstancia queda nuestro ecosistema cuando es allanado? ¿Qué responsabilidad soportan los culpables que de manera dolosa desertizan por varias décadas el espacio natural que disfrutamos? El artículo 45 de la Constitución regula, como principio rector, los siguientes apartados con el objeto de inspirar el desarrollo normativo para con la protección del medio ambiente:

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la Ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

Y, de este modo, el Código Penal del 95 desarrolla el mandato constitucional en su artículo 352 y siguientes con respecto a los incendios forestales. Otra cosa es que su contenido y escala en el sistema de responsabilidades sea discutible, pero no olvidemos que hasta cuando un pino se abrasa, la normativa penalista busca antes víctimas de carne y hueso que de hojas y resinas. Así, los que incendiaren montes o masas forestales, serán castigados con las penas de prisión de uno a cinco años y multa de doce a dieciocho meses. Si ha existido peligro para la vida o integridad física de las personas, se castigará el hecho conforme a lo dispuesto en el artículo 351 (de diez a veinte años de prisión), imponiéndose, en todo caso, la pena de multa de doce a veinticuatro meses. Por lo tanto, dada la apabullante diferencia de responsabilidad en el caso de que haya un ser vivo de por medio, nos encontramos, en realidad, ante un caso específico de homicidio o asesinato, atenuado en el caso de que sólo perezcan miles de árboles y vida animal que permiten nuestra existencia colectiva.

La desolación de nuestros bosques, con especial énfasis durante el presente mes de agosto, viene acompañado de uno de esos simplones debates acerca del mencionado endurecimiento, per se, de las responsabilidades que no respeta la dificultad que supone construir un cuerpo penal que nos sirve de referente seguro para proteger nuestros múltiples intereses. Tal y como hemos decidido regularnos, el Código Penal se alimenta de un antropocentrismo moderado, y así ha sido porque quien redacta las leyes de los hombres y mujeres son precisamente sus representantes humanos, no el resto del entorno con el que convivimos. Reclamar puntualmente la necesidad de ser implacables con los pirómanos significa alimentar el ansia humana de venganza, queriendo así amputar y modificar el genoma de nuestro Código Penal; si por cada acción de notable repercusión nacional modificáramos la escala de penas, agravando tipos de manera aleatoria, nos aseguraríamos, precisamente, un entorno de sinrazón procesal, además de un retorno al talión, a la bestia que hemos ido domesticando generación tras generación.

Otro paisaje resulta si nuestra sociedad, de manera meditada, entiende adecuado el viraje penalista hacia un Código inspirado en teorías de ecocentrismo moderado. A fin de cuentas, de lo que se trata es, fundamentalmente, de evitar el mayor número de delitos posible así como de dar respuesta a aquellos que produzcan una repercusión de dolor o rechazo mayor. El impacto social que, por ejemplo, ha provocado la destrucción del 15% de la masa forestal en la internacionalmente protegida isla de La Gomera implica consecuencias para el total de sus habitantes durante varias décadas, así como producirá pobreza y dolor a miles de ciudadanos. El asesinato de un individuo a manos de otro acciona la desconfianza, el horror, el daño, con una onda expansiva mucho más limitada tanto en el espacio como en el tiempo. En el ser humano está vislumbrar si nuestro natural egocentrismo debe superar la repetición penalista de conductas que, cuando la realidad nos golpea, sacan al excepcional vengativo que llevamos dentro.

Nunca serlo y jamás parecerlo

Ésta es, sin duda, la máxima que preside la vida y ruinas del Ministro de Agricultura, Alimentación y… ¿Medio Ambiente? del ejecutivo nacional, Miguel Árias Cañete. Y esto es así porque el mórbido y, desde luego, insanamente alimentado jurista madrileño no se intenta arrogar, ni mucho menos, la discreción de la esposa del César. El es, a lo sumo, cuñado de ganadero, y como buen emparentado con la dinastía Domecq, parece que sólo considera masa árborea a proteger la que crece en dehesas y fincas varias para feliz trote de cochinos y astados que espera engullir y ver morir, no necesariamente en el mismo orden.

Para empezar, es ciertamente extravagante que este orondo señor, cuyo curriculum principal se desenvuelve en el proceloso océano jurídico, haya encabezado en el último ejecutivo de José María Aznar y en el actual las más altas cotas de responsabilidad en el mundo agrario, salvo que sea curriculum suficiente, insistimos, estar casado con Micaela Domecq y Solís-Beaumont, novena hija de Juan Pedro Domecq Díez y de Matilde de Solís-Beaumont y Atienza. Cuando uno, en su golpeada ignorancia, pone a trabajar un puñado de neuronas, se imagina a un Ministro de Agricultura solidario y sensible con las necesidades del campo, el equilibrio y defensa de las ayudas y subvenciones para evitar que desaparezcan producciones internas que nos obliguen a desviar la balanza de pagos vía importaciones, etc. Cosas así. Si al apellido ministerial se le añade, en la actualidad como un subepígrafe terminal, el título innobiliario de Medio Ambiente, dicho responsable debe conjugar una sensibilidad para con un entorno protegido donde descansan, a lo largo y ancho de la geografía estatal, un buen puñado de Parques Nacionales y Reservas de la Biosfera. Pero, en lugar de todo eso, el domingo por la tarde, con tres incendios en evidente descontrol y dos fallecidos en uno de ellos, Árias Cañete consideró que su presencia silenciosa debía ubicarse en una despoblada plaza de toros de Cádiz a la vera de su majestad, el amante de los animales muertos con dolor para gloria de su gozo regio. Según cuentan, y eso da buena cuenta de la etapa histórica subvertida que estamos padeciendo, la masacre de astados se programó con el fin de glorificar el bicentenario de la Constitución de 1812. Si dicha Carta Magna se emparentaba mínimamente con una sociedad que alza sus virtudes a golpe de banderilla y corte de orejas taurinas, se viene comprendiendo como la población que intentó regular la dejó de lado a las primeras de cambio por un antepasado del Borbón tan soberbio como el presente pero con más ganas de marcha absolutista.

Lo más trágico que puede hacer un alto responsable público es justificarse en lugar de realizar eficazmente la labor para la que ha sido encomendado. Y como toda justificación apresurada, se pisa en barro y las manchas desaparecen pero dejándonos las manos un tanto áridas al secarse la mentira. En primer lugar, Árias Cañete salió al paso de las críticas argumentando que se encontraba por orden de Presidencia del Gobierno acompañando al Rey, como es deber de los Ministros cuando el monarca anda en saraos privados con apariencia de obligación pública. Que fuera él el elegido parece que no tiene nada que ver con ser un amante confeso de la aberración que supone la tauromaquia; mucho menos que esté casado con una jerezana, además de haber trabajado en la delegación de hacienda y haber sido profesor de Derecho en la facultad de dicha localidad andaluza, lo que le ha llevado a pasar la mayor parte de su tiempo en la provincia gaditana. Como la opinión pública parece que le tiene tiña gratuita al ministro más invisible de la era Rajoy, al día siguiente ha salido a la palestra argumentando su ausencia durante una jornada dominical que ha calcinado el futuro de cientos de miles de ciudadanos en la supuesta delegación de competencias en Parques Nacionales por parte de las respectivas Comunidades Autónomas. Insólito que el propio ministro desconozca que el Parque de Cabañeros (Castilla-La Mancha) no ha disfrutado de dicha transferencia competencial, hecho éste que no exime de su ausencia pública general durante lo acontecido y por acontecer (dos fallecidos en Alicante, un 11% de la Isla de La Gomera hecha cenizas), ya que aquel que ejerce la titularidad principal de un área de gestión gubernamental debe serlo y, además, parecerlo. Miguel Árias Cañete, ni lo uno ni lo otro. Únicamente parece lo que es: un bien emparentado, amigo del buen yantar y del mal ver torturar a hervíboros indefensos y asustados. A la vera del cazador principal, eso sí, que en su círculo nobiliario viste mucho.

 

 

 

La semana grande del SAT

De este modo comenzó ayer una edición del denostable late night, de seria apariencia pero con todos los ingredientes para profundizar en un programa de destentada carcajada, El gran debate. Su excepcional particularidad es que funcionó como culminación de alta trascendencia mediática para con las acciones que ha desarrollado el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) a lo largo de la presente semana, con dos estrategias de concienciación pública en sendos supermercados de Écija (Sevilla) y Arcos de La Frontera (Cádiz), así como ocupando la finca militar Las Turquillas, reclamando su cesión a braseros y jornaleros para su explotación agraria colectiva. Juan Manuel Sánchez Gordillo, afiliado al referido sindicato, así como alcalde de la localidad sevillana de Marinaleda y diputado autonómico por IU, no ha desechado ninguna posibilidad de participar en debates, entrevistas y reportajes a lo largo de los últimos días, con la convicción de que el discurso y los valores a transmitir son capaces de sortear cualquier barrera de reaccionaria manipulación o, peor aún, de encierro banderillero a pleno sol de agosto en crisis.

Y, así, tras sufrir días de descrédito, de demagogia nerviosa por parte de las principales cabeceras, prácticamente de su totalidad al carecer de oasis progresistas en los luminosos de las letras y las imágenes, así como de una actividad policial y judicial de una desproporción a estudiar en el procesalismo penal universitario, la estrategia de guerra de guerrillas desde las selvas sin capitalizar ha dado muchos más frutos que los escasos y primarios carros de alimentos que aprehendieron para alimentar, precisamente, un debate social de imprescindible digestión.

La hipocresía del capital ha anudado el discutible poder editorialista, así como la siempre eficaz inmediatez informativa catódica, para pulverizar el mensaje y simplificarlo todo hacia el machacón dogma liberal de estar ante un robo (encuentran violencia e intimidación en cualquier reducto que no se haga por favor o, tal y como dominan los ladrones de verdad, los de millones y para uso y disfrute propio y codicioso, sin cámaras por medio, con elegante discreción) intolerable, un ejemplo canallesco con el objeto de incitar a la revuelta social, a la destrucción del status quo, del orden capitalista de las cosas. Y, vaya, desde luego que un botín de tamaña humildad nos hace convenir que no tiene capacidad para alimentar la miseria que se expande con fulminante rapidez por toda la geografía española, con dos millones de infantes bajo el umbral de la pobreza y un 25% de la población acariciando la áspera realidad de la desnutrición, pero sus consecuencias hacen albergar amenazas subjetivas que ponen en pie de guardia al negocio, al maldito negocio.

La principal obligación de un gobierno en un Estado que se autodenomina social y democrático de Derecho es proveer de sustento a la totalidad de la población que representa, así como articular todas las medidas a su alcance para habilitar de posibilidades formativas y de bienestar que aseguren la frontera más nítida hacia el empleo y las adecuadas coberturas de protección humana y social. En el caso que nos ocupa, todos los Ejecutivos de nuestra mal parida democracia se han dedicado a alimentar el mostruo especulativo de una economía basada en el sector servicios, de bajísima cualificación y amenazada permanentemente por la feroz competencia de otras latitudes con precios y garantías laborales de macabra risa, salpimentada por picante ladrillo en cantidades deshidrantantes y un mostruo de empréstitos a propios y extraños que, pasado el espejismo de que democracia y prosperidad suponían sinónimos coexistentes, ha dejado al descubierto que nuestros gobernantes han venido impulsando lo impropio, esto es, la gobernanza para unas minorías y, por ende, la precariedad mayoritaria frente al paisaje real, con el oasis artifical reseco.

El nerviosismo sensacionalista de Sandra Barneda y el triunvirato de los extremistas colaboradores que le acompañan a su siniestra, no hicieron mella en el culmen mediático de Sánchez Gordillo y Diego Cañamero, secretario general de SAT, conscientes de la estrategia de defensa adecuada cuando la selva se espesa, cuando las balas contienen pólvora previsible. Resulta aconsejable, aunque pueda necesitarse cierta sedación, ver el programa completo, como didáctica apabullante de lo que no es periodismo, siquiera investigación. Gaspar Llamazares puede dar fe de ello, tras unos días de descrédito desde la cabecera derechista por antonomasia, haciendo gala del uso de la demagogia mayúscula. Como bien aseveró el diputado asturiano de IU, parece que en este país los rojos tienen prohibido poseer bienes materiales.

La confrontación necesaria que han provocado las acciones del SAT estos últimos días corrobora que una imagen vale más que mil palabras, porque éstas ya están dicha aunque su recorrido suela ser interceptado por las restrictivas rotativas de máxima tirada. En cambio, la calculada estrategia arranca con acciones cámara en ristre, dejando el surco de un debate necesario. Fue sólo un inicio, no un fin que justifique medios y modos, armado de pocos kilos de alimentos que supone un minúsculo porcentaje de las toneladas que las grandes superficies vierten a diario en lugar de reconducirlas a la necesidad colectiva. De igual manera, la ocupación de una finca no cultivada nos alerta de las miles de héctareas en tan pocas manos, casi las mismas que fueron protegidas a golpe de levantamiento militar hace menos de un siglo. Lo dicho, una puesta en escena para desarrollar debate, despertar consciencias con dulce inmediatez, y profundizar en la exigencia de fundar una sociedad que dé contenido a sus yermos principios jurídicos. Para el poder, ése que protege a los de su clase con la connivencia de diez millones de incautos e intelectualmente desabastecidos votantes, ésto es el ejemplo del pillaje y el descontrol. La ramplante corrupción de sus correligionarios, desafortunados incidentes.

 

La democracia exportada siguiendo el patrón Carromero

Las andanzas reaccionariamente quijotescas de personajes como Ángel Carromero padecen el tris de que pueden desembocar, a poco que se les deslice el pie de su acelerador libertario, en el ángulo contrario de su destino, encallados en una vía más que muerta. Si resulta de alguna manera posible abstraerse ideológicamente de cualquier circunstancia que tenga a la República de Cuba por protagonista, aunque sea, como en esta ocasión, de manera casi circunstancial, como de territorio que pasaba por allí, con sus curvas y sus irregularidades, debemos convenir que la situación del vicesecretario de las Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid no genera más elementos de discusión en el ámbito penal que los que quieran ser lanzados con la punta impregnada de tinta ideológica de color patriotero chillón.

En efecto, si ni los medios de mayor raigambre reaccionaria discuten la imprudencia al volante de Carromero (con la inevitable salvedad que recojemos más adelante), conduciendo a una velocidad notablemente excesiva en un tramo mal asfaltado y en obras, lo evidente es que dicha acción conlleve una exhaustiva investigación policial y, a la vista de los hechos probatorios, una más que previsible querella por parte del ministerio fiscal en base a un presunto delito de doble homicidio imprudente. Esto es así por parte de cualquier sistema legal estricto y debe ser, no sólo respetado, sino apoyado por el Estado del que resulte nacional el infractor. Cosa bien distinta será si el acusado es finalmente imputado por los hechos objeto de la causa que se abra y, en aras de garantizar la cercanía del reo a su entorno familiar, así como hasta por una cierta dosis de humanidad carcelaria sentimental (como la comida de casa no hay ninguna, aunque sea de catering enrejado), solicitar la extradición para que cumpla la pena por estas tierras. Pero el Gobierno español y los responsables de su formación política (tanto montan que se montan tanto lío) se empeñan en enfangarse, de la mano de sus editorialistas de cabecera, poniendo la chirriante solfa en cuestiones que, de ocurrir por los asfaltos patrios, nadie osaría esparcir por los arcenes de la justicia universal.

Cómo olvidar el positivo por conducción bajo los efectos del alcohol del ex secretario general de los cachorros populares, Nacho Uriarte. El diputado popular tuvo que presentar con razonable celeridad su renuncia como representante de la formación conservadora en la Comisión de Tráfico del Congreso y fue, finalmente, sentenciado por el Tribunal Supremo a una retirada del carnet de conducir durante ocho meses y al pago de la correspondiente multa. Indiscutible, de sentido común. En cambio, los gruesos tentáculos que se deslizan desde Miami y dan sus vueltas de molusco cefalópodo vía Madrid se empeñaron primero, antes de que la verdad hiciera acto de presencia, en presentar una perversa situación conspiranóica, aderezada por supuestos vehículos que atosigaron al de Oswaldo Payá y cia hasta provocarles una salida de calzada y el fatal desenlace, que concluyó con el fallecimiento del opositor al gobierno cubano, así como el de su compañero de filas, Harold Cepero. La viuda de Payá se aprestó a sugerir una conspiración y la apertura de una investigación para aclarar lo que consideraba un asesinato orquestado por el Estado para con su esposo. Hilando esa teoría, tanto Ángel Carromero como el dirigente liberal sueco, Jens Aron Modig, que le acompañaba de adinerado escudero, serían héroes de una supuesta liberación del pueblo cubano, víctimas inocentes de la perversa maquinaria del país caribeño para deshacerse de enemigos del sistema. La cabecera de referencia del conservadurismo español ya dejaba claro, hace dos días, que Carromero se enfrentaba a un juicio-farsa, un proceso político con el objeto de utilizarlo como chivo expiatorio de una nueva andanada de tensión diplomática hispano-cubana.

Más allá de los putrefactos intereses para recuperar el control de una nación que consideran finca dolorosamente expropiada, el insistente y rabioso desprecio por la justicia marca el termómetro de esta forma de hacer política, hábil en la falacia permanente y a conciencia, capaz de repetir el término democracia con la misma insistencia que se juguetea de manera pervertida con su contenido. De la misma manera, el sensacionalismo acerca de la presunta habilidad de Ángel Carromero para violar la normativa vial, que le ha llevado a acumular más de cuarenta infracciones en los últimos tres años hasta tenerlo en vías de retirada del permiso de conducción, aporta un nulo contenido al elemento matriz de la causa principal. Desde luego, el joven dirigente popular demuestra con su actitud frente al volante un desprecio más que evidente al sistema de normas que debe proteger y respetar por su cargo político, pero eso es harina de otro depósito, marcha de otro vehículo. Que se sepa, ha recibido una notable cantidad de apercibimientos policiales por aparcar indebidamente o conducir a mayor velocidad de la permitida, pero nunca se ha visto inmerso en un proceso penal por homicidio imprudente… porque nadie ha fallecido debido a una decisión incorrecta al volante por su parte, hasta hoy. De igual manera que utilizar indebidamente su visa de turista para realizar actividades de índole política resulta reprobable y, posiblemente, perseguible desde otro cauce legal, pero carece de interés para el esclarecimiento del accidente circulatorio. Pero el fallecido era, casualmente, el popular Payá, su contacto, el receptor de la generosidad pecuniaria que le permitía a él y a otros, como Yoani Sánchez, mantener un nivel de vida insolidario con el entorno, ajenos al esfuerzo colectivo por la construcción de una sociedad que intenta avanzar en comandita, sacrificada en el conjunto. Si la víctima hubiera sido un anónimo colaborador de la contra extranjera tal vez no oliéramos a tanta tinta calavérica. Pero parece ser que en esos círculos cerrados que afirman trabajar por la democracia y la libertad de un pueblo que no parece tener excesiva intención de lanzarse a sus brazos sólo se reunen personalidades notables del trapicheo político, desde el pide prebendas Jorge Moragas hasta personajes tan siniestramente exóticos como Annita Ardin, denunciante de Julian Assange por un supuesto delito de violación. Casualidades de la vida moderna, de las autopistas mal iluminadas de la derecha internacional.