La guerra del petróleo canario (II)

Imagen de hoy, a poco de haber sido aprobado el Real Decreto por el que se autoriza a la compañía privada Repsol a comenzar las prospecciones petrolíferas necesarias para buscar y extraer el crudo que se encuentre en el subsuelo marino existente en aguas territoriales de Canarias. Como pueden comprobar, el almuerzo-conferencia (organizado por Nueva Economía Forum) que se celebra está patrocinado, casualmente, por la empresa beneficiaria de dicha concesión y a quien se agasaja, con nombre y apellidos, es al ministro canario José Manuel Soria, de quien se pensó que su nombramiento reposaba en el supuesto conocimiento del sector turístico pero de quien se va comprobando que tira más por la primera de las carteras acumuladas.

El ex vicepresidente del gobierno autonómico ha sido indiscutible protagonista de la aceleración de este proceso que parece no tener marcha atrás. Lo que ha consistido en una rumorología intermitente durante los últimos años en el archipiélago ha encajado todas sus piezas en un abrir y cerrar de ojos, y todo por el camino de la sordera social. Dicen que tras esta velocidad rotunda a la hora de abrir la veda del negro barril se aprecia un ánimo vengativo contra el ejecutivo autonómico presidido por Paulino Rivero (Coalición Canaria); Soria no disimula su rencor por la ruptura del pacto de gobernabilidad que sustentaba con los nacionalistas en la anterior legislatura para ver como las huestes del paulinato reiteraban su manida estrategia de abrazar al gobierno central, en ese momento en manos socialdemócratas, con el propósito de arañar una relación más sensible para con la Comunidad Autónoma. Esa quiebra de empatía personal y política se agudizó tras las pasadas elecciones locales y autonómicas, en las que el Partido Popular, con el ahora ministro como cabeza de lista, obtuvo la mayoría simple pero sufrió un pacto en cascada entre socialistas y regionalistas para desbancar a la formación conservadora en todas aquellas instituciones en que no gozara de representatividad absoluta.

Esta guerra abierta no para de disparar mensajes envenenados; unos, los que provienen del Ejecutivo central, justifican con argumentos de lo más variopintos la conveniencia y oportunidad del proceso extractivo inmediato, mientras que los emitidos por el entorno del Gobierno de Canarias insisten en la irremediable destrucción del entorno con esta decisión y, por tanto, el riesgo inmediato de ver deteriorada, implacablemente, la principal industria del archipiélago, el turismo. En ese sentido, algunos turoperadores poderosos, como el alemán TUI, ya han advertido su huida inmediata de Canarias en caso de que la industria petrolera pose sus plataformas extractivas a vista de las playas del noreste de Fuerteventura y Lanzarote, algunas dentro de las más valoradas a nivel europeo. Petróleo y turismo no son buenos compañeros de viaje, advierten expertos en la materia, mientras el ministro Soria utiliza argumentos ciertamente exóticos para desterrar esta afirmación, asegurando que en paraísos de sol y playa, como Brasil, ese paisaje está más que asimilado y ambas industrias no se han resentido en sus expectativas económicas. Sea como fuere, resulta incomprensible la estrategia del gobierno canario, no caracterizada precisamente por el respeto al medio ambiente (puertos de Granadilla y Arinaga, tendidos eléctricos aéreos, inexistencia de una apuesta por economías sostenibles y energías renovables, etc.), y que se viene empeñando en los últimos días en hacer las paces con aquellas entidades no gubernamentales que han sido opositores tradicionales de la política autonómica, desentendida con el entorno y víctima de masivas movilizaciones ciudadanas por algunas decisiones controvertidas, con tufillo a interés particular en las mismas. Sin ir más lejos, Paulino Rivero se ha reunido en estos días con responsables de Greenpeace para acordar estrategías comunes a la hora de paralizar el proceso petrolero que resulta inminente, y es todo tan sospechoso. En primer lugar, porque resulta difícil creer que organizaciones con un recorrido en la defensa del ecosistema tan abundante se dejen utilizar de manera notoriamente burda y, para finalizar, porque no se disimula que en la pataleta autonómica hay intereses que nada tienen que ver con el amor a la naturaleza.

Con dos mil millones de barriles por banda, cien mil millones de dólares a toda vela, el crudo depositado en las profundidades norteafricanas no van a reposar su inevitable futuro de refino por mucho tiempo. Se estima que con esa tasación mínima de reservas (que podría aumentar cuando comience la actividad de extracción y añadir bolsas de gas a la cesta de la compra), España cubriría el 10% de sus necesidades diarias de abastecimiento. Lo que queda por sufrir supone el torpedeo de cinismo, demagogia y mascarada para dilucidar quien obtiene mayor rendimiento económico de la negra tarta. El propósito real del Gobierno de Canarias es retroceder el procedimiento reglamentario de concesión para disponer del tiempo suficiente que supone montar una especie de UTE petrolera, un consorcio que asegure rendimientos participativos a la Comunidad Autónoma, negocio de refino a la empresa CEPSA (sin capacidad tecnológica para afrontar las extracciones, pero con una refinería a pleno rendimiento ubicada en Tenerife) y pastel industrial a aquella corporación que se avenga a cumplir el papel de succionador oficial de las profundidades archipielágicas. Soria dice que no hay tiempo, que estamos ante un huevo del que pretenden paladear su cruda yema dos hambrientos comensales, y uno de ellos (Marruecos) ya ha untado el mendrugo; Rivero afirma que, mientras lidere el gobierno de las Islas, no emergerá ni un barril de las profundidades canarias. La negra historia reserva nuevas entregas.

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