A kilómetro el barril

A pesar de los bramidos de la balconada derechista, el gobierno estatal ha tomado, en los últimos dos meses, sendas decisiones estratégicas que demuestran una cierta capacidad independiente a la hora de tomar las riendas de las situaciones más acuciantes en lo nacional y en lo internacional.

Cuando, en vísperas del período navideño, el colectivo de controladores aéreos españoles lanzó un órdago dramático al conjunto del sistema productivo, el ejecutivo, apartado el ministro Blanco de la primera línea de la toma de decisiones desde su inicial aparición pública, sacudió la asonada con una respuesta caracterizada por la fortaleza y la implacabilidad. Efectivamente, la aprobación del estado de alarma, una herramienta constitucional que parecía reservada únicamente para situaciones de complicación militar o terrorista interna, situó los puntos sobre las ies y posibilitó la apertura de una negociación entre iguales. Actualmente, a pesar de que los grandes titulares hayan sesteado en relación a este asunto, el conflicto se ha encaminado hacia una transición que regulará las condiciones laborales del colectivo de controladores aéreos dentro de unas pautas de normalización salarial y, sobre todo, de equiparación con respecto a otros sectores productivos de igual o mayor importancia para el conjunto del Estado.

En manos de nuestro agónico fin

El Vicepresidente primero y Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue el encargado de protagonizar ese radical cambio de posición gubernamental, estableciendo pautas contundentes de actuación que impidieran denotar tibieza o debilidad por parte del gobierno estatal. A su vez, como decíamos, utilizó una herramienta innovadora, no por ello útil y razonable, a la hora de sacar del enquiste una situación aparentemente enconada. Ese es precisamente el camino que ha seguido para una situación de diferente naturaleza, aunque sus resultados, consecuencias y, sobre todo, fundamentos, están por determinar.

España ha sido el primer Estado mundial que, en vista de la situación política y humanitaria desparramada a lo largo y ancho del norte de África, ha decidido limitar la velocidad máxima en autopistas y autovías nacionales. Así, a partir del próximo 7 de marzo, los vehículos podrán circular por este tipo de carreteras a 110 km/h como velocidad permitida, en base al argumento económico de reducir gastos en el consumo de combustible. La medida no parece copiada de ningún manual del buen mercantilista internacional, ni asesorada y arropada por los buenos amigos de la especulación capitalista, así que cabe preguntarse si estamos ante un nuevo golpe de mano del ministro-delfín, o si algo intencionado se esconde ante los buenos propósitos ahorradores de nuestra clase dirigente.

Veamos, las compañías eléctricas que operan en territorio español han anunciado y llevado a la práctica, una subida fulminante de sus facturas a comienzos del presente año, escudándose en la sostenibilidad de la red y el encarecimiento de la productividad energética. Dicha energía se produce a costa de bienes de dominio público en su mayor parte, como presas fluviales, pero aún así nos sangran con aumentos desorbitados en los tiempos que corren. Por otro lado, la estructura ferroviaria se está modernizando a la misma velocidad que desaparecen los trenes regionales y de vía estrecha. En lugar de ofrecer alternativas económicas y estructurales a los usuarios que ven como muchos trayectos desaparecen o sus billetes se encarecen, cortan hermosas cintas inaugurales, suben la tarifa, y a otra cosa.

Pero si en Libia las cosas se ponen feas (para Repsol, evidentemente, no para sus nobles habitantes), las medidas urgentes de corte paternalista no tardan en sucederse. No es de extrañar que el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sea el primero de los mandatarios occidentales que haya anunciado su visita a Túnez. España tiene un déficit importador petrolífero, dependiendo en exceso de los acuerdos que en la zona en conflicto mantiene la otrora compañía pública de hidrocarburos. Cuando estábamos discutiendo acerca de la conveniencia de suprimir los límites de velocidad en aquellas vías aptas para ello, como ocurre hace años en Alemania, nos aparece una veloz decisión para proteger nuestro frágiles bolsillos. Aunque la cuenta del supermercado se haya disparado sin remisión, a pesar de que llegar a fin de mes adquiriendo lo indispensable sea para millones de ciudadanos una quimera. Es que nos quejamos de vicio.

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