Reptando por la Reforma Laboral

Imposible analizarla erguidos y con la espalda tiesa. La letra, en este caso, entra con sangre y vísceras, obligándonos a ingerirla en posición horizontal y sobre gélido mármol. Mármol de otros, evidentemente.

Si algo supone mayor asquerosidad que la redacción en sí del Real Decreto Ley 3/2012 (lo que demuestra su enorme consenso y voluntad de análisis con el resto de formaciones políticas; decretazo al canto y convalidación posterior sin debate y publicidad parlamentaria. Otra mentira más para el saco de los populares en menos de un trimestre de responsabilidad ejecutiva. Y van…), es la terna de contertulios y redactores miserables que no son capaces de salirse del esquema que, vete a saber y sabemos, les ha sido dictado con pelos y punto y coma: que estamos ante una reforma completa y necesaria, que su contenido flexibiliza y hasta mejora la relación entre empleado y empleador a la hora de “negociar” su relación laboral, que allende los mares y los montes la precariedad en la contratación es aún más aguda y ello permite un movimiento del mercado de trabajo más agil, etc, etc. Todas estas invenciones, estos pagos por adelantado, no hacen referencia a la ausencia de elasticidad en los elementos más rígidos y, a su vez, responsables en mayor medida del estancamiento económico del país; por un lado, el sistema financiero nacional se niega a cumplir su objetivo empresarial, esto es, la intermediación en el crédito. No hay más que ver cómo los 45.000 millones de euros destinados a préstamos ICO se han quedado fosilizados mientras los bancos reciben préstamos al 1% de interés con los que especulan en bonos de hasta el 6% de rentabilidad, en lugar de realizar una política crediticia eficaz para familias y pymes, además de otorgar cobertura social a aquellos colectivos estrangulados por sus deudas bancarias. Por otro lado, realzan el latigazo en recortes de derechos ajenos pero obvian los complementos públicos de protección ciudadana frente al desamparo del desempleo. En Inglaterra el despido es barato y sencillo para el empresario, de acuerdo, pero maneja una oficina pública del trabajo ágil y eficaz, en la que la media de recolocación del trabajador se mantiene en dos meses y donde la cobertura económica es alta, mediante la presentación de facturas y su correspondiente abono al parado. En Francia, país que se utiliza como termómetro para nuestros anhelos (Zapatero todavía no olvida su despropósito público acerca de alcanzar en 2007 el PIB del país galo) y envidias (deporte como referencia del status nacional), la indemnización por despido se mantiene en 60 días por año trabajado, no en quince como algunos voceros del capitalismo braman sin vergüenza, aprovechándose de la incultura normativa general. Y así…

Pero entremos en harina de este costal. Ciñámonos a la letra del texto con rango de ley que ha sido aprobado y explicado en una rueda de prensa con enormes lagunas interesadas para producir confusión social y hasta apoyo de un amplio sector de la clase trabajadora educada en el capitalismo voraz que le impide ver siquiera una secuoya en el desierto.

Art. 10, relativo a la movilidad funcional de los trabajadores: El empleado puede ser recolocado en funciones de mayor o menor escala profesional por la abstracta necesidad de razones técnicas u organizativas. Si dichas funciones de superior categoría exceden del plazo de seis meses durante un año, o de ocho durante dos años, el trabajador puede reclamar el ascenso. Claro que el convenio de empresa puede regular lo contrario, y como ahora éste prima sobre el del sector, difícil va a ser que regule esa posibilidad en favor del trabajador.

Art. 11, relativo a la movilidad geográfica: Más subjetividad, que es la guerra del capitalismo. Las empresas que no tengan centros de trabajo móviles o itinerantes sólo podrán trasladar a sus empleados por (¡tachán!) razones técnicas, económicas, organizativas o de producción que lo justifiquen. Vamos, cuando les venga en gana, ya que en el párrafo siguiente define estas razones como cuestiones relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo de la empresa. Le deseamos que usted no esté contratado en una fábrica con sedes allende los mares, porque este cajón de sastre les permite, en caso de necesitar aligerar la plantilla, solicitarle un traslado a miles de kilómetros de su residencia habitual. ¿Qué no le interesa? Tranquilo, ya le ha comentado su tertuliano favorito que esta reforma “flexibiliza” su diálogo con el patrón. El siguiente párrafo del artículo en cuestión regula que, notificado el traslado (diálogo fluido), puede optar por aceptarlo o no. En el segundo caso, extinción contractual, 20 días por año trabajado de indemnización con un máximo de doce mensualidades, y a otra cosa.

Art. 12, relativo a modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo: Uno de los principios básicos de la Ley es su necesaria seguridad jurídica. Así lo entiende el legislador popular al retomar esa concretísima idea de razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, relacionadas con la certeza que impregna los términos competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa para poder unilateralmente modificar la jornada de trabajo, el horario y distribución del tiempo de trabajo o el sistema de remuneración y cuantía salarial, entre otras cosas tan secundarias para aquellos que trabajamos por… por… ¿Por qué trabajamos? debe ser por pasar un rato de ocio junto a nuestro amigo el empresario. Estas modificaciones pueden afectar a las condiciones reconocidas tanto en el contrato de trabajo como en los acuerdos colectivos. Efectivamente, esta reforma impulsa el diálogo entre las partes, la bilateralidad de la relación laboral se refuerza una barbaridad que no veas. Pero no seamos injustos, que el patrono tiene un montón de obligaciones dentro de este artículo, tantos como notificar dicha modificación en el plazo de 15 días. El trabajador, por su parte, esgrimirá su negativa tajante y el artículo le otorga unos derechos que parecen privilegios de nobleza: 20 días por año trabajado…. qué bicoca!

Art. 13, relativo a la suspensión del contrato o reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativa o de producción derivadas de fuerza mayor: Nuevamente, estas condiciones tan concretas son excusa suficiente para que, sea cual sea el tamaño de la empresa y la cantidad de trabajadores afectados, el empleador puede acogerse con un mero aviso con quince días de antelación a la aplicación de la medida. Se puede berrear en un juzgado de lo social, como de costumbre, pero la ley con sangre seguirá entrando hasta el espinazo.

Art. 14, relativo a la negociación colectiva: La madre del cordero. Comienza la modificación del artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores (o cómo se defina ahora el régimen de semiesclavitud) advirtiendo que los convenios colectivos obligan a ambas partes, salvo lo dispuesto en las reformas antes mencionadas (¿Queda alguna obligación por la parte que imaginan?). Sin perjuicio de lo anterior (irónicamente textual), dichos convenios pueden ser inaplicados por esas causas que venimos repitiendo y que deben tener a la cúpula de la CEOE con insomnio perpétuo, en materias tan intrascendentes como la jornada de trabajo, su horario y distribución, el sistema de remuneración y cuantía salarial, el sistema de trabajo y rendimiento, etc. Minucias. El decretador ( que no legislador, ya que emana del poder ejecutivo esta norma pendiente únicamente de convalidación por un grupo parlamentario con mayoría absoluta) se digna en explicar, con su habitual subjetivismo normativo, en qué consisten estas causas tan trágicas para el honrado patrón asfixiado por un mercado laboral que oprime sus desinteresadas expectativas empresariales. Léanlas que a nosotros nos da la risa.

En dicho artículo también se aborda la anunciada reforma acerca de la escala jerárquica de los convenios colectivos. Efectivamente, el artículo 84.2 del Estatuto recoge a partir de ahora la prioridad aplicativa de los convenios de empresa respecto del convenio sectorial estatal precisamente en aquellas partes de la relación laboral mencionadas anteriormente (sueldo, horario, etc.). Si en un entorno de relación económica tan frágil y fragmentado como el actual era complejo poner de acuerdo a un sector productivo, a ver quien es el inconsciente que pierde fuerza en la gran batalla en lugar de optar por la guerra de guerrillas. La victoria final es ahora papel mojado, todo se cuece en la empresa de turno, con la buscada división de la clase trabajadora en busca de su salvación particular, de su pelea calle por calle, sólo y sin munición.

Para otorgar un espacio de reflexión a esta relación laboral tan de iguales, el artículo 86.3 afirma a partir de ahora la necesidad de acuerdo en el plazo de dos años a partir de la pérdida de vigencia de un convenio. En caso contrario, pasa a regularse la relación laboral en base al convenio de ámbito superior, esto es, al sectorial pero… ¿existirán tales acuerdos?

A partir de aquí, y durante el grueso del texto, éste se pone digno y hasta romántico, revisionando las herramientas administrativas y procesales a las que tiene acceso el trabajador para defender sus (ja) derechos si los entiende menoscabados. Claro, las razones económicas, técnicas y organizativas no dejan mucho margen al orgullo laboral. Analizando los artículos en cuestión, la disminución indemnizatoria de 45 a 33 días por año trabajado y su tope de mensualidades de 42 a 24 no parece ya la protagonista trágica de este hundimiento laboral. Total, siempre habrá una razón económica o técnica que eche por tierra su miserable expectativa compensatoria, haciéndole reptar hasta la oficina del INEM más cerca. Aproveche, siempre hay un curso de manipulador de alimentos esperándole.