Cuando la ley pierde su imperio

En cualquier Estado de Derecho se cumplen una serie de premisas estructurales, de organización y, por supuesto, filosofico-jurídicas que pretenden asegurar el normal desarrollo de la convivencia social, así como el desarrollo individual y colectivo en cualquier ámbito. En primera línea, si no directamente en la cabeza de la clasificación, se encuentra un concepto básico del parlamentarismo constitucional: el imperio de la ley que, por lo tanto y explicitamente, comporta que ésta deba ser general, no atendiendo situaciones puntuales ni particulares, así como evitando su enfoque individualizado ni segmentado. Por desgracia, la ley 6/2002, más conocida como ley de partidos, se saltó como un canguro hormonado esta premisa consagrada en nuestro sistema jurídico, y diseñó, con la connivencia de los dos grandes partidos nacionales (o uno, con dos sedes y dos colores, no lo tenemos claro) un instrumento que asegurara la no participación en la vida electoral nacional no ya de un partido político, sino de un espectro concreto de electores.

En efecto, la citada reglamentación electoral se aseguró la imposibilidad de participación en cualquier comicio de cerca de un 15-20% de la población de la CCAA de Euskadi, sabedores de la ausencia de alternativas dentro de los colores del arco iris en que se manejan sus postulados. Las tímidas pretensiones de captar ese voto prohibido por parte de Eusko Alkartasuna o Aralar no han cuajado, como lo demuestran los procesos electorales siguientes, desde la aparición de la ley hasta nuestros días. Prohibir a las ideas tiene ese resultado, no por ello denostado desde los impulsores de la ley: eliminar el sufragio activo de cerca de 300.000 ciudadanos como chantaje o herramienta de negociación en un proceso armado, en un conflicto que trasciende lo político. Nadie en su sano juicio puede imaginar que una cantidad así de individuos sean terroristas potenciales, o estén prestos a engrosar las filas de un grupo armado sin son requeridos para ello. La inmensa mayoría electoral de la izquierda abertzale persigue propósitos planteables en un sistema democrático: un Estado independiente, mediante un proceso consultivo y constituyente, así como la defensa de determinados conceptos políticos e ideológicos.

Logotipo de Sortu, nueva marca de la izquierda abertzale, con la que pretende concurrir a los próximos comicios autonómicos y locales.

Esa herramienta perversa ha impedido concurrir a cualquiera de las marcas electorales que la izquierda abertzale ha presentado, independientemente del contenido de sus respectivos estatutos y principios políticos: Tanto el PP como el PSOE únicamente han estado preocupados en un hecho tan tramposo e insustancial como obligar a sus representantes a condenar explicitamente el terrorismo, sin asegurar ninguna contraprestación a cambio, todo muy al estilo de la persecución de la herejía en otros tiempos: se anima a reconocer la brujería, y cuando ésto ocurre para evitar la hoguera, los troncos siguen ardiendo de igual manera.

A pesar de esa ausencia de generalidad en la referida ley, la izquierda vasca se ha obstinado en cumplir y respetar dicha norma, cumpliendo los requisitos exigidos para ser elegible. De este modo, para los comicios locales y autonómicos de mayo han presentado su nueva campaña bajo la denominación Sortu (nacer, en euskera), con unos estatutos más impecables en lo democrático que la de cualquier asociación política que se precie de tal calificativo. Evidentemente, a nadie se le escapa que su legalización o no se dilucidará en los despachos políticos, no en los juzgados, a tenor de los avances que se vayan sucediendo en el proceso de abandono de las armas por parte de ETA. Sea como fuere, confiemos que esta mancha que gotea y salpica nuestro sistema jurídico sea purificada lo antes posible, a pesar de que por el camino haya dejado un surco de ocho años de indignidad democrática justificada, una vez más, en que contra el terrorismo vale todo.

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