Si no quieres petróleo, toma dos barriles

El dominio colonial español terminó en Sudamérica hace más de dos centurias (exceptuando Cuba y alguna otra participación en el oligopolio expoliador de esas tierras), pero los sucesivos gobiernos nacionales parecen no haberlo digerido, tratando las decisiones de la región como matizables, pendientes del visto bueno de la metrópoli en base a los intereses de esas corporaciones que dicen ser españolas. Lo afirman, pero no lo son. Las más importantes, salvando el sector bancario, lo fueron, pero el primer gobierno de José María Aznar se encargó de tratarlas como mercancía en oferta para obtener, a corto plazo, relativa liquidez para las arcas públicas. Tan relativa, que ese llamado milagro económico sirvió fundamentalmente para potenciar dos vías: una cultura del despilfarro público que duró una década escasa, a golpe de auditorios, puentes, pabellones y otras sutilezas arquitectónicas que, a lo sumo, valdrán como cascarones apocalípticos cuando este páramo se seque por completo; y una puerta de entrada vitalicia para los responsables públicos cuando hacen sus maletas, en forma de generoso complemento de jubilación.

Por ahí se va entendiendo la dureza del ministro petrolero José Manuel Soria, encantado de conocerse embadurnado de oro negro, en forma metafórica, y quien no se sabe muy bien si es responsable de tres carteras ejecutivas o ha sido nombrado camarlengo del asunto extractivo, porque únicamente le conocemos declaraciones en defensa de las estrategias de Repsol; primero ha sido la batalla con el gobierno canario a cuenta de la idoneidad de montar, frente las paradísiacas playas de Lanzarote y Fuerteventura visibles monstruos prospectivos en las profundidades marinas y, ahora, se ha despachado con rabia incontrolable contra la nación argentina, como si en el valor de cotización de la petrolera privada le fuera la vida. Afirma, ya sin bigote siguiendo la estela de su diminuto creador, que la decisión es hóstil para Repsol y, por tanto, para España (sic). En esas estamos, con una estrategia de permanente confusión entre el interés público y privado, lo que ha llevado a movilizar a las más altas instancias comunitarias para que la nacionalización de la parte accionarial de YPF controlada por la corporación que preside Antonio Brufau no llegue a buen puerto.

Cabe preguntarse si el beneficio nacional derivado del pago del correspondiente Impuesto de Sociedades por parte de Repsol merece la atención y defensa privilegiada de la que el ejecutivo presidido por Mariano Rajoy hace gala. O, de manera menos disimulada, qué enorme peso publicitario sustenta las principales cabeceras periodísticas para ir todas a una en la defensa de su patrocinador con un discurso que parece emanado de una especie de brainstorming unidireccional. Más aún, el maná de las páginas pares coloreadas que refulgen a diario en el papel periodístico llega, se supone que vía IPF, hasta el pensamiento editorial del principal medio escrito argentino, Clarín, que se queda emitiendo una aséptica descripción de los hechos para no contaminar el crudo de sus intereses.

Mientras en el entorno de la Europa comunitaria, a imagen y semejanza del modelo norteamericano de liberalización económica, se ha empujado al desprendimiento paradójico de las empresas rentables de propiedad estatal, con la excusa de la libre competencia y otras zarandajas, los Estados latinoamericanos de mayor empaque en sus índices de crecimiento y desarrollo vienen manteniendo la línea de actuación meridianamente contraria. Se recorre, por tanto, el camino inverso. Durante la década de los noventa del siglo pasado, el continente americano se abalanzó a una algarada privatizadora a instancias del influjo de las barras y estrellas y, en ese despedazamiento del esfuerzo colectivo, Carlos Menem se alzó como uno de los titiriteros más fieles. En 1992, procedió a privatizar la emblemática empresa de hidrocarburos nacional, símbolo del enriquecimiento argentino y una de las primeras petroleras fundadas en el mundo, allá por 1922. Ahora, la política sudamericana se ha percatado que el viaje fue ruinoso y que el control de su destino se había tornado miseria y esqueleto. En el mundo de las extracciones petrolíferas, Brasil o Venezuela, potencias mundiales en el sector, mantienen emporios de capital público para, de este modo, revertir los beneficios de la actividad en otros sectores estratégicos de financiación prioritaria. España, en cambio, supedita su enclenque artilugio estatal con las migajas derivadas de las cotizaciones vía impuesto de sociedades y otras regalías, lo que nos ha conducido, en tiempos de ausencia de bonanza, a imponer una dieta anoréxica en sanidad o educación a la velocidad del rayo. Porque lo cierto es que el planeta está al revés desde épocas de la conquista: Los Estados con mayor concentración y reservas de materias primas indispensables para el acontecer desarrollista de la economía suelen coincidir, no por casualidad, con geografías inestables y desigualdad permanente. Mientras, el yermo norte se abastece de la colonización productiva, primero en forma de materia objeto de valor directo (oro, plata, etc.) y ahora vía herramientas de manufactura enriquecedora.

La nacionalización de YPF, repartiendo el accionariado entre el Gobierno central y las provincias en las que se encuentran las extracciones más jugosas, obedece, en palabras del gobierno argentino, a la comprobación de una ausencia notoria de inversión real por parte de la petrolera en el país sureño, mientras que la generación de beneficios se ha disparado exponencialmente. De manera particular, acusa a la petrolera de ocultar importantes descubrimientos de nuevas reservas con el objeto de ampliar subrepticiamente ese lucro. Estando en su soberano derecho de ejecutar un proceso expropiador por su valor estratégico para el desarrollo de la nación, resulta llamativo ese tono arrogante que se sigue manteniendo a este lado del bravo río atlántico, valorando de forma unilateral el precio del porcentaje nacionalizado (10.500 millones de euros), cuando la competencia de dicha estimación, es sabido, queda en manos del arbitrio que se establezca por el ejecutivo argentino.

José Manuel García-Margallo, ministro de asuntos exteriores español, ha asegurado que, con esta decisión, Argentina se ha dado un tiro en el pie. Quizás mezcle las informaciones, producto de la edad y la rabia incontenida, y no recuerde que esos despistes con olor a pólvora son más propios de la realeza y sus vástagos por tierras ibéricas y africanas, pero que una nación desarrollada y, en varios episodios de la etapa contemporánea, refugio y sostén de nuestro país, no puede recibir amenazas de un gobierno, que se encuentra legitimado por la elección de sus conciudadanos, no de multinacionales de propiedad diversa y repartida allende los mares. En definitiva, que si Repsol quería petróleo a precio de gaseosa, toma dos barriles.

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