La guerra del petróleo canario (III): Análisis del RD 547/2012

En el Boletín Oficial del Estado, ayer miércoles, se publicó finalmente el Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, por el que se convalida el número 1462/2001 que trata acerca de los permisos de investigación de hidrocarburos en esas nueve inmensas parcelas oceánicas frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura.

El contenido en sí viene, a grandes rasgos, a convalidar la autorización otorgada hace más de una década a Repsol y sus empresas colaboradoras (Woodside Energy Iberia S.A. y RWE Dea AG) para realizar catas y extracciones en las áreas delimitadas, así como a subsanar el contenido del artículo 2. No obstante, del espíritu de la redacción emergen ciertas urgencias por cerrar vías de fuga para que el procedimiento no modifique las líneas maestras que llevarán, si la presión ciudadana e institucional de las islas afectadas no lo remedia, a entregar un inmenso botín a una corporación privada sin apenas réditos al Estado y asumiendo éste y sus habitantes todos los riesgos derivados de una operación extractiva de inmensa complejidad.

Lo más llamativo deriva de la consideración acerca de esa modificación en el articulado. Así, en la exposición inicial se afirma que se introducen determinadas modificaciones en el artículo 2 que flexibilizan en programa de trabajos pero no constituye en ningún caso una modificación relevante al mantenerse invariables tanto las obligaciones materiales como las inversiones. Veamos la redacción original de los apartados c) y d), así como su texto refundido en el nuevo RD:

c) Tercer año: Perforación de un pozo exploratorio hasta una profundidad aproximada de 3.500 m y realización de trabajos geológicos y geofísicos, siendo la inversión mínima para este tercer año de diez millones de euros.
d) Cuarto, quinto y sexto año: Perforación de un segundo pozo exploratorio hasta una profundidad aproximada de 3.500 m y realización de trabajos geológicos y geofísicos, con una inversión mínima durante estos tres años de diez millones de euros.

Como decimos, ambos apartados se concentran ahora en un único punto, que queda tal que así:

c) Tercer, cuarto, quinto y sexto año: Se perforarán al menos dos pozos exploratorios de 3.500 metros de profundidad aproximada y se realizarán estudios geológicos y geofísicos, todo ello con una inversión mínima de veinte millones de euros.

De la reflexiva lectura de ambos textos sí que se pueden extraer diferencias sustanciales. La primera, y más preocupante, es relativa al número de pozos exploratorios a perforar en las profundidades canarias. Si en la redacción original se hablaba de dos catas entre el tercer y sexto año de vigencia de las correspondientes autorizaciones, en la actualidad se recoge que, como mínimo, se realizará esa cantidad de pozos, abriendo la posibilidad a más operaciones extractivas a una profundidad de 3.500 metros, es decir, la distancia de un Teide invertido. No hace falta recordar los riesgos implícitos en una operación de esa complejidad, en un entorno oceánico a dos palmos de tierra de la costa norteafricana y de las islas orientales del archipiélago canario.

La modificación del texto legal resulta incomprensible, ya que el contenido del propio Real Decreto 547/2012 explicita que la sentencia de 24 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo por la que se resuelven los recursos contencioso-administrativos 39/2001 y 40/2001 contra el mencionado Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre, anuló los compromisos y programas de investigación especificados en los apartados c y d del artículo 2 de dicho real decreto, correspondientes a los años tercero a sexto, por no haberse determinado expresamente las medidas de protección medioambiental a que se refiere el artículo 18.3 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. Si éste es el motivo aducido para la modificación, queda por ver la subsanación adecuada cara a asegurar el equilibrio mediambiental de la zona. Pues bien, el ministerio incluye un bis al artículo 2 que, resumiendo, viene a incluir una serie de obligaciones al concesionario en lo que respecta a planes de contingencia medioambiental. Perfecto, muy decorativo. Pero ahí no radica el quid de la cuestión, ya que el Ejecutivo lo que hace es aferrarse al artículo 67 de ley 30/1992, de Régimen jurídico, para convalidar el acto anulado y subsanar los vicios. En la jerga política, impedir que se abra un nuevo procedimiento de concesión y Repsol pueda quedarse sin el chollo apalabrado primero con Rodrigo Rato y, en la actualidad, con el canario Soria.

En definitiva, este Real Decreto aprobado a toda mecha para no perder ni un segundo petrolero no cumple otra función más que la citada y, por supuesto, heredar el contenido del reglamento 1462/2001. Entre sus asuntos más llamativos, los aficionados a la cartografía pueden entretenerse detectando en el mapa la longitud y latitud exacta de las nueve áreas de permiso, que entre todas ocupan la misma superficie que el conjunto terrestre del archipiélago. Este dato tiene suma importancia, ya que el ministro de industria aseguró a principios de semana que las plataformas petrolíferas se establecerán a una distancia mínima de 60 kilómetros de la costa canaria, mientras que el Presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, afirmó ayer, durante el debate del estado de la nacionalidad, que esa aseveración era fraudulenta por completo, pudiendo ubicar las moles extractoras a poco más de diez kilómetros de la paradisíaca arena de Fuerteventura.

Las administraciones locales se han sentido profundamente maltratadas en todo este procedimiento, sobre todo a raíz de la mofa contenida en el Real Decreto, de la forma que sigue: por último, instruido el procedimiento, se ha cumplimentado el trámite final de audiencia, cuyas alegaciones y comentarios han sido convenientemente valorados. Los correspondientes presidentes de los Cabildos afectados afirman que no han podido plantear alegación alguna, siendo emplazados el martes pasado a una reunión al día siguiente por la mañana en Madrid como única fecha posible, sin tiempo ni capacidad para organizar el expediente de argumentaciones contrarias. El sábado 24, la ciudadanía canaria saldrá a la calle a mostrar su frontal rechazo a toda esta codicia dispuesta a destruir el futuro del archipiélago. Tal vez esas alegaciones sí tengan que ser valoradas.