De las Cajas de Ahorros a los SIP (Sistemas Indisimulados de Privatización)

Sobre la nueva regulación del mercado financiero español se ha escrito hasta la extenuación en los últimos seis meses: sesudos trabajos en medios de comunicación especializados, reflexiones más o menos ligeras en primeras páginas para profanos, análisis económicos sobre cómo debe quedar el mapa financiero del Estado, argumentando supuestos desmanes como jusfificación de un futuro inmodificable y, a la vez, supuestamente necesario, en estudiado paralelismo con el pliegue a los mercados internacionales y a los mandatos de las instituciones comunitarias.

Por lo tanto, sería innecesario volver sobre pasos andados en todas direcciones; la intención es realizar una reflexión acerca de la justicia de lo que está sucediendo y, casi irremediablemente, se concretará a lo largo del presente año. Una reflexión sin datos macroeconómicos ni estadísticas presupuestarias que obliguen a desembocar en una conclusión utilitarista. Es éste un camino que comienza a finales del siglo XIX y que nos tememos va a finalizar a lo largo del presente curso. ¿De qué manera? Sencillamente de la única posible: injustamente, malvendiendo lo que no es de uno, dejando en manos de ese mercado salvador de la patria chica unas estructuras creadas por los individuos, por los asalariados, a precio de saldo.

Sede Central de Caixa Laietana

Las Cajas de ahorros españolas comenzaron su formación, como decíamos, hace más de cien años, apareciendo como instrumentos mutualistas que permitieran la estructuración de ahorro y préstamo entre asalariados, de modo que, solidariamente, pudieran hacer frente a las necesidades de crédito de los miembros, así como asegurar su capacidad de ahorro. De manera similar y en idéntica época comenzaron a surgir las primeras mutualidades de seguros. La idea inicial y que aún hoy se mantiene, al menos en sus estatutos, es bien sencilla: poner en común cantidades pecuniarias excedentes para hacer frente a la necesidad de préstamo o de cobertura de contingencia, en uno u otro caso. Las mutuas de seguro desempeñaron una función primordial en Estados con estructuras de protección social básicas o inexistentes, cubriendo aquellas necesidades derivadas de un accidente de trabajo (asistencia médica, baja laboral, etc.), mientras que las Cajas de Ahorros aseguraban los fondos y, a su vez, hacían fluir el dinero para movilizar la economía local y desarrollar su estructura.

Esos proyectos se concretaron en una suerte intermedia entre comunidades de bienes y fundaciones; absorbe de las primeras la intención de poner algo en común para conseguir un rendimiento, y de las segundas el concepto de entidad sin ánimo de lucro con afán de reinversión de sus beneficios en cuestiones de marcado carácter social. Esta filosofía original también se mantiene en su espíritu, si bien se entiende como un catálogo de principios bienintencionados por encima de su acción real.

Sede Central de CajaCanarias

Sede Central de CajaCanarias

Para entender el discurrir de su realidad jurídica y operativa, tenemos que recordar dos asuntos claves y uno en forma de tiro de gracia en las dos últimas décadas del siglo XX: la trasferencia de capacidad legislativa a las CCAA en lo que respecta a la regulación de las Cajas de Ahorros y la estructura de sus Asambleas y correspondientes órganos de gobierno, permitiendo a ellos el acceso de los cargos públicos de las plazas donde están radicadas (del remate nos ocuparemos más adelante). Ambas situaciones han conducido a la raíz del problema o, en puridad, a la oportunidad justificativa de lo que hoy nos ocupa. En efecto, el abuso en la presencia de la clase política en aquellos foros donde se estructura la política financiera de las entidades de ahorro ha permitido que éstas derivaran en auténticos prestamistas de las corporaciones públicas, dando cobertura a operaciones de dudosa o nula garantía que han venido lastrando la capacidad de dichas entidades, preocupadas en servir a sus responsables y sirviendo como innegables mecenas de campañas electorales. Asimismo, la capacidad legislativa de las asambleas autonómicas ha dejado en las mismas manos el destino de los fondos de las Cajas y su estructura jurídica, sin olvidar su valor más representativo: la organización y el destino de las Obras benéfico-sociales de las entidades de ahorro. Aún así, es fascinante comprobar como, reformando la cobertura legislativa de estos entes de manera disgregada, sin capacidad unificadora desde el Estado central, los desmanes y errores han sido similares y, en ocasiones, misteriosamente coordinados.

Sede Central de Caja Granada

El tiro de gracia no es otro que la pérdida de naturaleza jurídica de las Cajas de Ahorros a partir de la liberalización del mercado financiero; permitiendo a estas entidades operar en el mercado con los mismo parámetros y ofertando la misma gama de productos que a los bancos, se condena a sus dueños originarios a ser beneficiarios de tercera en cuanto a la capacidad de crédito de la entidad. En efecto, las Cajas de Ahorros, hasta hace aproximadamente treinta años no podían ofertar determinados productos y servicios (acciones, productos derivados, etc.), protegiendo de este modo su esencia y separando meridianamente las funciones y el espacio comercial entre Cajas y bancos. Eliminando dicha barrera, unido a los factores anteriormente descritos, sobre todo lo que respecta a la entrada de intereses ajenos a los cuentarrentistas en los órganos de gobierno, las Cajas propusieron una batalla entre desiguales, operando en el mercado a semejanza de bancos y compitiendo en campos hasta ese momento inexplorados, lo que condujo, en muchos casos, a una sobredimensión exponencial de sus estructuras y resultados, con desigual suerte. De esta guerra sin cuartel los bancos se han quejado amargamente, no sin razón: Algunas cajas que han tomado un tamaño relevante en el mercado financiero han realizado operaciones de compraventa de mayorías accionariales en bancos europeos, mientras que éstos no pueden entrar en sus Asambleas y órganos de gobierno, al tratarse de Fundaciones con carácterísticas especiales, pero en todo caso entidades sin ánimo de lucro y, por lo tanto, sin dueños. Esta condición, que choca con las condiciones de libre mercado, es consecuencia de la liberalización del mercado, de exponer al concepto Caja de Ahorro a la ambición especulativa y comercial de muchos directivos que han querido ser banqueros, cuando en realidad eran cajeros. Esas partidas, en muchas ocasiones con la complicidad de algunas Cajas de mayor tamaño con pretensiones indisimuladas, han originado estos resultados. Entidades nacidas con el esfuerzo ahorrativo de multitud de cuentarrentistas asalariados y empresarios locales se verán obligadas a integrarse primero y a despedazarse después. Los SIP son Sistemas Indisimulados de Privatización, no Sistemas Institucionales de Protección, como rezan sus siglas.

Sede Central de Vital Kutxa

Sede Central de Vital Kutxa

La reforma del sistema financiero no esconde que ha tenido que realizar un regate a la realidad jurídica para privatizar por nacionalización liberal, es decir, sin ánimo de poner en manos públicas un bien que crea riqueza colectiva, sino su reverso tenebroso. Al no poder vender lo que no es tuyo, y mucho menos obligar a hacerlo, se ha aprovechado de una situación económica y financiera (la estatal y la de las Cajas de Ahorro) auspiciada por las propias decisiones y acciones surgidas de las modificaciones anteriormente expuestas, y las ha colocado en bandeja de plata para sus benditos mercados. En un tiempo donde nadie discute que es necesario hacer fluir el crédito, preferentemente a las pymes (70% del sector empresarial español) y los trabajadores por cuenta ajena, se desguaza a sus principales promotores. Cuando es necesario el apoyo desinteresado y ágil a proyectos que dinamicen la realidad social, cultural o deportiva, creadores e impulsores eficaces de la economía, así como de su diversificación operativa, las obras sociales quedan en tela de juicio. Y no pasa nada.

Las integraciones de Cajas permiten la trampa, son la única vía: disfrazan de sinergias y mutualizaciones (términos podridos en el ámbito financiero), lo que son prejubilaciones incentivadas a costa de los bolsillos colectivos, pactadas con la Fiscalía, el poder judicial y el Banco de España sin pudor ninguno, en nombre de la reestructuración y eficacia. De nuevas contrataciones, nada de nada. Maquillan de eficacia operativa y organizativa lo que es el fin último de todo este proceso: la aparición de un banco, pero de un banco pequeñito. Primero nos dijeron que era necesario unir Cajas y no entendimos bien a bien por qué; después que la fórmula del SIP era la más adecuada y tampoco lo explicaron con claridad; más adelante, pero con celeridad, esos SIP formaron bancos, cuyo dueños eran las Cajas integradas, sin darnos cuenta de como mejoraría la multiplicación de estructuras la eficacia de concesión de crédito y captación de capitales. Ahora ya se han quitado la máscara, las Cajas se quedarán como exóticas Fundaciones locales, pero sin naturaleza definida ni autonomía conocida, mientrás un buen tajo de la tarta se convierte en acciones, cotizadas en bolsa como no puede ser de otra manera, y a esperar a los mercados salvadores, que raudos llegarán a la pesca de la nueva presa. El problema es que la pieza obtenida no la han capturado en mar abierto, sino en nuestra pecera, a través de una ventana que no recordamos haber dejado abierta.

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